La llave del éxito de las plataformas en Estados Unidos
Solemos aceptar como evidente el hecho de que Google, Facebook o Uber serían las encarnaciones de esos modelos “disruptivos”, que funcionan a base de innovación.
El éxito de las empresas de Silicon Valley sería el resultado del mercado que se dejó en libertad para que liberaran la innovación. Y normalmente se las contrapone a las empresas “tradicionales”, que se atarían a modelos de negocios ya superados y reclamarían protección contra los rigores del libre mercado. No obstante, el dinamismo tan celebrado que emana de Silicon Valley no radica únicamente en su predilección innata por el riesgo y la innovación.
Una parte del éxito de las empresas que desarrollaron plataformas en la web deriva de un estatuto jurídico preferencial otorgado en los años noventa por los legisladores norteamericanos1. Se trata de un estatuto del que no se beneficiaron las empresas europeas, asiáticas ni canadienses. Un estatuto que vale por sí solo muchas ganancias.
¿Qué es el data mining?
En inglés, se dice que el equipo de Facebook hace data mining con los datos de los usuarios de su sistema, es decir, la extracción o la exploración de datos, la prospección y la extracción en masa de datos personales (big data), o aun la extracción de conocimientos a partir de esos datos. El data mining tiene por objeto crear conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos, de crear algoritmos capaces de determinar el comportamiento de las empresas y de los individuos llamados a realizar una cierta acción compleja. Se puede apreciar la metáfora minera, porque ella muestra pertinentemente que los big data constituyen una riqueza natural (que teóricamente pertenece a todos y a nadie), como el agua, el aire, el petróleo, el carbón, etcétera, y cuyos únicos costos dependen, en general, de los trabajos de exploración y de prospección, puesto que no se paga la materia prima. Esto fue considerado así hasta hace poco tiempo, esto es, hasta que nuestra conciencia ecológica nos demostró que todas las riquezas naturales a la larga se agotan y que es imperioso que moderemos nuestros apetitos prevaricadores. Entonces los Estados crearon impuestos verdes, tasas de carbono, fondos generacionales, y decidieron actuar colectivamente para proteger esas riquezas naturales estableciendo reglas en los grandes foros como la COP21 (y las otras que seguirán, puesto que la COP24 en el 2018 es la última a la fecha), o reuniones del G7, del G14 o del G20, gracias a organismos multilaterales como la Comisión Europea, la OCDE o la UNESCO, entre otros. En el caso de la ecología, recién se comienza a encontrar algunas soluciones para enmarcar o regular la fortuna y las prácticas de las gigantes mineras o petroleras.
Cuando se trata de grandes proveedores como las GAFAM, basta con ver el capital de Bill Gates, de Jeff Bezos o de Mark Zuckerberg para comprender el poder del capitalismo cognitivo e inmaterial de hoy con respecto al capitalismo industrial de producción, que opera sin límites ni regulaciones, únicamente con las reglas del mercado. Es imperioso reconocer que el ciberespacio está constituido por ciudadanos, y no solo por “consumidores” que consienten, dice Pierre Trudel (13 de marzo del 2018). Por más que Zuckerberg lloriquee delante del Congreso americano y se excuse mil veces, la cosa no funciona, puesto que es su business model. Él hace su fortuna explotando a millones de usuarios mediante su sistema de Facebook; vende su clientela (y la necesidad insaciable de comunicación social de los usuarios) y sus datos a quien quiera explotarlos. En una palabra, tiene entre sus manos una máquina de hacer dinero.
¿Google o Amazon son hegemónicas? “Google y todas las GAFAM se convirtieron, a partir del desarrollo generalizado de internet desde 1995, en los verdaderos bienes de capital de la inteligencia colectiva. ¿Por qué en bienes de capital? Porque permiten producir intangibles, bienes inmateriales” (Moulier Boutang y Rebiscoul, 2009). Más allá del foro social, cuyos beneficios pueden parecer fútiles, nuestros datos son esenciales para el progreso de la medicina, para el funcionamiento del transporte, para la difusión de la información, para la investigación y la educación, para mejorar el comercio y la circulación de productos y servicios, pero también para modelar y organizar la venta y la distribución de productos inmateriales, como la música, la información, la cultura, etcétera.
¿Debemos repensar el estatuto de internet?
“¿Hay que estatizar Google o googlizar el Estado? ¿Google implanta un servicio común privado o un servicio público no estatal?”. Estas son las preguntas que se plantean Moulier Boutang y Rebiscoul (2009). En el siglo XIX, los bienes colectivos que crearon valor (y riqueza) fueron el descubrimiento y la explotación de la energía fósil, eléctrica y luego petrolera; en la segunda mitad del siglo XX, fueron la informática, internet y los big data, impulsados por la inteligencia artificial. ¿Por qué los grandes ecosistemas y las plataformas de servicios deberían escapar a la regulación política de los Estados? Un régimen jurídico cuasi ausente provoca infaliblemente accidentes (como el del escándalo de Facebook-Cambridge Analytica), que producen desequilibrios cuyos perjuicios se intentará mal que bien reparar. Pero el gusano no está aún en la manzana, ¡y no nos referimos solamente a Apple!
“El principio de independencia de un Estado solo podrá afirmarse en el ciberespacio si se repiensa internet. Entre la protección de los datos personales y la lucha contra las ciberamenazas, los Estados tienen dificultades para definir las estrategias de equilibrio”, analizan Imbert-Vier y Muller Feuga (3 de diciembre del 2018). Para la Unión Europea, internet es un espacio neutro y sin fronteras, cuando en realidad está administrado por la ICANN2 americana, y más aún: una de las primeras intenciones de la administración de Trump era abolir la neutralidad de la red en junio del 2018 (lo que implica como consecuencia permitir a grandes ecosistemas como las GAFAM tener prioridad sobre la difusión del contenido en internet). El ciberespacio cuenta con un sesgo esencialmente americano. Políticamente hablando, la protección de las informaciones sensibles se vuelve imposible para los Estados, así como mantener su soberanía frente a las intrusiones de las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) americanas, y en lo sucesivo de las BATHX (Baitu, Alibaba, Tencent, Huawei y Xiaomi) chinas. La venta de equipos de telecomunicaciones por parte de la compañía china Huawei es el primer caso de guerra comercial declarada entre chinos y americanos, por la venta de la infraestructura de equipamiento de las nuevas redes de telecomunicación 5G en Occidente, susceptibles de convertirse en puertas abiertas para el espionaje industrial. Los americanos quieren prohibir a sus compañías nacionales equipar sus redes con infraestructura de Huawei, lo que ya hicieron Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte, Estados Unidos pidió a Canadá que retuviera en la frontera de Vancouver a Meng Wanzhou, la directora financiera e hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, antiguo miembro del ejército chino. Posteriormente, los americanos solicitaron oficialmente a Canadá la extradición de la señora Meng. A guisa de represalia diplomática, China retiene como rehenes a dos diplomáticos canadienses. A mediados del 2019, el asunto está aún irresuelto.
Los datos personales, bienes “comunes”
Profundicemos en el tema con ayuda de la economista Joëlle Farchy, quien estima, en una columna de Le Monde (3 de diciembre del 2018), que los datos digitales, privados y de interés general simultáneamente, deben ser administrados bajo el régimen de los “bienes comunes”, definidos por la economista americana Elinor Ostrom. Como es sabido, la politóloga y economista Ostrom, premio nobel de Economía en el 2009, conocida principalmente por sus trabajos sobre la administración colectiva de los bienes comunes, definió varias clases de bienes colectivos.