Los detenidos denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil en los interrogatorios. Marcelo Otamendi relataba así lo sucedido:
Ejercicios físicos interminables, hasta reventar, hasta caerme y perder el aliento, flexiones, amenazas, insultos… y la bolsa, dos veces. Me advirtieron que era como un tren: que tenía la oportunidad de bajarme en la primera estación, porque así sufriría menos, «porque aquí todos acaban cantando». A mí no me machacaron como hicieron con Juan Mari Torrealdai. Todo era gradual: al principio me obligaron a estar de pie, luego, a tener las piernas de pie, pero agachado de cintura para abajo… así me tuvieron tres horas […] También había insultos de tipo sexual: «Ponte así, que sabemos que te gusta así…». Mientras estaba desnudo me metieron un plástico por el ano […] Salí de allí con los ojos vendados, y a los 30 minutos vinieron más guardias civiles al calabozo, me sacaron a rastras, me tumbaron, y me dijeron: «Si le vuelves a contar algo al forense, te pegamos un tiro»[17].
En el año 2006, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió el archivo del caso Egunkaria al no encontrar vinculación entre el periódico y ETA, «una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada […] y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa»[18]. El 12 de abril de 2010 la Audiencia Nacional absolvió a los acusados en una dura sentencia contra el juez Del Olmo:
La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación […] injerencia en la libertad de prensa. Primero se decidió cuál fue la conclusión de la que se predica sin base, que es indiscutible, y luego se buscan las señales, vestigios e indicios, y por último, se rechaza cualquier sentido de estos que no apoye la conclusión […] Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables[19].
El caso Egunkaria, por el que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado por no investigar las torturas denunciadas por los detenidos, es el reverso paradigmático de una lucha antiterrorista que saltó en más de una ocasión las barreras de las propias leyes que decía salvaguardar y que hasta bien entrado el siglo XXI activó un debate en la sociedad española sobre los límites que el sistema judicial, policial y político se había marcado para luchar contra ETA.
El 5 de septiembre de 2010 la banda envió un comunicado en vídeo a la BBC donde expresaba el cese de las «acciones armadas ofensivas»[20]. Algo más de un año después, el 20 de octubre de 2011, llegó el momento que había parecido imposible por décadas: ETA anunciaba el fin definitivo de su actividad armada, dejando una nómina de 829 asesinatos y 84 secuestros desde el inicio de sus actividades en plena dictadura franquista, en julio de 1959.
Aunque, como comentábamos párrafos atrás, fueron múltiples factores los que acabaron con la banda terrorista –la presión jurídico-policial, el surgimiento del terrorismo yihadista, el cambio tecnológico en las medidas de control–, es obvio que la actividad política entre bambalinas, sobre todo por parte de miembros de la izquierda abertzale y del Partido Socialista de Euskadi, consiguieron crear las condiciones que hacían inasumible un atentado más por parte del grupo armado. En este sentido, a modo de ejemplo, en 2019 el expresidente Zapatero reconoció que «para la historia, para la verdad, Otegi fue un político decisivo»[21].
El fin de ETA fue, sin duda, una de las grandes victorias de José Luis Rodríguez Zapatero, que, sin embargo, quedó opacada por el asfixiante ambiente de la crisis. La situación de indeterminación y casi angustia que vivía la sociedad española hicieron que tal acontecimiento histórico no se valorara lo suficiente, atribuyéndolo a poco más que una consecuencia ineludible del devenir histórico. Algún día, quizá todavía falte una década, alguien tendrá que reconocer a las personas que, jugándose mucho más que su carrera política, se saltaron convenciones y hechos consumados e imaginaron el fin de la violencia terrorista. La historia suele ser injusta cuando se acomoda en lo que cree inercia cuando más bien se trata de una dirección pensada precisamente en contra de esa inercia, mezquina, que tan buenos réditos dio a los que vivían de la división y el enfrentamiento.
Paradójicamente, ese mismo año otro conflicto territorial tomó una nueva dirección al sentenciar el Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006 tras un referendo por los ciudadanos de esa comunidad y los parlamentos autonómico y central. El Partido Popular interpuso en ese mismo año un recurso de inconstitucionalidad respecto al nuevo texto catalán en el que denunció como inconstitucionales 128 de los 223 artículos que conformaban la nueva ley. Los populares declararon en 2006 que el Estatuto:
Ha generado un gran problema de inseguridad, de división y de ruptura del modelo constitucional […] está configurado como una Constitución paralela […] por su ínfima calidad jurídica, generará numerosos conflictos […] privilegia a Cataluña y sienta las bases de un modelo confederal asimétrico desde el punto de vista constitucional […] no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía y, por tanto, fundamento de la Constitución misma[22].
Las leyes y su interpretación por parte de los tribunales son mucho menos neutras y estables de lo que a los juristas les gustaría reconocer. Aunque siempre se presume la independencia judicial del poder político, los jueces son permeables a su contexto, a la correlación de fuerzas que en ese momento impregna la sociedad. Lo que en un momento determinado hace de una ley o un suceso susceptible de juicio algo inaceptable, unos años después puede ser considerado aceptable bajo el amparo del mismo ordenamiento jurídico. Basta con buscar con especial insistencia tal jurisprudencia, mirar para otro lado con el significado ambiguo de un artículo o bien forzar la literalidad de un pasaje que realmente nunca fue pensado para tal fin.
Por otro lado, las acciones de los políticos tampoco expresan siempre los principios por los que dicen ir dirigidas. En nuestro caso, el PP de Rajoy ya había empezado a ser cuestionado por los sectores más radicales de la derecha española al no sumarse a la demencial teoría de la conspiración, que medios como El Mundo dirigido por Pedro J. Ramírez, desarrollaron tras el atentado del 11M. En 2008, de hecho, los sectores aznaristas, los afines a Esperanza Aguirre y los situados cerca de los púlpitos mediáticos de Jiménez Losantos, lanzaron un embate contra Rajoy, tras perder sus segundas elecciones, que a punto estuvo de costarle el cargo. La política del Partido Popular hasta la llegada de la crisis, al coincidir con el Gobierno Zapatero en su tolerancia hacia la especulación inmobiliaria, consistió en una exageración de su radicalidad oponiéndose de boquilla a leyes como la del matrimonio homosexual y el aborto, mandando a algunos secundarios a las manifestaciones, pero manteniendo una postura ambigua en el Parlamento. La cuestión nacional tampoco quedó exenta de esta estrategia, destinada en último término a frenar las aspiraciones de los sectores más reaccionarios del PP por volver a controlarlo. Fueron los años de las recogidas de firmas y los