También en relación con Brasil, estudios de centros de pensamiento sobre criminalidad en Latinoamérica llaman la atención sobre las nuevas dinámicas de los grupos colombianos que se ponen a tono con el contexto del movimiento de cocaína a escala global. Una de ellas se relaciona con la producción ilegal de coca y su transformación en Bolivia para producir cocaína en conexión con Brasil. De acuerdo con Insight Crime:
Hoy en día, el crimen organizado transnacional (COT) colombiano está produciendo cocaína de alta pureza en Bolivia y la está enviando a Brasil y Argentina, donde se vende una parte de la droga y el resto es transportada hacia Europa o Asia. Los colombianos siguen siendo los pioneros en el tráfico internacional de drogas, y la lógica actual del negocio indica que el mercado de Estados Unidos ya no es tan rentable para ellos, pues ahora está dominado por los mexicanos, quienes ganan la porción más grande del tráfico de un kilo de cocaína. Lo anterior hace de Bolivia infinitamente más atractiva para el COT colombiano.22
La cuarta y última consiste en que se ha detectado un crecimiento de las áreas cocaleras en la frontera con Perú; en primer lugar, en la zona alta y media del río Putumayo, donde se da una interacción entre mano de obra colombiana en la faja de frontera entre el río Napo y el Putumayo (figura 6).
Figura 6. Mapa de cultivos de hoja de coca para fines de cocaína en frontera colombo-peruana, 2011
Fuente: Policía de Perú, “Análisis situacional del narcotráfico. Una perspectiva policial” Comunidad de Policías de América (Ameripol), 2013.
Por otro lado, se da una dinámica de crecimiento de cultivos de coca y su transformación en PBC y cocaína que usa la zona del trapecio amazónico. En detalle, se puede observar esta tendencia en la figura 7.
Esta producción contiene una infraestructura de servicios óptima, con laboratorios de cristalización entre Caballococha y Tabatinga, la cual circula aprovechando las características de la oferta de vías de navegación fluvial y la infraestructura aeroportuaria que ya hemos reseñado en la primera modalidad de relacionamiento con la frontera brasilera; esta permite los aprestamientos tanto para la exportación internacional como para el suministro de los mercados de consumo interno.
Figura 7. Mapa de cultivos de coca en la zona de frontera Perú-Colombia (trapecio amazónico)
Fuente: Policía Nacional de Perú (PNP).
La narrativa que reduce el tema del narcotráfico colombiano al contexto del mercado de Estados Unidos, donde se ha venido elaborando una imagen asociada con una relación casi de subordinación, por medio del suministro de materia prima o cocaína a grupos mexicanos, es simplificadora y errática. Como se ha observado, el mercado mundial de la cocaína abarca más que Estados Unidos y tiene una gran complejidad en su reconfiguración en términos de rutas, redireccionamientos, seguridad y arreglos entre grupos organizados. El carácter problemático de esa narrativa se deriva de las consecuencias políticas importantes que acarrea, una de las cuales es el encubrimiento del papel proactivo y la fortaleza que muestra el crimen organizado dedicado al contrabando de cocaína.
Esta narrativa alimenta el discurso afirmativo de la guerra contra las drogas, al crear el imaginario de que el narcotráfico estaría en un franco repliegue debido al éxito alcanzado por una supuesta aplicación de la ley. Adicionalmente, ese discurso tiende a negar las especificidades, lo singular, las diferencias y los entrelazamientos complejos del fenómeno de las drogas. Desde el punto de vista de las decisiones, ofrece la seguridad de que sus acciones son correctas y, de este modo, posee y divulga una conciencia tranquila.
La desaparición artificiosa del narcotráfico transnacional colombiano o su reducción engañosa como simple suministrador de sustancias para un mercado local en las principales ciudades del país, conduce a que la misma Fiscalía General de la Nación (FGN), el órgano judicial competente en Colombia para liderar las investigaciones sobre el tema, carezca prácticamente de unidades de investigación transnacional del calado y cobertura requeridas, a la vez que su accionar se reduce entonces a enfrentar un problema de “amenaza doméstica” centrado en los centros urbanos. En uno de los pocos pronunciamientos sobre el tema, el entonces fiscal Néstor H. Martínez señaló:
[…] el panorama se hace más desalentador cuando se advierte que los mercados de exportación tradicionales para la droga colombiana han disminuido o, cuando menos, han estabilizado sus tasas per capita de consumo. Porque en estos términos, la ecuación se hace cada vez más perversa: aumenta la producción nacional de sustancias psicoactivas, se consume menos en el exterior (sic) y en consecuencia aumentan los inventarios de marihuana y de coca que quedan para el consumo doméstico. Y ahí está el problema.23
Ese tipo de diagnósticos conlleva consecuencias en cuanto a las acciones de investigación y ejecución de la política, hoy en desbalance frente al contexto transnacional pues se priorizan en función de un sobredimensionamiento del tráfico en el ámbito nacional, acompasadas con las miradas simplistas por parte de quienes han observado a Colombia solo desde la perspectiva del mercado de drogas de Estados Unidos.
Agregado a la pérdida de corporeidad del crimen organizado transnacional colombiano24, la presencia del narcotráfico suele asociarse a la existencia de cultivos de uso ilícito, en consecuencia se alientan las cruzadas de erradicación forzosa, que incluyen reclamos de retorno de las fumigaciones aéreas, como lo hace la actual FGN, o se exalta la medición del éxito de la política, incluyendo la sustitución de cultivos a la reducción de áreas de hoja de coca. Mientras tanto, el narcotráfico, como hemos visto, exhibe una fortaleza que se deriva de su capacidad de integración a las nuevas tendencias de los mercados internacionales.
En síntesis, Colombia carece de una política criminal integral contra el narcotráfico capaz de dar cuenta de las nuevas tendencias globales, de la capacidad de incidencia sobre la institucionalidad para favorecer sus intereses privados, del uso de la infraestructura del comercio legal para garantizar sus exportaciones, del lavado de activos, pero también una política que dé cuenta del uso adecuado de los ingentes recursos incautados25.
El tema trasciende políticamente en la perspectiva de construcción de paz en Colombia, teniendo en cuenta que el narcotráfico ha sido el principal financiador de la guerra interna, tanto para beneficio de grupos paramilitares como para las guerrillas. El reto del control territorial de zonas con trayectoria de economías y órdenes ilegales por parte del Estado sigue siendo deficitario. Como parte del Acuerdo para el fin del Conflicto, se estableció la concentración de las FARC en zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) lo que implicó el abandono de las FARC de zonas productoras, de transformación y acopio de drogas bajo su influencia por razón de la rebelión. Dada la ausencia de una estrategia de seguridad estatal para estos territorios, se produjo el rápido copamiento de aquellas áreas por parte de estructuras de seguridad del narcotráfico y otras organizaciones que sacan partido de la zona gris en los precarios límites entre legalidad e ilegalidad. De cara al panorama presentado, el nuevo contexto armoniza con la vigencia de un mercado