• Para facilitar el impacto de los fines estratégicos del modelo, se crearon 38 centros de desarrollo ubicados en sitios clave dentro de las zonas por recuperar y desarrollar. Estos centros y en general la estrategia estuvo coordinada con instancias e institutos especializados en desarrollo rural (institutos de riego, cosecha y manejo de poscosecha, centros de acopio, administración y manejo contable, comercialización, entre otros). En el proceso investigativo, el involucramiento permanente de las universidades y centros especializados, principalmente en las regiones, ha sido fundamental.
• Existe un elemento de orden estratégico alrededor del cual han girado los diferentes aportes de la cooperación internacional: para el Proyecto Real, la erradicación del opio no fue el aspecto principal ni una condición previa a la intervención en las zonas productoras, sino que se diseñó para que ese desenlace fuera el resultado de la creación de condiciones que permitieran la sostenibilidad del proceso. Todos los esfuerzos se inscribieron en este propósito, de modo que cuando se creó el soporte ambiental, productivo y de comercialización, los productores arrancaron o abandonaron la producción de opio y se involucraron dentro de la estrategia haciéndola suya, aspecto que se promovió desde el desarrollo de procesos de orden social y económicos, como el acceso a la salud, la generación de una infraestructura para la comercialización y el desplazamiento de la población, y el acceso a la educación —no solo básica, sino técnica y universitaria— volcada a promover procesos de investigación para fortalecer las dinámicas regionales. Con paciencia, planearon un programa que lograría en un lapso de entre cuatro y cinco años el abandono de los cultivos ilícitos de opio.
• El enfoque de todo el esfuerzo tailandés en materia de alternativas frente a la dependencia de la economía ilegal de las drogas no se centró en la búsqueda de “productos estrella” capaces de competir con el opio, sino que prevaleció un enfoque de mejora en la calidad de vida (livelihood), lo cual soporta la integralidad del proceso y la adaptación permanente de la investigación sobre productos y su comercialización asegurada, que hoy suman más de 150 variedades, amén de actividades no agropecuarias, que para algunas localidades se ha convertido en opción de vida, como la joyería, los bordados, las artesanías de alta calidad y el turismo, con iniciativas que no rompen los logros en materia ambiental. Este mismo enfoque (livelihood) ha venido siendo propuesto por investigadores conocedores en profundidad del caso del opio en Afganistán29. En general, los productos —solo los de origen agrícola— que han sido adaptados a la sostenibilidad del proceso se inscriben en una variedad de especies de árboles frutales, vegetales, flores, cereales, yerbas de diferentes usos, granos, tés, plantas para reforestación, cafés.
• Incluso situaciones complejas, como la presencia de migrantes birmanos en la frontera en Chian Mai que cultivaban opio y convertían el asunto en un problema se seguridad nacional, pudieron ser manejadas exitosamente con políticas de acceso a la tierra, por medio de su compra y posterior entrega para uso (comodatos), acompañados de la instalación de un centro de desarrollo, con un manejo integral de investigación, incluyendo manejo de poscosechas y comercialización asegurada; así, se combinaba la producción especializada de hortalizas, con procesos de optimización en su manejo para el acceso a mercados internacionales.
El éxito del programa se replica en otras áreas de economías campesinas, con el fin de incidir en los indicadores de mejora en la calidad de vida, más que reducir la meta a un problema solo de ingresos monetarios.
Como resultado, Tailandia logró reducir los niveles de deforestación, preservó ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad del proceso, bajó al mínimo la producción de opio y logró afirmar un sentido de pertenencia de sus habitantes de zonas que se mantuvieron muy apartadas de las políticas de desarrollo.
A modo de síntesis, del proceso en Tailandia se puede observar la siguiente afirmación:
El rey Bhumibol se dio cuenta [de] que el opio estaba incrementándose principalmente por la extrema pobreza de los campesinos y que la generación de mejores alternativas podría erradicar más efectivamente el opio que lo que lograba el ejército o la policía.30
Reteniendo esta estrategia validada como tipo ideal, volvamos al caso colombiano para contrastar algunos elementos clave.
Variaciones de la política de desarrollo alternativo en Colombia en el marco de los diálogos de paz
Con el diálogo para el fin del conflicto se identificaron algunos problemas clave y vacíos conceptuales que aparecen en la historia del DA. Más allá de criminalizar a los productores, se buscó superar el problema socioeconómico que subyace en la alta dependencia de algunas regiones frente a la economía ilegal de la coca. No obstante, estas pretensiones entran en dinámicas muy problemáticas, en primer lugar, por la estructura institucional de implementación prevista y que terminó reproduciendo los viejos modelos Estado-céntricos y centralistas, por medio de la creación de una instancia que asumió la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)31. Si bien el decreto de creación del PNIS demandó un tratamiento de la estrategia de sustitución como política de Estado, en la realidad de hoy, con el gobierno Duque, se ha buscado modificar esa estructura para volverla una vez más una política de gobierno.
Es decir, Colombia hoy no logra crear una política estatal frente a los cultivos de uso ilícito que garantice procesos de mediano y largo plazo de la forma en que se observó en la política de Tailandia. Los vaivenes políticos de cada cuatro años golpean seriamente las posibilidades de establecer una institucionalidad sólida y competente.
En segundo lugar, y como consecuencia del reconocimiento socioeconómico y político en el problema de los cultivos de uso ilícito, los acuerdos para el fin del conflicto acertaron en establecer un vínculo entre la creación subsidiaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) como componente de una reforma rural integral (RRI) (punto 1 de los acuerdos). Sin duda, la mayor contribución de la nueva caracterización que se incorporó en los acuerdos es el reconocimiento de estar frente a un problema que se deriva de una estructura agraria que, como también lo señala la Misión para la Transformación del Campo, se caracteriza por la excesiva concentración de la tierra, lo cual se convierte en fuente constante de conflictos, muchos de ellos asociados con la expansión de la frontera agraria; esto, a su vez, sigue generando serios problemas ambientales, tanto por la deforestación a la cual ha dado lugar a lo largo y ancho del territorio, como por la ocupación productiva de zonas altas ambientalmente críticas, como los páramos.
Al mismo tiempo, el largo conflicto interno con organizaciones guerrilleras se agudizó en períodos más recientes por la expansión del paramilitarismo y su fuerte presencia en la vida política en varias regiones, así como por el narcotráfico, que ha financiado y creado nuevas formas de violencia que se han traducido en el despojo de tierras, tanto para beneficio de esas estructuras, como para la élite tradicional con dominio regional e incidencia política nacional. Todo este escenario ha profundizado la brecha social, económica y política entre diversos territorios, entre la ciudad y el campo, lo que ha generado exclusión y marginalidad, incluyendo a la mujer rural32. Sin embargo, la complejidad en la implementación de ese reconocimiento conceptual es gigantesca.
Por un lado, la apuesta tiene dificultades políticas en el marco de la normatividad para la implementación del Acuerdo, en el que se dilata lo pertinente a la RRI y el trato penal diferencial a productores. Al ser considerado el PNIS como un capítulo de la RRI, en la práctica el accionar del PNIS quedó estructuralmente limitado, dado el poder del sector de la élite que históricamente ha sido renuente a negociar políticas modernizantes para el agro colombiano, y que centraliza la acumulación y concentración de la propiedad de la tierra, situación agravada en los últimos años.
En términos del índice de Gini (medida que va de 0,0 o igualdad absoluta, hasta 1,0 donde un solo propietario posee todo el activo), en las 1.409.193 unidades de producción agrícola del censo de 2015, el Gini resultó ser de 0,902,