En virtud de lo anterior, se puede establecer de manera clara el vínculo entre la novel propuesta y los estudios del desarrollo. Y es que el desarrollo, entendido de la manera habitual —esto es, con el énfasis puesto en la acumulación de capital y en las relaciones sociales de consumo y de producción a las que da lugar—, ha tenido importantes consecuencias ambientales al incidir directamente en la manera en que se conciben y gestionan los recursos naturales y ecosistemas. Es decir, la dinámica de desarrollo actual ha contribuido “a la transformación, degradación y al conflicto ambiental” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.621). Ha favorecido además a unos cuantos a costa de muchos otros, debido a que el mal manejo y la explotación desmedida de recursos naturales y ecosistemas facilitada por el “desarrollo” de los estados y por la “integración de los mercados regional y global” ha generado marginación y pobreza (Robbins, 2012, p.21). En consecuencia, se busca generar una “relación alternativa no–capitalista entre naturaleza y sociedad” para cambiar la “geografía de producción y consumo” y crear una nueva gobernanza ambiental (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, pp. 625–626).
Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en el trabajo de Svampa (2012), cuando al hablar del llamado “giro ecoterritorial” argumenta, a grandes rasgos, en favor de la construcción de una alternativa de desarrollo a partir de una nueva institucionalidad ambiental que conjugue los discursos comunitarios y ambientalistas, al tiempo que se defienda el territorio y los intereses de los grupos marginados de la sociedad. Por su parte, la propuesta ecuatoriana en torno a “Los Derechos de la Naturaleza” y la idea del “Buen Vivir” que, como proyecto colectivo han permeado de manera importante en Ecuador y Bolivia, también constituyen intentos valiosos que asumen una postura crítica a la teoría del desarrollo y buscan en la práctica nuevos modos para interactuar con la naturaleza (Escobar, 2012).
Así pues, un pequeño pero importante avance en la dirección señalada consiste en acudir al llamado que se hace desde la EP. Ahora bien, aceptar este significa reconocer, siguiendo nuevamente la revisión que hace Calderón–Contreras del trabajo de Robbins, tres principios fundamentales, a saber: (1) “que la conservación y el manejo de los recursos naturales involucran a una multiplicidad de actores con sus propias percepciones y perspectivas”; (2) que los problemas relacionados con la base material de la sociedad, y que condicionan su porvenir, tienen que ver tanto con “fallas en la implementación de políticas públicas”, como con una dinámica política y económica a nivel global que incide en éstos; y por todo lo dicho anteriormente, (3) existe una urgente necesidad de cambiar la “forma en que se concibe la economía política local y global”; o, dicho de otra forma, las instituciones y las prácticas mediante las cuales se han buscado el desarrollo local y global (Calderón–Contreras, 2013, pp. 567–568).
Partiendo de lo antes expuesto, el investigador que atiende al llamado de este novel campo de investigación requiere comprometerse teórica, metodológica y de manera política. De hecho, para Gavin Bridge, James McCarthy y Tom Perreault son estos compromisos, y no los objetos de estudio, los que dan coherencia al disconforme ámbito de la EP y a los trabajos que desde ahí se producen (2015).
En términos teóricos, la EP se asocia estrechamente con la teoría crítica y es influenciada por el postestructuralismo y el postcolonialismo, lo que tiene implicaciones importantes para el investigador. Primero, como ya se dijo, el ecologista político es, por esencia, un crítico del “establishment”. En segundo lugar, el nexo con las perspectivas “post” significa, de facto, un “rechazo de los enfoques positivistas hacia las relaciones sociales y la ciencia ambiental” (Bridge, McCarthy & Perreault, p.7), así como la no aceptación en cuanto al empleo de conceptos reificados. Se reconoce entonces que los conceptos como el desarrollo son “creaciones políticas fluidas” que no deben darse por sentado y pueden trasformarse mediante la actuación del agente que les da sentido con sus discursos y prácticas (p.623). En tercer lugar, el hecho de que la EP haya surgido del “encuentro entre el marxismo y los problemas ambientales contemporáneos”, orienta al investigador a optar por marcos analíticos que faciliten “el entendimiento estructural de las conexiones, los procesos y las relaciones” entre la política, la economía y el ambiente, lo que repercute, a su vez, en el compromiso metodológico (p.621).
En este tenor, el investigador suscrito a este campo necesita una metodología que facilite el entendimiento a profundidad “de las relaciones sociales de producción e intercambio, y de las prácticas ambientales” (p.7), teniendo en cuenta el contexto y la historia, así como las voces de los actores participantes. Por ello se explica la inclinación de los ecologistas políticos por el uso de metodologías interpretativas y métodos y técnicas cualitativas. No obstante, Robbins se inclina por el empleo de la cadena de explicación. Para este autor, según Caderón–Contreras, esta es la metodología por antonomasia para los ecologistas políticos, pues facilita la contemplación de las diversas escalas en que tienen lugar los problemas socioterritoriales, del cúmulo de actores que participan en ellos, y además permite identificar con mayor claridad “las dinámicas económicas y políticas que tienen repercusiones” ambientales (Calderón–Contreras, 2013, p.564). Las herramientas señaladas pueden resultar en un aporte interesante para el estudio del desarrollo en el que, en la mayoría de las ocasiones, se privilegian metodologías cuantitativas más asociadas a la disciplina de la economía y las ontologías positivistas.
Por último, el tercero de los compromisos que adquiere el investigador es el político. En este sentido, quienes se inscriben a este marco de pensamiento, a decir de Bridge, McCarthy y Perreault, “tienen un compromiso político con la justicia social y el cambio político estructural” a favor de los grupos marginados de la sociedad, ya sean los campesinos, las comunidades indígenas, las mujeres o las poblaciones con menores capacidades y recursos de poder (2015, p.8). De tal manera que la EP “es explícitamente normativa”, por lo que es común que el investigador de dicho campo haga “juicios normativos sobre los actores y los sistemas que se estudian”, pues al final el ecologista político busca relaciones justas, equitativas y provechosas entre sociedad y naturaleza (p.622). Aunado a ello, suele ser común, y sobre todo deseable, que los ecologistas políticos, a diferencia de otros académicos, se comprometan de manera importante con “la política y la práctica política” y que entablen relación directa con agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales y otros activistas políticos (p.627). Estamos pues ante un tipo de investigación–acción que permite al estudioso fungir como un agente con potencial trasformador de las condiciones actuales.
Desde la perspectiva más amplia de la EP, la experiencia china de desarrollo pierde relevancia o, al menos, invita al observador a ser más cauteloso en cuanto a considerarla como una pauta a seguir por otras economías. En este sentido, los hacedores de política y tomadores de decisión en China, como ha sido común entre quienes comparten una visión desarrollista, han mantenido una actitud que atinadamente Peter Zabielskis asocia con la frase de “enriquecerse ahora y limpiar después” (2014), lo que ha favorecido la implementación de una estrategia de desarrollo que ha implicado altos costos en términos ambientales.
Así, a pesar de los esfuerzos realizados por los dirigentes chinos desde 1979, año en que se promulgó la primera ley ambiental en ese país, y a partir de la cual han tenido lugar nuevas regulaciones e instituciones, la cuestión ambiental se ha convertido en un reto cardinal para la RPC y es que, en realidad, los esfuerzos se han quedado en el papel y el discurso (Zabielskis, 2014). (25) El tamaño y la población del país (la producción y el consumo), pero, sobre todo, la corrupción y la falta de aplicación de la ley, han agravado la situación ambiental en el país (Zabielskis, 2014).
De esta forma, la producción necesaria para satisfacer tanto el consumo doméstico como el internacional que se demanda a China ha devenido en la escasez de recursos en