En este informe se analiza detalladamente la situación de la violencia relacionada con las drogas en México entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017. Examinamos la participación de las más poderosas organizaciones de tráfico de drogas (OTD) y sus enfrentamientos armados con las fuerzas armadas mexicanas. Se concluye que esta situación de violencia ha resultado en un conflicto armado de carácter no internacional (CANI) desde 2007, lo que se traduce en un aumento alarmante del número de víctimas civiles.
Para determinar si la situación en México puede ser considerada como equivalente a un CANI deben cumplirse los dos criterios de organización e intensidad, como lo confirman las resoluciones de los tribunales internacionales. En esencia, las partes en esa situación deben estar suficientemente organizadas y la situación de violencia debe alcanzar un umbral de intensidad suficiente.
Este informe evaluó el grado de organización de los actores no estatales pertinentes, se concluyó que siete de los nueve OTD analizados cumplían el requisito de nivel de organización: el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva. Los dos OTD restantes, el Cártel del Golfo y el Cártel de los Arellano Félix/Tijuana, no se consideraron lo suficientemente organizados para calificar como un grupo armado organizado.
La situación de violencia que involucra a estas OTD más organizadas y a las fuerzas armadas mexicanas fue estudiada a profundidad adicionalmente, con el fin de establecer si también se cumplía el umbral de intensidad. El análisis de la intensidad consideró la violencia tal y como ocurrió en dos fases, en consonancia con las dos administraciones presidenciales: la de Felipe Calderón (2006–2012) y la de Enrique Peña Nieto (2012–2018).
Con base en la información disponible, el análisis ha determinado que en México ha estado ocurriendo un conflicto armado no internacional desde el 2007 y a lo largo de 12 años analizados entre el gobierno mexicano y las siguientes OTD durante los periodos relevantes: La Familia Michoacana, de 2007 a 2010; el Cártel de Juárez, de 2008 a 2011; el Cártel de Sinaloa, de 2008 a 2017 (en curso); Los Zetas, de 2010 a 2017 (en curso); los Caballeros Templarios, de 2012 a 2015, y el cártel Jalisco Nueva Generación, de 2014 a 2017 (en curso).
1. Introducción
1. Este informe pretende determinar si, desde diciembre de 2006 hasta el 2017, la violencia relacionada con las drogas entre las fuerzas del gobierno mexicano y las organizaciones de tráfico de drogas —OTD— (35) ha alcanzado el nivel de intensidad suficiente, y si las OTD cuentan con el nivel de organización necesario para que la situación en el terreno pueda ser clasificada como un conflicto armado de carácter no internacional (CANI) conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
2. Debido al cambio de administraciones durante el periodo en investigación, el informe se ha dividido en dos fases temporales, tanto de análisis fáctico como jurídico, reflejando las dos presidencias sucesivas: la de Felipe Calderón (2006–2012) y la de Enrique Peña Nieto (2012–2018).
3. En primer lugar, el informe se centrará en determinar el marco jurídico aplicable a los CANI. En segundo lugar, el informe pretende identificar a los actores relevantes involucrados en la violencia relacionada con las drogas de diciembre del 2006 a diciembre 2012 y de diciembre 2012 a 2017. Por último, el análisis se enfocará en el nivel de intensidad de los enfrentamientos entre esos actores y fuerzas del gobierno mexicano en los mismos periodos. Con base en ese análisis se llegará a una conclusión respecto a la posible existencia de un CANI.
4. Este informe ha sido preparado por la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de Leiden, que opera bajo los auspicios del Foro sobre Derecho Internacional Humanitario Kalshoven–Gieskes —el Foro—, una plataforma del Centro de Estudios Jurídicos Internacionales Grotius en la Universidad de Leiden.
35- Las OTD se definen por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como “organizaciones complejas con estructuras de mando y control claramente definidas que producen, transportan y/o distribuyen grandes cantidades de una o más drogas ilícitas” y forman parte de organizaciones más grandes y sofisticadas denominados cárteles que se involucran en organizaciones criminales diversas. A pesar de que las actividades de las organizaciones analizadas en este informe son más diversas que el tráfico de drogas, esta se mantiene como la actividad principal de sus operaciones. Por lo anterior, este informe utilizará OTD al referirse a las organizaciones criminales relevantes. Véase U.S. Department of Justice, National Drug Intelligence Centre, “Drug Trafficking Organizations”, National Drug Threat Assessment 2010 (febrero de 2010) <https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs38/38661/dtos.htm> accesado 12 enero de 2018.
2. Metodología
5. Para determinar si la situación en México desde diciembre de 2006 podría ser clasificada como un conflicto armado no internacional, en los términos que establece el Artículo 8 del Estatuto de Roma, se llevó a cabo una investigación bibliográfica utilizando fuentes secundarias. La investigación documental requirió la recopilación, corroboración y el análisis de los datos disponibles a través de fuentes abiertas. Las fuentes identificadas y la información utilizada para la redacción del informe fueron evaluadas cuidadosamente a la luz de su confiabilidad —las fuentes— y su credibilidad —la información— mediante el empleo de diversas técnicas de verificación. Posteriormente se realizó un extensivo análisis jurídico de los datos recolectados. Debido a la naturaleza de la investigación y a las diversas dificultades encontradas, existen ciertas limitaciones que afectan el informe final.
6. Se recopilaron datos de comunicados de agencias gubernamentales e información disponible en el sitio web del gobierno mexicano, los documentos dirigidos a organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las publicaciones elaboradas desde las organizaciones no gubernamentales (ONG), relacionadas con hechos concretos ocurridos en el periodo en cuestión, o con las zonas más afectadas por la violencia en México, fueron utilizadas inicialmente de manera direccional y posteriormente fueron analizadas y verificadas. Para determinar los hechos relevantes desde 2006 hasta la fecha también se utilizaron libros, revistas académicas y artículos periodísticos publicados por medios de comunicación nacionales e internacionales, así como entradas de blogs en línea. Las fuentes escritas, tanto en inglés como en español, fueron examinadas y utilizadas para la redacción del informe, ya que la mayoría de los integrantes del equipo de investigación eran hablantes nativos del español. Además, se empleó una cantidad importante de fuentes legales, como tratados y jurisprudencia internacionales, a fin de establecer el marco legal aplicable.
7. La gran dependencia en los datos provenientes de fuentes públicas se debe a la imposibilidad para acceder directamente a la situación en el terreno por el vasto periodo que requería ser evaluado, lo que motivó el inicio de un ejercicio de verificación. El equipo de investigación revisó detalladamente toda la información, examinando minuciosamente las fuentes disponibles y corroborando la información recopilada, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, la confiabilidad y la exactitud del informe. El examen cualitativo se basó en diferentes medios de corroboración, considerados relevantes para la credibilidad de la información recolectada, como la calificación de los autores, la reputación de la fuente y su prestigio en la comunidad nacional e internacional, así como los métodos mediante los cuales se recogieron los datos originales. Debido a que los datos no equivalen a hechos, todas las fuentes se verificaron unas contra otras, se cuestionaron y evaluaron críticamente antes de fiarse de ellas para obtener conclusiones. De hecho, los datos que no pudieron verificarse de manera cruzada se usaron bien como información de soporte adicional para las conclusiones que ya habían sido demostradas, o fueron totalmente ignorados.
8. En última instancia, los hechos derivados de los datos obtenidos fueron analizados a la luz de criterios jurídicos pertinentes preestablecidos, a saber: las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) derivadas de tratados internacionales, como los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales; el Derecho