Rodolfo Franco Franco
COORDINADOR
Tania Fernanda Calvillo Gómez
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Eduardo Macías Sánchez
COORDINADOR
Ayari Hernández Cervantes
Héctor Adrián Avendaño Cortez
Lizbeth Montessoro Elías
COORDINACIÓN DE DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO
Brenda Gabriela Pérez Vázquez
COORDINADORA
Lígia de Aquino Barbosa Magalhães
Montserrat Castillo Portillo
COORDINACIÓN DE TRABAJO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Valeria Patricia Moscoso Urzúa
COORDINADORA
Norma Isabel García Flores
CONSULTORA EN JUSTICIA INTERNACIONAL
Paulina Vega González
CONSULTORA EN DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO
Laura Gabriela Rubio Díaz Leal
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
RECTORÍA
Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ
RECTOR
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
Catalina Morfín López
DIRECTORA
Ana María Vázquez Rodríguez
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOPOLÍTICOS Y JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERNAS
Humberto Orozco Barba
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA
Juan Carlos Núñez Bustillos
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
José de Jesús Soto Romero
DIRECTOR
Índice de abreviaturas
| CAF | Cártel de los Arellano Félix / Tijuana |
| CDG | Cártel del Golfo |
| CDJ | Cártel de Juárez |
| CDS | Cártel de Sinaloa |
| CIDE C | entro de Investigación y Docencia Económica |
| CJNG | Cártel Jalisco Nueva Generación |
| DEA | Agencia de Combate a las Drogas de EUA (Drug Enforcement Agency) |
| DTO | Organización Dedicada al Tráfico de Drogas (OTD) |
| GAFE | Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales |
| GATE | Grupo de Armas y Tácticas Especiales |
| GN | Gendarmería Nacional |
| CAI | Conflictos Armados Internacionales |
| CPI | Corte Penal Internacional |
| DIH | Derecho Internacional Humanitario |
| LCT | Los Caballeros Templarios |
| LFM | La Familia Michoacana |
| CANI | Conflictos Armados No Internacionales |
| OBL | Organización Beltrán Leyva |
| PF | Policía Federal |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| SEDENA | Secretaría de la Defensa Nacional |
| SEMAR | Secretaría de Marina |
| SIDEPOL | Sistema de Desarrollo Policial |
| SNSP | Sistema Nacional de Seguridad Pública |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| EUA | Estados Unidos de Norteamérica |
Prólogo DR. LUIS ARRIAGA VALENZUELA, SJ (1)
LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA RELACIONADA CON LAS DROGAS EN MÉXICO DEL 2006 AL 2017: ¿ES UN CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL?
México está sumido en una ola de violencia armada sin precedentes en su historia reciente. Desde hace al menos una década, los derechos humanos de cientos de miles de personas (mexicanos y extranjeros, particularmente migrantes centroamericanos en tránsito) han sido violentados de manera sistemática y, en el caso de algunas violaciones concretas (como la tortura y la desaparición en ciertas regiones del país), de manera generalizada.
Existe un amplio consenso en el sentido de que esto derivó, por un lado, de la “guerra contra las drogas” y la militarización extrema de la seguridad pública en el país (inaugurada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador). Por otro lado, derivó también del aumento cualitativo y cuantitativo de la violencia perpetrada por actores no estatales vinculados a la delincuencia organizada.
En no pocas regiones del país, la población quedó inerme entre la cruenta violencia de las organizaciones criminales y la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad.
Como es sabido, el marco conceptual y normativo de los derechos humanos ofrece un conjunto consolidado de conceptos y normas aplicable en contextos como este. Un “lenguaje” para “nombrar” la violencia; un recurso para denunciar el comportamiento de los perpetradores y, sobre todo, para exigir jurídica y políticamente justicia y reparación para las víctimas, así como la no repetición para la sociedad en su conjunto.
Personalmente, a mi paso por la dirección del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, obra social de la Compañía de Jesús, pude constatar de primera mano cómo este bagaje de los derechos humanos es útil y potente para develar realidades de opresión y encauzar, en un lenguaje cuya legitimidad aceptan todos los actores, las demandas de las víctimas.
Desde la óptica de los derechos humanos, pocos se atreverían a negar que México está atravesando por una crisis de derechos humanos. (2) Por lo tanto, parece no haber controversia sobre la competencia de distintas instancias especializadas en derechos humanos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, para abordar la situación en su conjunto y los casos específicos, con el fin último de lograr que los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados, y que posibles futuras violaciones sean prevenidas.
Pero desde otras perspectivas, la dimensión cuantitativa de la violencia (es decir, el masivo número de asesinatos, desapariciones, actos de tortura y desplazamiento forzado, entre otros) ha llevado a distintos analistas a preguntarse si la situación que enfrenta México es propiamente hablando un “conflicto armado interno”.
Como recordará el lector, en 2017 el informe anual sobre conflictos armados del International Institute for Strategic Studies (IISS) causó gran revuelo y controversia al resaltar que el conflicto en México había sido el segundo más violento del mundo en el año 2016, solamente superado por el de Siria, pero por encima de los de Irak y Afganistán. (3)
La discusión sobre la categorización de la situación de violencia en México como un “conflicto armado interno” se ha comenzado a dar, más allá de los círculos de la prensa y la política, también en los ámbitos académico y de la sociedad civil. De esta manera, desde las universidades y las organizaciones de la sociedad civil nos preguntamos si la situación de violencia armada en México (sin duda brutal y extendida por prácticamente todo el país) puede ser (o incluso si debe ser) entendida como un “conflicto armado no internacional” (CANI), según lo estipulado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Por supuesto, la pregunta sobre si la violencia en el país constituye un CANI no se resuelve de manera fácil ni automática. Desde la perspectiva técnico–jurídica, las respuestas son complejas y no están libres de controversia. Es un debate abierto y lo tenemos que abordar.
Desde el ITESO pensamos que la discusión sobre la clasificación del “conflicto” es relevante. Por ello, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción