29. Bajo la administración de Calderón los presupuestos y el personal, tanto de la SEDENA como de la SEMAR, fueron más que duplicados (116) y, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 50,000 soldados hacían labores de seguridad ciudadana en 2012. (117) La redirección de las tropas de las zonas rurales a las zonas urbanas por el Presidente Calderón fue considerado por muchos una incitación a la violencia entre los OTD y las Fuerzas Armadas, agravando así la situación en México. (118) La militarización de las fuerzas policiacas se hizo evidente con el aumento del gasto en armamento y equipamiento militar, así como con el arraigo de la cultura militar, evidente en el lenguaje y la apariencia adoptada por los oficiales de policía. (119)
30. A lo largo de los años el gasto público de México en equipo de defensa aumentó considerablemente, alcanzando un récord en 2014, cuando México gastó más de 1,000 millones de dólares, según el testimonio del Almirante William Gortney —un Comandante en Jefe del Comando Norte de Estados Unidos— ante un Comité de Servicios Armados del Senado. (120) Según informes, en 2014, el gobierno mexicano compró 2,000 vehículos Humvees y más de 20 helicópteros Blackhawk al gobierno de Estados Unidos, así como más de 15 helicópteros Bell y cuatro aviones King Air 350ER, con el fin de garantizar la superioridad en la lucha contra OTD. (121)
31. La intervención de la SEDENA y la SEMAR en tareas de seguridad pública ha sido criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Relatores Especiales de la ONU por problemática, ya que las Fuerzas Armadas no están debidamente capacitadas para trabajar con la población civil, como lo demuestra el gran número de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos. (122) Según la investigación realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) entre 2007 y 2014, la SEDENA mató a alrededor de ocho presuntos delincuentes por cada uno que fue herido, mientras que 30 presuntos delincuentes fueron asesinados por la SEMAR por cada herido, justificando así la caracterización dada a las Fuerzas Armadas Mexicanas como “fuerza letal asesina”. (123)
32. El Ministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos Zepeda, puso en duda la idoneidad de los militares en la lucha contra el tráfico de drogas, declarando que es “antinatural” que los soldados lleven a cabo funciones de seguridad pública. (124) A pesar de las declaraciones iniciales de Peña Nieto en 2012, de que la policía podría recuperar el control sobre las operaciones de seguridad pública, la SEDENA y la SEMAR siguen activos. (125) Junto a ellos, la PF, la GN, la policía estatal local, así como miembros de diversas fiscalías, incluida la Procuraduría General de la República, continúan desempeñando un papel instrumental para responder y hacer frente a la violencia en todo el país. (126) La utilización de tantos organismos diferentes contra las OTD es visto por muchos como una fuente de tensión que causa “rivalidades entre servicios”. (127)
37- “Operación Cóndor” es un programa de erradicación de cultivos aéreo iniciado en 1976, que puede ser considerado un parteaguas en los esfuerzos concertados para combatir el narcotráfico entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Véase también: Open Society Foundations, ‘Undeniable Atrocities: confronting crimes against humanity in Mexico’ (2016) 25.
38- Carlos Antonio Flores Pérez, ‘Organized Crime and Official Corruption in Mexico’ en Robert A. Donnelly y David A. Shirk (eds.), Police and Public Security in Mexico (San Diego, University Readers, 2010) 93–123; IACHR, Human Rights Situation in Mexico (31 de diciembre de 2015) OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 31, disponible en <http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/mexico2016-en.pdf> , accesado 3 de enero de 2018.
39- Brianna Lee y Danielle Renwick, ‘Mexico’s Drug War’ (Council on Foreign Relations, 25 de mayo de 2017) <https://www.cfr.org/backgrounder/mexicos-drug-war> accesado 16 de diciembre de 2017. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de asesinatos casi se duplicó, de 10,253 a escala nacional en 2007 a 22,480 en 2012; véase Patrick Corcoran, ‘What to Keep, What to Throw Away from Calderón Presidency’ (Insight Crime, 30 de noviembre de 2012) <https://www.insightcrime.org/news/analysis/what-to-keep-what-to-throw-away-from-Calderón-presidency/> accesado 18 de diciembre de 2017. Por otro lado, información del Relator Especial indica que 102,696 homicidios intencionales fueron cometidos de diciembre de 2006 a noviembre de 2012: “El gobierno reconoce que hasta 70,000 de éstos fueron homicidios relacionados con las drogas (casi el 70 por ciento)”. Véase UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1, para. 11.
40- David Gagne, ‘How 100 Years of Failed Drug Policy Gave Rise to Mexico’s Cartels’ (Insight Crime, 6 de abril de 2015) <https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-100-years-failed-drug-policy-rise-mexico-cartels/> accesado 18 de diciembre de 2017; Will Grant, ‘Mexico election: Drugs war in spotlight in Michoacan’ (BBC, 25 de mayo de 2012) <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18171636> accesado 18 de diciembre de 2017; Catherine Daly, Kimberly Hainle, David A. Shirk, Armed with Impunity: Curbing Military Human Rights Abuses in Mexico (Justice in Mexico Project 2012) 6.
41- Open Society Foundations, supra nota 3, en 30; Maureen Meyer, Mexico’s Police: Many Reforms, Little Progress (Washington Office on Latin America, mayo de 2014) 18–19 <www.wola.org/sites/default/files/Mexicos%20Police.pdf>. Entre 2007 y 2011 el número de soldados involucrados en actividades de aplicación de la ley se incrementó en más del doble. Véase Human Rights Clinic, ‘Control... over the entire State of Coahuila’: A report on analysed trial testimonies of Zetas members in San Antonio and Austin, Texas (The University of Texas School of Law, primavera de 2017) 9.
42- Meyer, ibid. en 7
43- Ibid., en 10.
44- Ibid., en 6–7; UNCHR, ‘Report by Special Rapporteur Christof Heyns on Extrajudicial, Summary or Arbitrary executions in Mexico’ (28 de abril de 2014) A/HRC/26/36/Add.1, paras. 16–18; Shannon K. O’Neil, ‘Mexico’s Judicial Reforms, Four Years Later’ (Council on Foreign Relations, 23 de mayo de 2012) <https://www.cfr.org/blog/mexicos-judicial-reforms-four-years-later> accesado 26 de diciembre de 2017; ‘Calderón tries again’ (The Economist, 10 de septiembre de 2009) <http://www.economist.com/node/14416623> accesado 26 de diciembre de 2017; ‘Criminal Justice in Mexico: Trials and errors’ (The Economist, 18 de junio de 2016) <https://www.economist.com/news/americas/21700682-right-reform-has-been-introduced-perfecting-it-could-take-years-trials-and-errors> accesado 26 de diciembre de 2017; entrevista con John Mill Ackerman Rose (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México), transcripción (National Public Radio – ‘Tell Me More’ programme) <https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91684101> accesado 26 de diciembre de 2017.
45- Calderón escaló el despligue de soldados alrededor del país, de 20,000 a 50,000. Véase Christopher Woody, ‘After a decade fighting the cartels, Mexico may be looking for a way to get its military off the front line’ (Business Insider, 13 de febrero de 2017) <https://www.businessinsider.nl/mexican-military-role-in-fighting-drug-war-and-cartels-2017-2/?international=true&r=US> accesado 3 de enero de 2018.