Otro de los elementos del Antiguo Régimen —que, aunque parcialmente, el liberalismo político buscará rebatir— consistió en el carácter estamental de las sociedades formadas desde la época medieval. Una sociedad estamental implicaba el reconocimiento jerárquico de cuerpos o segmentos diferenciados dentro de ella por una determinada condición social, económica y cultural. La distinción estamental de ser superior o inferior, de poseer o no privilegios, se originaba por el hecho del nacimiento y se reproducía en la función socioeconómica que ejercía cada segmento dentro de la sociedad. En este orden social, la igualdad jurídico-política entre individuos era inexistente: el clero y la nobleza eran estamentos con leyes y fueros privados que contaban con grandes beneficios, a diferencia del resto de la población, el llamado Tercer Estado, que carecía de privilegios. En particular, el alto clero y la nobleza basaban su poder económico en la tenencia y renta de la tierra, estaban exentos del pago de varios impuestos y podían eventualmente ocupar cargos públicos o tener, aunque limitada, cierta influencia político-militar en las monarquías feudales y absolutistas. El Tercer Estado, por su parte, era el segmento de la sociedad más extenso y heterogéneo y se componía principalmente de la burguesía y del campesinado, pero también se incluía en este estamento a jornaleros libres de las urbes y vagabundos (Spielvogel, 2014). Dentro de este gran grupo, la burguesía (alta y baja) era la clase social más dinámica en el sentido económico, dio lugar al sistema económico capitalista y lideró la Revolución Industrial también a fines de la época moderna.
Surgida en la época bajomedieval, es decir, en la última etapa de la Edad Media, cuando renacieron las ciudades4, la burguesía había ido obteniendo desde entonces cada vez más poder económico a través de actividades de producción artesanal, de finanzas y de comercio. Así, desde sus orígenes este segmento estuvo relacionado con la generación de riqueza. Con ello, poco a poco fue ganando fuerza social, económica y, por ende, política. De hecho, en la época bajomedieval habían surgido asambleas o parlamentos con representación corporativa de los estamentos, en particular de la nobleza, el clero y la burguesía. Se había instituido así una forma de gobierno conocida como Estado estamental o dualista, porque el rey se encontraba en el mismo rango de poder con respecto a los estamentos a través de dichas asambleas, es decir, el poder del monarca se encontraba limitado por ellas (Naef, 2005, pp. 10-11). Se trataba, por ejemplo, del Parlamento en Inglaterra, las Cortes en España y los Estados Generales en Francia.
En la etapa final de la época moderna, con la consolidación del Estado absolutista, las asambleas dejaron de convocarse o de reunirse con frecuencia, a excepción de Inglaterra. En este contexto, ni el clero ni la nobleza veían mermados sus privilegios, como sí sucedió en el caso de la burguesía. Así, la diferencia de privilegios de los estamentos se podía evidenciar no solo en la obligación o no del pago de impuestos, sino, además, en la intervención política por medio de cargos burocráticos y militares en el interior del Estado absolutista. Ahora bien, cabe anotar que la situación jurídica, social y económica de la burguesía varió de acuerdo con los escenarios y contextos previos a cada revolución liberal; por ejemplo, como se analizará más adelante, el contexto económico en que los burgueses protagonizaron una revolución no fue el mismo en las trece colonias británicas que en la Francia de Luis XVI: fue en este último escenario donde afrontaron una aguda crisis económica. En cualquier caso, los burgueses fueron los primeros en cuestionar la desigualdad política y el orden absolutista.
Es en el contexto del Antiguo Régimen en que se llevó a cabo una revolución intelectual del pensamiento político en Occidente. En el siglo xvii surgieron teorías políticas que maduraron posteriormente en el siglo xviii —el siglo de la Ilustración—, las cuales sostenían que el poder soberano se legitimaba en un pacto o contrato social, no teocrático y garante de ciertos derechos individuales. Así, uno de los primeros aportes de esta nueva línea de pensamiento político moderno fue la desacralización del poder, porque eliminaba de forma progresiva la idea de que el poder era otorgado por una fuente divina; en contraparte, postulaba que el ejercicio reconocido de un poder soberano surgía por la necesidad racional y práctica de los individuos que buscan vivir en cierta paz, y de forma duradera, mediante la aplicación de leyes civiles que resguarden la integridad, la libertad y la propiedad de los individuos. A continuación, trataremos los principales postulados del liberalismo político, formados por el pensamiento político moderno e ilustrado, que influyeron en la burguesía y que sentaron las bases para la construcción de proyectos políticos contemporáneos que debían reemplazar a los absolutismos y eliminar los antiguos privilegios estamentales instituidos en la época moderna: el principio de la defensa de la propiedad privada y de las libertades individuales, la separación de poderes, la soberanía del pueblo y el sufragio restringido.
1.1 La defensa de la propiedad y de las libertades individuales
Uno de los principales aportes del pensamiento liberal burgués y que se ha introducido en buena parte de las constituciones políticas del mundo contemporáneo es la distinción del reconocimiento de derechos vinculados a la libertad individual y, en particular, a la propiedad. De hecho, John Locke (1632-1704), cuyo pensamiento influyó en la Revolución inglesa5, había previsto que incluso antes del establecimiento de las leyes civiles, esto es, en el estado de naturaleza, se puede reconocer la preexistencia del derecho natural de la propiedad del individuo, el cual incluye su vida, su libertad y su hacienda o bienes. Más aún, Locke no intentaba sustentar la validez de la propiedad privada, ya que ella era incuestionable para los burgueses (Touchard, 2007, pp. 293-294; Rawls, 2009, p. 185). Por ende, el gobierno civil, a través de sus leyes, debía garantizar la propiedad del individuo; así, en adelante, los proyectos políticos burgueses se centraron en el objetivo de protegerla. De ahí que, como se verá en un apartado siguiente, los gobiernos representativos que siguieron a las revoluciones burguesas en el siglo xix excluyeron de la participación política a buena parte de la población a través del voto restringido, con la finalidad de proteger ese derecho.
El posterior desarrollo del pensamiento ilustrado abordará las libertades individuales de pensamiento, de opinión o expresión, de imprenta o prensa, de reunión y asociación, así como la de conciencia o religión. Sobre esta última, cabe recordar los aportes de Locke y de Voltaire (1694-1778) en la inclusión de la tolerancia religiosa. Conocidas las persecuciones católicas contra los herejes y paganos en la época medieval y las consecuencias político-económicas de las guerras de religión entre católicos y protestantes en la época moderna, se evidenció, en el plano de las ideas, la necesidad de establecer la tolerancia de cultos6, esto es, la posibilidad de ejercer en el ámbito privado y público una creencia religiosa determinada sin ser perseguido o discriminado por ello.
1.2 La separación de poderes
Con la finalidad de encontrar equilibrios de poder y de evitar abusos por la concentración de este, algunos pensadores modernos e ilustrados postularon la necesidad de separar competencias y funciones, esto es, de dividir el trabajo de la autoridad política. Por ejemplo, Locke, quien, como mencionamos, representó el pensamiento político de la burguesía inglesa, planteó la separación de poderes en los ámbitos legislativo, ejecutivo y federativo7, entre los cuales reconocía como el más relevante al poder legislativo por su función central de crear leyes, en el marco de un Estado civil, para la protección del derecho a la propiedad privada de los individuos. Con ello, fortaleció las bases teóricas de la monarquía parlamentaria, el modelo inglés, como forma de gobierno. Por su parte, la propuesta desarrollada por Montesquieu (1689-1755) influyó mayormente en los países que siguieron proyectos constitucionales republicanos. Este pensador ilustrado distinguió entre el poder que legisla, el que ejecuta las leyes y el que administra la justicia. Con ello, dio un paso adelante a lo propuesto por Locke, pues tuvo lugar una independencia del poder judicial a fin de que así se pueda garantizar una mayor seguridad en la conservación de la propiedad de los individuos (Lowenthal, 2017, p. 495). Esta propuesta de división de poderes es la que hoy prima en las repúblicas con democracias representativas en el mundo contemporáneo, en las cuales se espera que sean poderes autónomos; por lo menos, así son planteados en el plano teórico.
1.3 La soberanía del pueblo
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