—Economía y sociedad. Esta sección contiene tres capítulos, los dos primeros escritos por Emilio Santos y el tercero por José Vásquez. En el primero se relatan las transformaciones económicas y sociales que surgieron con las revoluciones industriales del siglo xix, y en el segundo las distintas variaciones que fue adoptando el capitalismo durante el siglo xx para superar las crisis que enfrentó. El tercer capítulo nos muestra las características de los nuevos movimientos sociales que aparecen en la década de 1960 y cómo afectaron a la sociedad.
—Nacionalismo e imperialismo. Se divide en dos capítulos, ambos escritos por Jorge Illa. En el primero, enfocado en el siglo xix, se presentan la aparición y el desarrollo del nacionalismo, así como las causas del imperialismo de finales del siglo xix; en el segundo se muestran los problemas que causó el nacionalismo en el siglo xx y la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial, que económicamente no terminó de ser todo lo positiva que podría haber sido para los países colonizados.
PRIMERA PARTE
Política
CAPÍTULO 1
Transformaciones políticas a inicios de la época contemporánea, 1770-1848
Rocío Denisse Rebata Delgado
Introducción
La recordada frase de Winston Churchill, el líder británico de la Segunda Guerra Mundial, “la democracia es la peor de todas las formas de gobierno, a excepción de todas las demás” (como se cita en Hobsbawm, 2007, p. 104), sigue siendo tan polémica como vigente. ¿Por qué aceptamos que la democracia hoy en día es la mejor forma de gobierno posible? ¿Por qué la creemos compatible con constituciones políticas republicanas o monárquicas parlamentarias? ¿Efectivamente se pueden establecer límites al poder y garantizar derechos fundamentales en un sistema democrático? A lo largo de la historia del mundo occidental se ha registrado una serie bastante amplia de formas de gobierno —tiranías, repúblicas oligárquicas, imperios, reinos feudales, monarquías absolutistas, dictaduras, etcétera.—, y esa vasta experiencia nos condujo, hacia mediados del siglo xx, a construir una valoración positiva de la democracia, en su versión liberal y representativa1, como la menos negativa de todas las formas de gobierno.
El ejercicio de analizar la historia y de establecer prescripciones o ideales de formas de gobierno no es una novedad. Hace más de dos milenios, filósofos e historiadores griegos como Platón y Aristóteles ya se planteaban cuestionamientos en torno a la mejor forma de gobierno posible, una que pudiera conservar la unidad y que permita cierta armonía en el interior de una comunidad política (Bobbio, 2001). Hoy en día queda claro que, como señala Przeworski (2019), todo sistema político presenta límites, y el ejercicio de reflexionar acerca de la democracia es necesario para perfeccionarla y para tener mayor conciencia de nuestra responsabilidad y participación como ciudadanos dentro de ella. En este punto, es importante anotar qué características y componentes presenta este sistema político en el mundo occidental en nuestros días. De acuerdo con Hobsbawm (2007), la democracia es un
modelo estándar de Estado constitucional que ofrece la garantía del imperio de la ley, así como diversos derechos y libertades civiles y políticos, y al que gobiernan sus autoridades, entre las que deben figurar necesariamente asambleas representativas, elegidas por sufragio universal y por la mayoría numérica del conjunto de sus ciudadanos, en elecciones celebradas a intervalos regulares en las que se enfrenten distintos candidatos y organizaciones [políticas] (pp. 100-101).
Este marco conceptual agrega otras definiciones que entendemos que pertenecen a un mismo conjunto de elementos, porque son parte del lenguaje político del mundo contemporáneo: constitución, derechos, representación, sufragio universal, elecciones o ciudadanía. Estos conceptos, como la democracia en sí misma, también tienen una historia, una evolución. ¿Cómo llegamos a introducir constituciones con sistemas de representación democrática? ¿Desde cuándo y por qué la mayoría de los gobiernos representativos en el mundo occidental se sostienen sobre la base de la legitimidad que les otorgan las elecciones en una democracia? ¿Cómo y por qué el sufragio restringido implantado en el siglo xix fue reemplazado por el sufragio universal hacia mediados del siglo xx? ¿Por qué hoy consideramos necesarias no solo la ampliación sino también una mayor participación ciudadana desde diferentes sectores de la sociedad? Partiendo de estas interrogantes, nos interesa analizar y reflexionar, en las páginas siguientes, acerca de los principales hitos de la historia política contemporánea.
En la primera sección del presente capítulo trazaremos el camino que se siguió para alcanzar una valoración positiva de la democracia —en su sentido representativo y liberal— en el mundo occidental y examinaremos cómo se incluyeron, y se siguen incluyendo, individuos de diferentes sectores sociales, económicos y culturales de las sociedades en dicho proyecto político. El punto de partida, que justamente da inicio a la época contemporánea, es el de la historia de las revoluciones liberales —también conocidas como revoluciones burguesas—2 de fines del siglo xviii e inicios del xix: la independencia de las trece colonias (1773-1787), la Revolución francesa (1789-1799) y la Revolución hispanoamericana (1808-1814). El denominador común de estas revoluciones fue la introducción de marcos constitucionales que incluyeron una relación de derechos y libertades individuales que serían la base de la democracia actual y que fueron concebidos desde el pensamiento político moderno y la Ilustración. Estas revoluciones, además, dieron lugar a los primeros ensayos de sistemas representativos de gobierno, si bien aún no considerados democráticos, sobre la base de los planteamientos del liberalismo político, en oposición a regímenes absolutistas. Estos procesos revolucionarios se expandieron, con ciertas variantes, hacia otros escenarios del mundo occidental y occidentalizado, e influyeron en la construcción de sus proyectos políticos contemporáneos, como es el caso de los países latinoamericanos. Se examinarán, asimismo, los intentos de reposicionar los gobiernos de perfil absolutista tras el fin de las guerras napoleónicas en el marco del Congreso de Viena en 1815, así como la relevancia de las revoluciones liberales de 1830 y 1848, que no solo pusieron término definitivo al absolutismo en Occidente, sino que, además, dieron cuenta de una mayor intervención política de sectores populares.
1 Principios del liberalismo político
El liberalismo político comprende principios provenientes del pensamiento moderno del siglo xvii y del pensamiento ilustrado del siglo xviii. Para comprender su contenido y relevancia como parte del proyecto político —de la clase burguesa— en los inicios de la época contemporánea, es necesario examinar ante todo tanto la forma de gobierno que se había legitimado en gran parte de Europa a fines de la época moderna, es decir, el Estado absolutista, como las características de la sociedad en ese tiempo, esto es, de la sociedad estamental, en que la burguesía, el cuerpo social que luego lideró las revoluciones liberales, era un estamento no privilegiado en el campo político. Ambos aspectos, el social y el político, fueron comprendidos en el concepto de Antiguo Régimen, popularizado principalmente en el contexto de la Revolución francesa.
El aspecto político del Antiguo Régimen lo constituía el absolutismo. Las monarquías absolutistas, instauradas en los siglos xvii y xviii, habían logrado su legitimidad en función de dos elementos procedentes de la época medieval: el derecho divino y el principio hereditario para la transmisión del poder (Ullmann, 2013 [1964]; Artola & Ledesma, 2005, p. 40; Arranz, 2016, p. 216). El pensamiento teocrático, sostenido por la expansión de la religión cristiana católica desde los inicios de la época medieval, postulaba la idea de que la soberanía del rey se justificaba en el poder otorgado por Dios. El rey investía el poder soberano por la gracia de Dios y era vicario de Cristo, esto es, representante de Dios en la tierra3. Ello legitimaba el ejercicio unilateral y la concentración del poder, así como el hecho de que el rey no tenía que rendir cuentas a la población sobre las acciones políticas y económicas que tomaba. El principio complementario al derecho divino del poder era la transmisión de este por la vía hereditaria, que también procedía de la época medieval.