Éxito, todos los esfuerzos valdrán la pena.
NICK QUINE
Sargento (r) Policía de Avon y Somerset, Reino Unido.
Docente y entrenador de entrevistadores e instructores
en Entrevista Investigativa Videograbada.
El 3 de octubre del año 2019 comenzó la aplicación de la primera etapa de la Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. Esta política pública incluye una serie de medidas y cambios procedimentales destinados a prevenir la victimización secundaria que experimentan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves durante su tránsito por el proceso penal.
Se trata de una de las reformas más importantes al Sistema de Justicia Penal después de la Reforma Procesal Penal del año 2000. Implica un cambio de paradigma, a través del cual se da un nuevo e importante paso para que los niños, niñas o adolescentes sean efectivamente tratados como sujetos de derecho, adaptando el proceso penal a sus necesidades y características, conforme a su nivel de edad y madurez. Además, la denominada “Ley de Entrevistas Videograbadas” incorpora herramientas que permiten obtener antecedentes más precisos y confiables para la investigación y definición judicial de los casos.
Si bien las inquietudes por mejorar las condiciones en que los niños, niñas y adolescentes debían enfrentar un proceso judicial han existido desde hace mucho tiempo, estas se veían enfrentadas tanto a la dificultad que implicaba modificar el funcionamiento de todo el sistema, como también, al correlato cultural y a los prejuicios arraigados en las prácticas institucionales asociadas al trato hacia los niños, niñas y adolescentes.
Ante este escenario, y dando cumplimiento a su misión fundacional de compromiso con los derechos de la niñez y adolescencia, el año 2007 Fundación Amparo y Justicia impulsó un trabajo conjunto entre actores de instituciones públicas, de la academia y de la sociedad civil, a fin de promover que se hiciera frente a esta temática en Chile.
Durante una década realizó múltiples acciones para promover la necesidad de una Ley de Entrevistas Videograbadas. Entre los años 2007 y 2015 organizó cinco seminarios internacionales1, con invitados expertos en entrevista investigativa provenientes tanto de la academia como de instituciones gubernamentales extranjeras, entre ellos los psicólogos y académicos Martine Powell, Michael Lamb, David La Rooy y Tony Butler, los jueces y académicos, Thomas Lyon y Carlos Rozanski, y el sargento (r) Nick Quine. Estos especialistas ayudaron a transmitir la importancia de la entrevista investigativa tanto como una medida fundamental para prevenir la victimización secundaria, así como una técnica que, al estandarizar procedimientos, mejora la calidad de la información para orientar de manera más eficiente la investigación de un delito.
Entre 2008 y 2010 se convocó a una Mesa de Trabajo Interinstitucional conformada por representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud y destacados académicos, en la cual se desarrolló un arduo debate sobre las medidas que se debían adoptar para mejorar los procedimientos existentes. En 2008 se encomendó al Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Mide UC) un estudio que indagó en las “Percepciones de los procesos de investigación y judicialización en los casos de agresiones sexuales infantiles en la región Metropolitana, de Valparaíso y del Bío Bío” (2009). Los resultados de esta investigación fueron categóricos en cuanto a los efectos negativos de los múltiples interrogatorios por los que tenían que pasar los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
Ante este panorama se impulsó la convocatoria de una segunda Mesa de Trabajo Interinstitucional en octubre de 2011, integrada por representantes del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Poder Judicial y Amparo y Justicia, a fin de concretar la redacción de un anteproyecto de Ley que estableciera un Sistema de Entrevistas Videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Tras un año de trabajo, con la asesoría de académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho de la Universidad de Chile, se concluyó con una propuesta de Ley, su fundamentación técnica, un diseño de implementación y el estudio de costos asociados. Todo este material fue entregado al Ejecutivo en octubre de 2012, que tras estudios tendientes a asegurar su factibilidad presupuestaria, en enero de 2014 presentó el proyecto definitivo al Congreso.
Este primer hito fue apoyado también por el impacto que generó en la opinión pública la campaña “No me pregunten más”, liderada por Amparo y Justicia en redes sociales a partir de octubre de 2013. Más de 21 mil personas firmaron para que se aprobara la Ley y decenas de personajes públicos avalaron esta iniciativa.
Durante cuatro años el Proyecto de Ley de Entrevistas Videograbadas estuvo en tramitación en el Congreso. En este período, se perseveró en campañas comunicacionales y actividades de movilización ciudadana y se cooperó con evidencia técnica para la discusión en las comisiones parlamentarias.
Conscientes de que la prevención de la victimización secundaria no solo dependía de la aprobación de esta Ley, en 2014 Fundación Amparo y Justicia comenzó a impartir, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Diplomado Internacional “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial”, el que ha permitido sensibilizar y capacitar, a la fecha, a un total de 459 operadores del Sistema de Justicia respecto a medidas y formas idóneas de interactuar con niños, niñas y adolescentes. Asimismo, teniendo en cuenta este propósito, el año 2016 se lanzó la primera versión del presente libro, con el objetivo de proveer la información más actualizada sobre la entrevista investigativa y buenas prácticas para la aplicación de la técnica.
Adicionalmente, a fines del año 2016 se firmó un Convenio de Colaboración entre Fundación Amparo y Justicia y el Ministerio Público para implementar el procedimiento de Entrevista Investigativa Videograbada en esa institución, en conformidad con el cual, al año siguiente, con la asesoría del sargento (r) Nick Quine, se inició un programa de entrenamiento en entrevista investigativa, que contempló la formación de entrevistadores e instructores. A esta iniciativa se sumaron luego Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El 20 de enero de 2018 se promulgó la Ley N° 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales2, dando cuenta de un exitoso trabajo colaborativo entre los poderes del Estado, instituciones del Sistema de Justicia y la sociedad civil organizada.
El desafío de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes no culmina con la aprobación y promulgación de la Ley, por ello Fundación Amparo y Justicia adquirió el compromiso de continuar contribuyendo a una adecuada aplicación de esta política pública, mediante sus líneas de formación, asesoría técnica, difusión y sensibilización. En este contexto, desde 2018, participa en la Subcomisión Técnica de Implementación de la Ley N° 21.057, creada por mandato directo de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, la cual es coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la que asisten representantes del Ministerio Público, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
Siguiendo la línea de la primera versión de este libro, esta edición describe recomendaciones y buenas prácticas basadas en evidencia nacional e internacional, desarrollándose a lo largo de siete capítulos. El primero, hace referencia a la participación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en