Por sus funciones y atribuciones constitucionales y legales, el Poder Judicial tendría que intervenir en muchos de los conflictos generados por la progresiva polarización de la vida política. Es importante recordar, además, que un ministro de la Corte de Apelaciones y dos ministros de la Corte Suprema eran miembros del Tribunal Calificador de Elecciones97. El Poder Judicial participaba en los juicios sobre desafueros originados en los conflictos entre el gobierno y parlamentarios, en casos de violencia electoral, huelgas ilegales, ocupación de terrenos urbanos, en querellas por «abuso de publicidad» (DL 425, 1925) y en juicios por infracciones a la ley de seguridad interior del Estado. Como se ilustra con los casos en este capítulo y los tres siguientes, el Gobierno de Alessandri hostigaba a la oposición y a la prensa de izquierda continuamente, a través de querellas judiciales por delitos varios. Su rol como pilar central del orden vigente hacía del Poder Judicial un blanco directo de reformistas y revolucionarios.
De acuerdo a la Ley 12.927 de seguridad interior del Estado (1958), las injurias contra el Presidente, los parlamentarios y los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia eran delitos contra el orden público (Art. 6). Insultar u ofender la honra de los gobernantes, parlamentarios y miembros de las altas esferas del Poder Judicial era, según la legislación vigente, un tema de seguridad interior del Estado. El Poder Judicial debía procesar a los imputados. Igual responsabilidad cabía a los tribunales en relación con los dirigentes sindicales y obreros involucrados en casos de huelgas ilegales98.
En este contexto, hubo debates intensos sobre varios de los artículos del proyecto de ley y de sus incisos respecto a las facultades pedidas por el Ejecutivo. El debate no siempre se mantenía dentro del protocolo parlamentario, como ilustra el intercambio entre los senadores Eduardo Moore (Partido Liberal, PL) y Humberto Martones:
El señor Moore: «Yo me refería a un ambiente que se está preparando también fuera de esta sala. Basta leer la prensa de Izquierda, basta ver algunos acuerdos tomados por la CUT para comprender que se está preparando un movimiento sedicioso, o como se lo quiera llamar, para oponerse a toda la legislación que se trata de elaborar en beneficio del País».
El señor Martones: «¡Ojalá fuera así, pa’ poner a Su Señoría contra la pared!»99.
Los intercambios discursivos de ese tipo daban cuenta del aumento gradual de la violencia social y de la reiteración de los ataques contra el sistema capitalista y el régimen político vigente. Voceros de sectores minoritarios de los partidos de izquierda enfatizaban el uso necesario de la violencia popular como una reacción legítima frente a la represión de las instituciones burguesas100.
Las facultades extraordinarias aprobadas (Ley 13.305) serían la base legal del plan de estabilización y de la reorganización administrativa101. El Presidente Alessandri se dirigió al país, por cadena nacional de radioemisoras, para analizar el momento político y la promulgación de la ley sobre consolidación económica y concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo; atacó fuertemente a los «politiqueros», «coimeros», partidos políticos, sindicatos, al Congreso y, en general, a todos los que se oponían a su agenda102. Respondiendo en nombre de la Democracia Cristiana, el diputado Renán Fuentealba leyó en la Cámara una declaración firmada por el Presidente del PDC, Patricio Aylwin:
Despachado el proyecto económico y de facultades extraordinarias que le entrega al Presidente de la República poderes verdaderamente omnímodos y por un largo plazo, teníamos derecho a esperar del Jefe del Estado una actitud muy diferente a la que revela su discurso. Utilizando los poderes que le otorga su alta investidura para servirse de una cadena de radios nacional y obligatoria, anunciada con los acordes del himno patrio, se ha lanzado en un apasionado ataque contra todos los que discrepan de su gestión, calificando intenciones y llegando hasta la injuria. (…) Es esta una conducta grave, porque constituye el primer método de que se valen los autócratas para acallar la voz de la oposición. Es el mismo procedimiento empleado por fascistas y comunistas, que responden a las críticas con insultos y violencias103.
Situar a Alessandri en la misma categoría que fascistas y comunistas y compararlo con «los autócratas» daba cuenta del lugar de la Democracia Cristiana en la oposición, criticando al Gobierno y al sistema liberal capitalista, y definiéndose como una alternativa pacíficamente «revolucionaria», a diferencia de ciertos sectores marxistas104. De hecho, tanto la Democracia Cristiana como los partidos de izquierda se mantendrían en una oposición dura contra la reforma supuestamente tecnocrática de los gerentes. El Partido Comunista criticó a Alessandri por su «cesarismo y arbitrariedad gubernativa», teniendo como meta «una reorganización arbitraria, uno de cuyos objetivos ha sido el de perseguir a los partidos opositores (…) se ha exonerado a centenares de partidarios del FRAP, entre ellos a numerosos candidatos a regidores y parlamentarios (…)»105.
Para diluir la influencia de los partidos pequeños que se aliaban con el FRAP, se aprobaron reformas electorales (Ley 13.913, 1960, que prohibió las combinaciones de listas o pactos de partido en las elecciones municipales; Ley 14.089, 1960, que eliminó los pactos electorales para las elecciones de la Cámara de Diputados, y luego también para senadores, con la Ley 14.851, 1962)106. Estas leyes fueron objetadas por el FRAP. En palabras de Raúl Ampuero (PS): «Se pretende realizar un acto de piratería política en vísperas de una decisión electoral, porque las fuerzas conservadoras temen que el FRAP extienda su influencia sobre la opinión pública y gravite decisivamente en el próximo Parlamento»107.
Los gerentes
Como ingeniero y empresario exitoso, Alessandri incorporó en su administración a profesionales del sector privado, manteniendo, inicialmente, a cierta distancia a destacados políticos de los partidos de derecha108. En las subsecretarías fueron nombrados miembros de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y de la Corporación de Fomento (CORFO); en el Banco Central algunos funcionarios de carrera fueron reemplazados por personas identificadas con el programa «tecnocrático» promovido por Alessandri. Nombró al abogado Enrique Ortúzar como ministro del Interior (3 de noviembre de 1958 - 19 de enero de 1959) y al ingeniero /economista Roberto Vergara como triministro de Hacienda, Economía y Minería (3 de noviembre de 1958 - 15 de septiembre de 1960)109.
Al iniciar su gobierno, Alessandri proclamó: «La tarea fundamental de la hora presente es restablecer el orden de los valores morales y humanos de la Nación dentro de un sistema que sólo reconocerá la eficiencia, el mérito, el trabajo y el esfuerzo por sobre el favor político o las influencias extrañas»110. Soñaba con un Congreso en el que se restringieran las iniciativas presupuestarias y la injerencia en la administración pública111. El gobierno se dedicaba a controlar la inflación y promover la estabilización de la economía mediante un plan de liberalización de importaciones, restricciones de los reajustes salariales e inversiones en obras públicas, especialmente en un plan habitacional (DFL 2, 1959), financiados con préstamos externos112. El plan de estabilización implicaba conflictos recurrentes con el movimiento sindical y las agrupaciones de empleados públicos, resultando muchos de ellos en huelgas ilegales y procesos judiciales derivados de las infracciones al Código del Trabajo y a la ley de seguridad interior del Estado. Implementar el plan de estabilización económica contribuía a la desestabilización política.
Desde los comienzos, la Central Única de Trabajadores (CUT), la izquierda, la Democracia Cristiana y otros partidos más pequeños, como el Partido Democrático, se oponían al