En mayo el diputado Fermín Fierro (PS) denunció la violencia patronal en fundos de Arauco, incluyendo la usurpación de tierra por el doctor Raúl Carrasco, propietario del fundo Huape y cuñado de Patricio Silva Clarés, secretario general de gobierno469. Afirmó Fierro que «como tienen el Gobierno en sus manos, a estos caballeros les fue muy fácil conseguir doscientos setenta hombres armados de carabinas y ametralladoras para poder defender los terrenos que, según ellos, han sido usurpados. Así, esa fuerza armada llegó al Fundo Huape a despojar violentamente al mapuche de este terreno que, como vengo comentando, le pertenece legalmente»470.
Fierro terminó pidiendo la expropiación de varios fundos de la región para hacer justicia a los mapuche, que habían sufrido la usurpación de sus tierras por la violencia de particulares. No siempre se mantuvo dentro el protocolo parlamentario en sus comentarios, haciéndose necesario suprimir algunos de ellos en la transcripción de la sesión. De todas maneras, sus palabras eran claras:
(…) los que están alterando la tranquilidad social de mi provincia no son los indígenas ni son los diputados que nos honramos con representar a esa raza y a todos los sectores populares de Arauco en la Honorable Cámara, sino que son los sectores patronales, los propios hombres del Gobierno los que están provocando permanentemente la intranquilidad social en Arauco. Yo protesto, en la forma más airada, por la conducta del señor Ministro del Interior y por la actitud de la fuerza policial que, en forma violenta y solamente ahora, ha intervenido (…)471.
El diputado liberal Gabriel De la Fuente, tratándose de otro conflicto en la zona, extendió el debate, como pasaba frecuentemente en la década de 1960, a la Guerra Fría y al comunismo internacional. Señaló que las denuncias de Fierro eran parte de la campaña de infiltración en el campo del Partido Comunista, «lo que les permitirá más tarde hacer la cosecha deseada, estableciendo un sistema “fidelista”, dependiente de la Unión de la República Socialista». Enumeraba las diversas políticas gubernamentales (habitacional, de salud, de préstamos, etc.) inspiradas en mejorar la situación de los mapuche, «con miras a integrarlos adecuadamente en la comunidad nacional».
De la Fuente enfatizaba la importancia de la Ley 14.511, «actual Ley de Indios.Dicha ley contempla especialmente procedimientos para construir la propiedad indígena sobre la base de unidades económicas a través de la división de las comunidades, expropiaciones a indígenas o particulares, y el control jurídico técnico de estas operaciones con la intervención de jueces defensores de indios y profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización». Hasta se pensaba destinar jeeps para cada uno de los cinco Juzgados de Indios472.
Sin embargo, durante la aplicación de la Ley 14.511 y hasta el mes de febrero de 1971, según informes proporcionados por los mismos Juzgados de Letras de Indios, se habría recibido peticiones de división de 1.362 comunidades, de las cuales lograrían hacerlo 126473. En parte, este resultado correspondía a la resistencia entre grupos del pueblo mapuche a la subdivisión de las reducciones, ya que la premisa «liberal» (anti-comunal) heredada del siglo XIX se mantenía en la legislación indígena desde el gobierno de Carlos Ibáñez hasta el gobierno de Jorge Alessandri.
Sobre todo, De la Fuente advertía el peligro del comunismo, del «fidelismo» y de que la cordillera de Nahuelbutase transformara en la «Sierra Maestra» chilena: «Allí hay más de 100 núcleos de campesinos dirigidos por el Partido Comunista y no está lejano el día en que allí sea donde se levante la “Sierra Maestra de Chile”, porque todos estos núcleos están armados y preparados para la lucha»474. Era necesario, «contra esta “maleza” que corroe la sociedad, tomar las precauciones necesarias para extirparla, en defensa de ella misma»475.
A su manera, De la Fuente reconocía que las reivindicaciones mapuche y los conflictos agrarios correspondían, en parte, a las movilizaciones de las organizaciones indígenas apoyadas por el Partido Comunista y la Federación Nacional Campesina e Indígena, que patrocinaban las «recuperaciones de tierras» en Malleco, Arauco y luego Cautín. Como informaba el Partido Comunista:
Los campesinos sin tierra de las reducciones indígenas de mapuches y huilliches, como asimismo los colonos ocupantes, han desarrollado diversas formas de combate que van desde la simple denuncia de sus problemas hasta la toma directa de la tierra. Este proceso, que ha adquirido caracteres de lucha muy aguda en algunas oportunidades, ha contado con la activa solidaridad de la clase obrera, enfrentándose a la violencia policial y obteniéndose significativas victorias. Los campesinos de las haciendas Santa Fe, Mundo Nuevo y Santa Elena resistieron el desalojo y consiguieron que estas haciendas se parcelaran en su beneficio. Los indígenas de Los Lolocos, Loncomahuida, Pangal, Catrihuala y Cordillera Sarao, a través de un largo y duro movimiento, lograron recuperar tierras que les habían sido usurpadas.
Fruto de estas mismas luchas ha sido la reciente parcelación de los fundos Sara de Lebu y Ranquilco, en la provincia de Arauco, y de otros doce fundos que la CORA está por parcelar y entregar a los campesinos476.
Entre 1961 y 1964 se producirían varios enfrentamientos entre Carabineros, funcionarios judiciales y grupos de mapuche desalojados de las tierras «recuperadas».Por ejemplo, en mayo de 1962 La Nación informó: «18 indígenas detenidos por ocupación de fundo. Carabineros, luego de desalojarlos de la ocupación del fundo El Huape en el departamento de Cañete, puso a los indígenas a disposición del Juzgado del Crimen de Cañete»477. Esos conflictos no hicieron sino desprestigiar más al Poder Judicial entre los campesinos y mapuche, dando crédito a las denuncias de «justicia de clase» (y raza) repetidas sin fin por sectores de izquierda y por la Democracia Cristiana, no obstante algunos intentos del gobierno por mejorar la atención de los Juzgados del Trabajo y sensibilizar a la Corte Suprema por los dilemas de la Araucanía.
El gobierno anunció que el ministro de Tierras y Colonización, Julio Philippi, junto con el subsecretario de Justicia, Jaime del Valle, se habían entrevistado con el Presidente de la Corte Suprema Rafael Fontecilla. En la reunión trataron la situación de los Juzgados de Indios, así como las normas respecto de la administración especial de Justicia que se realizaba para las reducciones indígenas. El ministro Philippi viajaría a Temuco para una reunión con los magistrados de la zona, para conocer aspectos de la judicatura sobre la aplicación de justicia en las reducciones indígenas478. Además, se informó que se estudiaría una asignación especial para los magistrados que estaban a cargo de los Juzgados de Indios, como una medida para evitar la rotación de los jueces479. Entre tanto se dijo que «las autoridades han buscado evitar las tomas, mientras los Juzgados de Indios no dicten sentencia en conflictos sobre la propiedad de las tierras»480.
La «cuestión mapuche» no se podía desvincular del funcionamiento deficiente de los Juzgados de Indios, ahora supervigilados por la Corte Suprema. Dos semanas después se anunció que a través de un decreto del ministerio de Justicia se había autorizado la compra de 5 jeeps para el uso de los Juzgados de Letras de Indios de Temuco, Nueva Imperial, Victoria, Pitrufquén y La Unión, por un valor de 25.000 escudos –un siglo después de iniciarse la «pacificación» de la Araucanía481.
En el caso de la Isla Pangal (o Ranquilco), y los fundos colindantes de otros propietarios, se determinó la expropiación a pesar del convencimiento de los dueños de que tenían «títulos saneados», documentados en el Juzgado de Indios de Victoria. Se celebró un «acta de Pangal» el 4 de abril, firmada al final por el dueño oficial el 21 del mismo mes, resolviendo el conflicto inmediato. El acta estipuló que «para la radicación de los mapuches, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización expropiará 3.000 hectáreas de suelo del fundo Pangue, de propiedad de Félix Eyheramendy Larroulet, donde se instalará una colonia mapuche; (…) 5° Los actuales ocupantes de la Isla Ranquilco, una vez firmada la presente acta, regresarán a la zona o lugares donde estaban radicados antes de la ocupación de la Isla y serán atendidos por la Dirección de Asuntos Indígenas que, a través de almacenes que