Por todo lo anterior, la autora arriba a una conclusión con la que coincido enteramente y que valdría mucho la pena que se escuchara en los debates parlamentarios y las deliberaciones públicas de muchos países, incluido, sin duda, México. Afirma Julia Cagé: “lo que nos enseña la historia es que sólo lograremos poner fin a los excesos del financiamiento privado de la democracia si los limitamos por medio de leyes y los sustituimos con un sistema de subvenciones públicas suficientemente cuantiosas”. En efecto, para Cagé una de las soluciones a la captura de la política representativa por parte de intereses privados, vía el dinero, es reconducir el financiamiento al orden público, sin excesos, pero con suficiencia. En ello nos va, en buena medida, para decirlo en términos weberianos, garantizar la autonomía del poder político frente al poder económico.
Justo en los tiempos que corren al momento de la publicación de esta obra por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y Grano de Sal, tiene lugar en México una discusión importante, que se inició hace una década y media y que, de no darse de manera informada y bien sustentada, puede erosionar la base principal de la equidad en las condiciones de la competencia política: la reducción del financiamiento público a los partidos políticos bajo el solo argumento de su oneroso costo, que choca con la posibilidad de atender debidamente las necesidades sociales de la población. La legítima preocupación social y la indignación ética que supone el contraste entre el financiamiento público y las carencias sociales no nos permiten entender que una eventual reducción mal pensada del financiamiento de la política con recursos públicos, por más indignante que se le presente, puede abrir la puerta a que algunos intereses, los de quienes tienen la capacidad de financiar la política y hacerlo esperando beneficios futuros, puedan resultar determinantes para la recreación de nuestro sistema democrático.
Quiero ser claro: lo antes dicho no significa de ninguna manera que la fórmula de financiamiento público que se ha asentado en nuestro país no pueda, e incluso no deba, estar exenta de una minuciosa revisión y, eventualmente, de una racionalización de los altos montos que hoy se destinan al financiamiento público de los partidos políticos. Pero ello debe ocurrir, en su caso, como resultado de una amplia e incluyente discusión pública que no pierda de vista ni ponga en riesgo los tres propósitos principales que llevaron a apostar, en la reforma electoral de 1996, por la preeminencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado, es decir: a] generar condiciones de equidad en la competencia política, al garantizar a todos los partidos un piso financiero mínimo para realizar sus actividades ordinarias y desplegar sus campañas electorales; b] transparentar el financiamiento de la política, al tener absoluta claridad sobre el origen de la mayor parte del dinero que reciben los partidos como parte de sus prerrogativas de financiamiento, y c] generar condiciones de autonomía para los partidos políticos frente a los intereses que invariablemente subyacen a las aportaciones económicas que los privados realizan a la política. Además, esa discusión no puede ser ajena a determinar de manera informada y objetiva cuáles son las verdaderas necesidades de gasto de los partidos políticos, pues cerrar la “llave” del financiamiento público sin atender a aquéllas puede conllevar el efecto perverso de provocar que los partidos recurran a buscar dinero en donde, para preservar el buen estado de la democracia, no es conveniente que lo hagan, es decir, recursos provenientes de los grandes grupos de interés o, incluso, de fuentes ilegales.
En suma, como bien lo argumenta la autora, la solución no es reducir el financiamiento público, sino repensar de forma integral los mecanismos de asignación de los recursos destinados a los partidos y a la actividad política en general, así como los criterios con los que se distribuyen, tanto en el ámbito federal como en el local. En ese sentido, debemos reiterar que el financiamiento público tiene lógica y sentido como un instrumento que, a diferencia de los recursos privados, favorece y facilita la transparencia sobre su origen y su destino, la rendición de cuentas sobre su uso y la obligada fiscalización para garantizar que el financiamiento de la política cumpla con las prohibiciones y los límites de la ley.
La democracia y el uso del dinero en la política no admite soluciones simplistas. Por eso, en el INE hemos creído que El precio de la democracia es una lectura necesaria para informar la discusión pública sobre uno de los ejes de la institucionalidad democrática de México: los mecanismos, los criterios y las normas que regulan el financiamiento de la política, hoy predominantemente pública, lo que ha permitido que en nuestro país, venturosamente, el dinero no sea un factor determinante en el triunfo electoral. Mantengámoslo así para evitar que el precio de la democracia lo paguen quienes menos tienen, cuando sus representantes respondan más al poder del dinero que al de los votos.
LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
Consejero Presidente del
Instituto Nacional Electoral
Este libro está acompañado del sitio electrónico leprixdelademocratie.fr, donde el lector encontrará todas las bases de datos empleadas, numerosas gráficas interactivas y un apéndice técnico que describe las fuentes utilizadas y presenta figuras y series complementarias.
En El precio de la democracia se mencionan numerosos partidos, organismos y ordenamientos jurídicos de varios países. Para que el lector pueda identificarlos sin ambigüedad, se emplea su nombre en la lengua original, seguido de una traducción aproximada entre corchetes, salvo en el caso de los partidos históricos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, plenamente identificables por su denominación en español. [N. del e.]
Agradecimientos
¿Por qué resulta problemático que algunos ciudadanos contribuyan financieramente mucho más que otros al funcionamiento de la democracia, por ejemplo comprando medios de comunicación, financiando think tanks o haciendo donaciones directas a los partidos políticos? La idea de este libro germinó en mi mente hace cuatro años, cuando ponía el punto final a mi libro anterior, Salvar los medios. Las distintas etapas de su gestación se dieron junto con la escritura de los artículos científicos con los que me he nutrido. En particular, mi artículo de investigación “The Price of a Vote: Evidence from France, 1993-2014” (CEPR Discussion Paper, 2018) desempeñó un papel sumamente importante en la escritura de este libro y los resultados sobre los efectos del gasto electoral en un país como Francia no hicieron más que reforzar mi convicción de la necesidad de un estudio comparativo de los diferentes modelos de financiamiento público y privado de la democracia a lo largo del tiempo. Mis primeros agradecimientos, entonces, son para mi coautora Yasmine Bekkouche, con quien llevé a cabo dicha investigación en Francia. También para Thomas Ferguson y el Institute for New Economic Thinking [Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico] (INET), por su confianza y por haber accedido a financiar este proyecto de investigación y la importante labor de recolección de datos que implicó.
Este libro debe mucho, también, a todos los otros investigadores con quienes he estudiado y sigo estudiando hasta hoy el financiamiento privado de la democracia, pues la investigación es un largo río y está muy lejos de interrumpir su flujo. En la actualidad, Malka Guillot y yo trabajamos con datos fiscales de Francia para comprender mejor el papel de las desigualdades económicas en el reforzamiento de las desigualdades políticas y, en particular, los determinantes de las donaciones a los partidos políticos y las campañas electorales. Su dominio de los archivos FELIN ha resultado valiosísimo. Agradezco al Comité du Secret Statistique [Comité de Secretos Estadísticos] y al Centre d’Accès