Y si la empresa paga salarios dignos, reparte un porcentaje de sus utilidades entre sus empleados, y contribuye con impuestos justos a la sociedad, es justo también que quienes se arriesgan a invertir en ellas y a impulsarlas como empresarios tengan la recompensa merecida de las utilidades, y que sean ilimitadas si su gestión se los permite. Una sociedad basada en la dignidad personal debe reconocer que no todos somos iguales, y que no se trata de que los trabajadores sostengan a los vagos o a los antisistema que todo lo quieren destruir, ni de alimentar el odio hacia los que más tienen. Los propietarios de las empresas deben obtener todos los beneficios que les sean posibles para compensar su inversión, riesgo, gestión y creación de empleo.
Aparte de las empresas unipersonales, en las que no puede haber empleados, para constituir una nueva empresa se requiere la presentación previa de un estudio de viabilidad ante la Oficina Económica de la Alcaldía Mayor del Municipio, que contemple el pago de impuestos y salarios justos, y la constitución de una garantía que avale la gestión y los pagos por seis meses.
No se permitirá el trabajo informal en las calles, con el perjuicio que ello causa al comercio legal y al uso del espacio público. Como se verá a continuación, serán muy pocos los impuestos a pagar por empresas y trabajadores, pero sin ellos es inviable la garantía del bien común. Y permitir o facilitar el trabajo informal es, además de tolerar condiciones de trabajo en muchas ocasiones indignas, alimentar la evasión fiscal. Por ello, cualquier trabajo que se desarrolle en el espacio público deberá tener los permisos municipales necesarios y facturar legalmente como lo hace cualquier otro negocio.
Todas las empresas, incluidas las unipersonales, sin excepción, deberán facturar con IVA y pagar al Estado los impuestos recaudados.
Las empresas pagarán el 20% de impuestos sobre el beneficio anual, como impuesto de sociedades, y al Fondo de Pensiones el 10% del total de salarios pagados durante el año. No se les podrá cobrar ningún impuesto adicional. El IVA del 10% que paguen sobre cada compra no se incluye en esos porcentajes, como tampoco se incluye el IVA sobre sus ventas ya que no es un impuesto propio sino la recaudación de un impuesto que pagan los ciudadanos al Estado a través suyo.
El 20% del beneficio anual de las empresas después de descontar el impuesto de sociedades y el aporte pensional deberá ser repartido entre sus empleados por partes iguales sin tener en cuenta ningún escalafón personal, laboral o profesional. Todos los beneficiarios deberán percibir la misma cantidad cualquiera que sea su cargo en la empresa. La propiedad de la empresa tendrá derecho al 60% del beneficio anual menos el aporte pensional en reconocimiento al riesgo de su inversión, a su esfuerzo, a su gestión y a su intención de generar empleo. De ese 60% menos el aporte pensional deberá salir el porcentaje de reinversión para la empresa. No del 20% de los empleados que también lo ha hecho posible.
Una vez determinada la cantidad que los socios quieran reinvertir en la empresa para el siguiente período, estos deberán repartir al final del ejercicio anual el porcentaje de beneficios que le corresponde a cada uno dentro del 60% obtenido menos el aporte pensional, descontando proporcionalmente de él la participación accionarial en la reinversión para el siguiente ejercicio.
Bajo ningún concepto los socios podrán retirar dinero de la empresa para su beneficio personal durante el ejercicio anual, salvo su propio salario y los gastos complementarios necesarios para el desarrollo de su actividad y que deberán estar justificados en el informe anual, ni considerar que son utilidades anticipadas o inesperadas, ya que esta apropiación puede ir en detrimento de las utilidades que la empresa pueda arrojar al final del año, de las cuales el 20% es de los empleados.
El pago de los préstamos bancarios que deban hacer las empresas tendrá que contabilizarse como gastos de funcionamiento y no como reinversión de los socios.
Las prácticas estudiantiles en las empresas deberán ser remuneradas de acuerdo con lo pactado con el sector educativo. No podrán ser gratuitas, ni remuneradas sólo son adquisición de conocimientos o experiencia, formación personal u otros conceptos que intenten justificar el impago económico debido. Cualquier trabajo de práctica, asesoría, prestación de servicios o contrato laboral en las empresas debe ser remunerado económicamente.
Los inspectores de trabajo, al igual que los inspectores de hacienda, deberán estar mínimo una semana en la empresa que visiten, cumpliendo jornada laboral completa, y deberán tener acceso a todos los documentos requeridos y entrevistarse con los empleados que consideren conveniente para recaudar la información necesaria sin que la empresa pueda oponerse de ninguna manera a ello. Las visitas deben hacerse sin previo aviso y siempre con más de un inspector para evitar la ocultación de documentos. Los inspectores podrán ver entre otras cosas el funcionamiento cotidiano de la empresa, sus métodos de facturación, las condiciones de trabajo de sus empleados, y la veracidad de los contratos registrados.
3. PROTECCIÓN Y EQUIDAD
El Estado debe procurar que la riqueza sea para todos los ciudadanos y no para las potencias económicas que llenan nuestro mercado con sus productos, muchas veces basados en la explotación humana. Por eso debe incentivar la producción nacional, establecer aranceles a los productos importados, como el IVA del 25%, y evitar la concentración de la riqueza en pocas manos protegiendo al pequeño comercio frente al que ofrecen las grandes superficies.
Por ello es recomendable como primera medida impedir la importación de productos que no vengan con la certificación de trato humanitario y salarios justos, emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se encargará de verificarla a través de sus embajadas en el país de origen.
Como medida de protección a la empresa nacional y a la comercialización de sus productos, el pequeño comercio deberá tener libertad de horarios siempre que se atenga a las normas cívicas establecidas por los ayuntamientos encargados también de garantizar el descanso de los ciudadanos, mientras que el comercio de grandes superficies no podrá abrir los días festivos ni más de 8 horas al día.
4. CRÉDITOS BANCARIOS
La democracia debe defender las necesidades y proyectos de los ciudadanos, como sistema que los representa, y promover el aumento del consumo para que puedan alcanzar un mayor desarrollo económico. Así mismo el sistema debe evitar que el enriquecimiento de unos se pueda producir por abuso a los demás. Porque una cosa es que en la libre competencia el negocio de una persona progrese y ello ocasione pérdidas o reducción de beneficios a otros actores que participan en el mercado de la oferta y la demanda, y otra muy distinta que se permita por ejemplo la usura. Aunque se disfrace de beneficio legal por los límites que se le establecen.
En el caso de los bancos, el sistema debe prestar especial atención porque al tratarse de entidades indispensables para los ciudadanos se pueden presentar abusos en su gestión.
Los bancos como entidades financieras tienen la potestad de conceder créditos a los ciudadanos, y para ello hacen los estudios de factibilidad de pago del préstamo por parte que quien lo recibe, ajustándose a las tasas de interés permitidas por la ley. Pero no siempre la ley defiende al ciudadano, como se puede comprobar en muchos otros campos, y como ocurre en éste. Quienes toman los préstamos se ven obligados a aceptar tasas de interés tan altas, que a veces los intereses alcanzan a duplicar el capital concedido.
A continuación planteo unas nuevas condiciones para los créditos que puedan conceder las entidades financieras a los ciudadanos, convencido de que ambos pueden resultar beneficiados. Lógicamente son muy diferentes a las que se permiten hoy en día y por eso soy consciente de que para muchos bancos pueden no resultar atractivas. Por eso abro la posibilidad al Banco Central del Estado, como responsable del manejo de los recursos del Ministerio de Hacienda, de conceder préstamos a los ciudadanos cuando estos demuestren que fue imposible obtenerlos a través de la banca privada.
La libertad de empresa seguiría existiendo con estas medidas, sólo que dentro de unos parámetros de justicia social generalmente ignorados por el capitalismo salvaje. El Ministerio de Industria y Comercio será el ente encargado de vigilar que se cumpla lo establecido para todas las empresas privadas.
Las condiciones para los