Tras leer Caso Bombas. La explosión en la Fiscalía Sur no puedo dejar de pensar en cuántas personas inocentes pasan sus días, estos días, en la cárcel.
A comienzos del siglo XX el poeta Vicente Huidobro decía respecto de la justicia:
La Justicia de Chile haría reír, si no hiciera llorar. Una Justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y en el otro platillo, un queso. La balanza inclinada del lado hacia el queso. Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la Crucifixión, acariciando en su bolsillo las treinta monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas. Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y solo abierto el otro que se dirige a los pequeños, a los débiles.
¿Tendremos que decir lo mismo sobre nuestros medios de comunicación?
Alejandra Matus
Periodista, MPA/Harvard University,
Académica Universidad Diego Portales
Autora de El Libro Negro de la Justicia Chilena.
Un día antes de que este libro se fuera a imprenta, el Tercer Tribunal Oral de Santiago determinó la absolución de todos los imputados. La jueza Marcela Sandoval estableció, en representación de dicho Tribunal, que varias de las indagatorias realizadas por las policías y las fiscalías (Oriente y Sur) eran incongruentes y fueron obtenidas con infracción de garantías. Algunas de ellas, incluso, de manera ilícita; por ejemplo, la información entregada por los “informantes secretos”.
El Tribunal también increpó a la Fiscalía Sur por su “parcialidad” al no contemplar otras líneas de investigación debido a prejuicios.
Se dijo que las pruebas presentadas no acreditaban los extremos necesarios para considerar “conductas terroristas” y que la Fiscalía había atribuido estas conductas a personas “por el hecho de vivir en casas okupa”.
También se argumentó que el Tribunal no podía ir más allá si la acusación presentada por el Ministerio Público estaba mal hecha. Tanto así, que ésta contemplaba estallidos que habían ocurrido en lugares distintos a los indicados en el juicio oral.
Fue así como Francisco Solar, Gustavo Fuentes, Felipe Guerra y Mónica Caballero fueron absueltos por el delito de colocación de artefactos explosivos; y Omar Hermosilla y Carlos Riveros por financiamiento del terrorismo.
Quince días antes habían trascendido a la luz pública casi una decena de pericias entregadas por las policías que no fueron firmadas por quienes las suscribían, y el Ministerio del Interior y la Fiscalía Sur habían intentado recusar a tres de los jueces a cargo para evitar la declaración del ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter. Finalmente, y a pesar del recurso, el Ministro declaró, aseverando que él no tuvo ninguna participación en la investigación y recalcando a la jueza su investidura: “Soy el Ministro del Interior”, dijo dos veces.
Esta investigación cuenta parte de la historia, incluyendo decenas de indagatorias irregulares por parte de los organismos persecutores; el operativo del 14 de agosto, el recorrido de la Fiscalía Sur –desde su creación– y de quien fuera por años su fiscal regional, Alejandro Peña. También incluye episodios de la prisión de los imputados, el rol de los testigos secretos y testimonios de quienes se quiso involucrar, sin pruebas ni antecedentes, en este caso.
Es parte de la historia de lo que en la mañana del 1 de junio de 2012, en los patios de Tribunales, fuera denominado por algunos como el fracaso más grande del Ministerio Público desde la creación de la Reforma Procesal Penal.
La Autora
1. El operativo
El 14 de agosto de 2010 se concretaba el “gran golpe” contra los supuestos culpables de una serie de atentados con bombas ocurridos en Santiago en los últimos años. La denominada Operación Salamandra culminó exitosamente con la detención de catorce personas acusadas de Asociación Ilícita Terrorista en el marco del ya denominado Caso Bombas y en medio de un despliegue mediático portentoso. Parecía que asistíamos al comienzo del fin de los bombazos que tanto “atemorizaban” a la población y, sobre todo, preocupaban al Gobierno de la Alianza. Parecía que un grupo de hombres del Ministerio Público se erigirían como los grandes héroes del combate al “nuevo terrorismo” en Chile. Parecía…
Exactamente dos meses antes de aquel sábado de agosto tan noticioso, alrededor de veinte cajas tipo memphis habían llegado a la sala de reuniones del sexto piso de la Fiscalía Sur, ubicada a la salida del metro San Miguel, en la comuna de La Cisterna. Las traía el mismísimo fiscal regional metropolitano sur Alejandro Peña, junto a Héctor Barros, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía. Todo esto porque el fiscal nacional, Sabas Chahuán había despojado del Caso a la Fiscalía Oriente, acogiendo un llamado del Gobierno que no dejaba de presionar por las constantes explosiones en cajeros automáticos, supermercados o iglesias del barrio alto.
Hasta ese instante no existía ningún procesado en la investigación que encabezaba Xavier Armendáriz.
El último bombazo había ocurrido en el tercer cordón de seguridad establecido para la casa del Presidente de la República, Sebastián Piñera. El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se mostraba indignado ante la prensa, acusando a Armendáriz de “lentitud”, especialmente luego que la Brigada Insurreccional Andrés Soto Pantoja, que se atribuyó el atentado, señalara en un comunicado: “Atacamos a tres cuadras de la casa de Piñera, vulnerando su poder, su control; nada más digno para nuestras vidas”.
Y Chahuán cedía ante el enojo gubernamental. Era mucho lo que estaba en juego: promesas de campaña del presidente Piñera y los dineros del famoso plan de fortalecimiento para el Ministerio Público.
Así lo contaba oficialmente la Fiscalía Nacional:
Alejandro Peña desarrollará la investigación con el apoyo de los fiscales adjuntos a su cargo, con plena coordinación con el equipo encabezado por el fiscal regional metropolitano oriente Xavier Armendáriz, quien hasta hoy dirigió la investigación y que tiene a su cargo otras causas complejas que obligan a una adecuada distribución de las tareas de persecución.
Lo que ese texto obviaba eran todas las presiones que había recibido el Ministerio Público para resolver esta causa. En lugar de ello, hablaba de una futura coordinación entre las fiscalías, que nunca existió.
Las cajas que llevó Peña ese día contenían centenas de carpetas investigativas del ya denominado Caso Bombas, pero además, una sorpresa: como una suerte de venganza, la “Oriente” había enviado también las dos carpetas de otra causa igualmente mediática, la de Mohammed Saif Ur Rehman: el paquistaní.
En la primera reunión de trabajo que tuvo la “Sur” tras la designación de Peña en junio, a nadie le hizo gracia la “movida” de Armendáriz y compañía. Un caso no tenía nada que ver con el otro. De hecho, se decía que el vínculo comprobable entre ambas investigaciones era una llamada de la pareja de Pablo Morales –el supuesto líder de la asociación terrorista tras los atentados–, Ingrid Toro, y el paquistaní, al mismo teléfono. Teoría que el ministro Hinzpeter había creído a pie juntillas, llevado por la opinión de la Jefatura de Inteligencia de Carabineros:
“Hay llamados telefónicos que según la información que yo tengo, conectan el teléfono de Mohammed Saif Ur Rehman Khan con personas que pertenecieron al grupo Lautaro, que también estuvo participando en procesos de bombas”, declaró a radio ADN el 22 de julio del 2010.1
Pero el teléfono al que habían llamado Ingrid Toro y Mohammed, según descubrió un oficial de la Dipolcar, correspondía a una central telefónica que recibía un promedio de 100.000 llamadas por día.
Entonces,