Fuente: Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2001, p. 130).
Definiciones sobre política pública hay muchas, pero tomaremos aquella que contempla los principales elementos sobre los que existe un cierto consenso en la bibliografía postulando que una política pública se definiría como “… una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo” (2008, p. 38).
Definición de una política pública
Fuente: Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2001, p. 44).
Esta noción de política pública reúne las acciones tanto normativas como administrativas que procuran mejorar los problemas reales y alcanzar los efectos deseados de un conjunto de decisiones complejas. Concentra las decisiones correspondientes a todas y cada una de las etapas de la acción pública e incluye tanto reglas generales y abstractas (leyes, decretos, etc.), como actos individuales y concretos producidos durante la ejecución de las mismas (decisiones administrativas, autorizaciones, subvenciones, etc.). A partir del resultado que arroje la evaluación de las políticas públicas, se presentan tres posibles opciones: “su continuidad o mantenimiento, su modificación o sucesión, y su finalización, decisión que significa el re-inicio de los procesos” (Pallarés, 1988).
3. Las políticas culturales
Según F. Antoine y S. Brablec (2011), las políticas culturales tuvieron su inicio cuando el gobierno de Grecia asumió la responsabilidad de favorecer ciertas prácticas artísticas y/o deportivas entre la población de las ciudades-estado. Los autores aclaran que si bien existen antecedentes de bibliotecas en los pueblos egipcios, sitúan en Grecia el inicio de una preocupación más estructural por los asuntos culturales de la ciudad-estado.
El surgimiento de los derechos culturales se fundamenta en la igualdad de todos los seres humanos, de donde se derivan la promoción de la libertad cultural, la protección de la memoria y de la identidad cultural, el respeto por la diferencia, el compromiso con la democracia y el estímulo de la creatividad, etc., aspectos todos considerados indispensables en la búsqueda de un desarrollo integral y pleno de las comunidades, basado en una convivencia pacífica entre los pueblos. Por lo tanto las políticas culturales serán aquellas decisiones que el Estado toma y traduce en acciones que implementa a través de los instrumentos burocráticos que correspondan para favorecer el desarrollo cultural. En su rol de velador de los derechos de todos los ciudadanos, el Estado deberá articular políticas que involucren a los organismos de cultura y educación (García Canclini, 1987; Olmos, 2008; Margulis, Urresti y Lewin, 2014).
Según el informe producido por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en 2010, la desigualdad social aparece como una marca homogénea en América Latina y la atribuye al fracaso histórico del Estado en lo que se refiere a la construcción de políticas públicas capaces de combatir las disparidades socioeconómicas y mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos. El mismo informe también señala que, si bien hubo avances en las políticas sociales y en la descentralización de la administración pública iberoamericana, los funcionarios responsables de la implementación de las políticas adquirieron mayor jerarquía, pero esto no ha sido acompañado –hasta el momento– por una inversión en su cualificación. Por ello, advierte sobre la necesidad de mejorar la interrelación entre formulación y ejecución de las políticas públicas.
El gráfico que se incluye a continuación representa las políticas públicas como un ciclo que comienza con el surgimiento de los problemas y se extiende hasta la evaluación de los resultados.
Fuente: Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2001, p. 43).
La literatura nos dice que la política cultural es entendida como una ciencia de la organización de las estructuras culturales y por lo general constituye un programa de intervenciones realizadas por el Estado (por tratarse de una política pública en un área específica), instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios con el objeto de satisfacer las necesidades culturales de la población y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas. Las problemáticas referidas a lo cultural se han instalado de manera tal que el concepto integral de cultura se ha convertido en uno de los ejes principales de investigación de diversas áreas como la economía, la sociología, la semiótica y la comunicación, entre otras.
Las intervenciones del Estado transforman la cultura en un sentido muy amplio cuando este realiza obras públicas, urbaniza ciudades o pueblos, dicta leyes que regulan las comunicaciones, tiende redes de fibra óptica, redacta contenidos básicos para los niveles educativos, implementa planes de salud, etc. El Estado aquí está interviniendo en la cultura porque afecta los “sistemas de producción, circulación, distribución y reconocimiento de sentido” (Margulis, Urresti y Lewin, 2014, p. 11).
Cabe aquí preguntarse, si los gobiernos contemplan la transversalidad de la cultura y no desde una cuestión solo semántica sino implementando políticas diseñadas estratégicamente, de manera que contribuyan al desarrollo cultural desde una concepción democratizadora e integral. En palabras de Margulis, Urresti y Lewin (2014), con un enfoque más sociosemiótico que ilustrado-humanista o estético-ilustrado.
Es interesante el planteo de Margulis cuando expresa que algunos cambios significativos de aspectos de la cultura tienen su origen en intervenciones deliberadas del Estado. Y, refiriéndose nuevamente a las dos concepciones de cultura planteadas (estético-ilustrada y sociosemiótica), aclara que estas no solo no son excluyentes, en lo que se refiere a las intervenciones del Estado, sino que en algunos casos pueden observarse ambas de manera bastante evidente: “el caso típico de la educación, que es la política cultural más notoria y persistente”, en la que se destaca la tradición estético-ilustrada de la cultura (enseñanza de las matemáticas, literatura, etc.), pero que también tiene aspectos de la concepción sociosemiótica de la cultura, ya que incluye códigos estéticos y éticos (2014, p. 17).
De lo aportado por la literatura se puede concluir que si la cultura contribuye a generar pensamiento crítico y, por tanto, a la transformación de la sociedad, democratizar la cultura coadyuvará al crecimiento en todos los ámbitos. Sería posible afirmar que una sociedad educada en la búsqueda del pensamiento crítico desarrollará el gusto por el arte y aportará al crecimiento económico y cultural de la misma.
Según los autores consultados, las políticas culturales pueden ser clasificadas conforme sus motivaciones, legitimaciones y fuentes, pudiendo seguir la lógica de la oferta (apoyo a los artistas, a la creación y al mantenimiento de una infraestructura adecuada) o la lógica de la demanda (políticas preocupadas por la formación y estímulo de los públicos).
Pensado desde la demanda, Olmos identifica las claves para delinear una política cultural y propone por un lado potenciar las políticas de creación de demanda por encima de las de oferta (donde se torna capital la formación del público), y por el otro, interrelacionar los programas culturales con las escuelas, ya que la “educación contribuye a sostener y/o cambiar una cultura” (2001, p. 45).
Las políticas culturales se presentan de diversas maneras, según la ideología de que se trate. Es posible agruparlas en tres tipos: políticas de dirigismo cultural, de liberalismo cultural y de democratización cultural. De la misma forma, si se pone el foco en el modo de actuación, las políticas culturales pueden definirse como de intervención, de coordinación o de cooperación.
4. Cultura y Estado
Si se abordan los diferentes aspectos de este territorio que es la formación de públicos, no solo habrá que detenerse en los derechos culturales y las políticas públicas en cultura. Será necesario analizar la puesta