Los Perúes de las condiciones físicas
Dos condiciones en las que aún se quiere trabajar intensamente en el Perú para que sea un país más inclusivo son la discapacidad física y la orientación sexual. En países como Sudáfrica, la traducción literal del término en inglés challenged people sería «personas retadas», con un aire aspiracional. En cambio, aquí en el Perú, la discapacidad física (o disabled people) aún no ha sido abordada como en otros países de la región. Existen varios tipos de discapacidades: para ver, oír, hablar, moverse y entender. Según el censo de 2017, en el Perú, 1 de cada 10 personas tiene al menos una de estas discapacidades; esto significa más de 3 millones de personas. En particular, la dificultad de visión es la más común, pues afecta al 5% de la población del país. ¿Qué consecuencias se generan? El 64% de la población con alguna discapacidad no continúa con sus estudios más allá del nivel primario (INEI, 2015a). Según Magaly Vilca (Cuartero, 2018), representante de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, esto se debe a la falta de acceso a material educativo especial que debe proveer el Estado. De ahí que aquellas personas con discapacidad que sí cuentan con recursos económicos pueden aspirar a contar con educación básica completa y de calidad. Aún más, el Estado peruano está lejos en su actuar, a diferencia de otros países vecinos como Chile o Bolivia, pues no solo no existe un esquema de pensión por discapacidad (Maldonado, 2004) sino que aun el combate a la discriminación laboral (Maldonado, 2007) se ha congelado a nivel normativo con la Ley N.º 29973 y con la poca fuerza en la ejecución de la ley. En suma, el Perú de quienes sufren alguna discapacidad física aún no cuenta con un Estado capaz de luchar contra el ausentismo escolar, la discriminación laboral y la falta de compensación por invalidez.
Los Perúes de la orientación sexual
La discriminación por orientación sexual es aún más invisibilizada, pero existe (Cáceres, Talavera, & Mazín Reynoso, 2013). La discriminación, exclusión, marginación y estigmatización contra quienes tienen una orientación diferente de la heterosexual es tangible, aunque aún no estadísticamente visible, en el Perú. Algunos hallazgos de la encuesta, por autoselección, del INEI (2018f) revelan que el 62,7% de los integrantes de la comunidad LGBTI ha sufrido comúnmente discriminación o violencia en espacios públicos. Por ello, el 56,5% de ellos siente temor de expresar su orientación sexual (INEI, 2018f) y ello obliga a esta población a vivir en silencio, en el anonimato o en la oscuridad. De ahí que la salud mental de las personas LGBTI se vea afectada, pues la exclusión social y la exposición a la agresión por parte del entorno (Cáceres et al., 2013) inducen la adquisición de patrones, actitudes y comportamientos muy diferentes de los que una persona pueda expresar libremente con respecto a su sexualidad. Incluso existe una jerarquía (como construcción social) de la conducta sexual: en la cúspide, los heterosexuales reproductores casados tienen el respeto social, mientras que, en el otro extremo, los homosexuales son estigmatizados (Fernández, 2014). En síntesis, los peruanos de la comunidad LGBTI están sujetos a un ambiente tan negativo que incluso ello se ha expresado en negarles la unión civil como opción para formalizar una relación con derechos y compromisos, tal como existe en más de 25 países del mundo. Sin embargo, la elección o nominación de autoridades públicas de la comunidad LGBTI comienza a dar esperanzas de visibilizar la discriminación de una minoría.
Los Perúes desde los derechos y tareas del Estado
A lo largo de la construcción de una vida, los peruanos también enfrentan diferencias en campos en los que el Estado debería cumplir un rol más firme, como proteger los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. Lamentablemente, cada miembro del hogar, dependiendo de sus condiciones económicas y de origen, debe vivir otros Perúes con marcadas diferencias en cuanto al acceso, el uso y la estabilidad de servicios sociales básicos.
Los Perúes de la salud
El acceso a la salud en el Perú es desigual y depende de múltiples condiciones. Un estudio de EsSalud (Cetrángolo et al., 2013) identifica que las condiciones más importantes son la disponibilidad de recursos, el peso de los pagos directos de las familias y aspectos culturales como el desarrollo particular de cada región. Esto último se explica porque existe una brecha regional en la capacidad de proveer servicios de salud en los ámbitos geográficos menos desarrollados (Cetrángolo et al., 2013). La brecha no solo es de infraestructura. Según el censo de 2017 (INEI, 2018a), el 24,53% de la población, más de 7 millones de personas, no tiene un seguro de salud. Por ello, en el año 2019 se decretó la universalización del Seguro Integral de Salud (Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud). De manera similar, existe una «brecha de atención», el porcentaje de partos asistidos por un médico en zonas rurales es de tan solo el 40,7%, versus el 74,3% en el caso de las zonas urbanas (INEI, 2017e). Las variables que explican la atención son el nivel educativo de la madre, la condición de asegurada de la madre y la infraestructura del distrito (Dammert, 2001). Pero no solo las brechas de salud son de preocupación, también llama la atención la discriminación hacia las personas enfermas, con mayor notoriedad hacia aquellas que tienen tuberculosis, VIH/sida (Bonilla, 2008) o algunas recientemente identificadas como raras. En suma, las brechas de salud afectan siempre más a los más pobres, a los menos educados y a las personas con enfermedades crónicas complejas, en particular. El Estado todavía tiene una deuda social con el Perú de los enfermos y pobres.
Los Perúes de la educación
La educación es un derecho de todos, pero no todos acceden a una de buena calidad. Quienes luchan por conseguir un sueldo mínimo vital, o sobrevivir con un ingreso menor que este, solo pueden enviar a sus hijos a un colegio público. Mientras que quienes pueden pagar al menos seis sueldos mínimos vitales mensuales como pensión en colegios bilingües privados obtienen una educación que les permite incluso estudiar en universidades del exterior. Cuando uno mira al Perú de los escolares indígenas, no solo hay un problema de oferta educativa sino de demanda. El 15% de los adolescentes indígenas del Perú no asisten al colegio (porcentaje que se ubica bastante por encima del promedio nacional) y ello se traduce en un nivel alto de atraso escolar, del 67,66% (Vásquez et al., 2009). El drama escolar de los indígenas es preocupante: uno de cada cinco peruanos que pertenece a una minoría étnica no termina la escuela primaria. Estas desventajas de acceso y progreso tienen consecuencias en su inserción futura al mercado laboral y al bienestar (Castro, Yamada, & Asmat, 2012). Maldonado y Ríos (2006) reportan una brecha racial de educación: una persona caucásica tiene alrededor de cinco años más de educación, en promedio, que una persona de origen quechua. De manera similar, la población afroperuana tiene un bajo nivel de logro educativo (MIMP, 2012), con lo cual su probabilidad de salir de la exclusión racial es limitada. ¿Qué se puede esperar en cuanto a logros si todavía el Estado está muy restringido en su oferta? Poco, pues aún la brecha de infraestructura educativa de S/ 63.000 millones entre las zonas urbanas y rurales (Minedu, 2017) aviva dos Perúes inconexos. Por un lado, es posible distinguir entre quienes obtuvieron algún grado de educación y quienes no lograron ninguno. Por otro lado, dentro del grupo de aquellos que sí obtuvieron algún nivel de educación, también se diferencia entre aquellos que gozan de futuros prometedores y quienes no podrán movilizarse socialmente o salir de su situación de privación. Como indica el afamado tema musical, muchos aún podrán cantar «El baile de los que sobran».
Los Perúes del trabajo
La Constitución Política del Perú sentencia que todo peruano posee derecho a trabajar libremente conforme a ley. Sin embargo, al observar al mercado laboral, se aprecia que el 72% de los trabajadores