Cuando los accionistas apuestan por lo verde
La selva de concreto que es Nueva York podrá encontrarse muy lejos de las verdaderas selvas de Malasia e Indonesia, pero el contralor del Estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, ha liderado una campaña en nombre del Fondo Común de Jubilación del Estado de Nueva York dirigida a cambiar las actividades de abastecimiento de aceite de palma de las empresas con el fin reducir la deforestación. En 2013, DiNapoli presentó una resolución para los accionistas requiriendo que Dunkin’ Donuts abordara los problemas ambientales asociados a la producción de aceite de palma. Posteriormente retiró la resolución cuando Dunkin’ Donuts acordó mejores informes, abastecimiento sostenible, el cumplimiento de los proveedores y respaldar una moratoria sobre la deforestación.92 DiNapoli obtuvo concesiones similares de Sara Lee Corporation en 2010 y de JM Smucker Company en 2013. "El valor para los accionistas incrementa cuando las empresas toman medidas para abordar los riesgos asociados con las prácticas ambientales que promueven el cambio climático", dijo.93
El Fondo Común de Jubilación del Estado de Nueva York se encuentra entre el creciente número de inversores institucionales preocupados por cuestiones ambientales o sociales. Algunas de estas instituciones, como los inversores afiliados a las ONG e instituciones religiosas están presionando por la protección del medio ambiente por razones éticas (“hacer el bien”). Otros podrían estar motivados por preocupaciones financieras (como la reducción de los riesgos percibidos y los costos de las prácticas de negocios insostenibles).
Como mínimo, estos inversores buscan una mejor divulgación de los riesgos potenciales que acechan en las cadenas de abastecimiento de las empresas; los cinco principales tipos de propuestas ambientales motivadas por las intervenciones de activistas requieren de rendición de informes.94El CDP (anteriormente el Proyecto de Divulgación de Carbono, por sus siglas en inglés), que representa a 822 inversionistas institucionales con $95 billones en activos bajo su administración, indujo a miles de empresas públicas a revelar sus impactos de carbono, agua y desechos, y reportar sus esfuerzos para reducir estos impactos95 (vea el capítulo 3). Un análisis de 700 empresas durante un período de cinco años encontró que el riesgo ambiental percibido por las empresas se veía más afectado por las resoluciones ambientales de los accionistas que por los ataques de las ONG96, aunque no está claro cuántas de las acciones de estos inversores fueron motivadas por las acciones de las ONG.
Crecientes restricciones regulatorias
Desde el nacimiento de la nación estadounidense en 1776 hasta 1963, se aprobó un total de cinco leyes de protección ambiental. En los siguientes 40 años se promulgaron 27 nuevas leyes ambientales de importancia, con un número que sobrepasa las 51 si se incluyen leyes de salud y seguridad ocupacional que restringen las actividades corporativas97. Más allá de acelerar la promulgación de nuevas leyes, las leyes existentes se han vuelto más estrictas. Por ejemplo, el límite de emisiones de los automóviles de pasajeros en los Estados Unidos se redujo de 3,1 gramos de óxido de nitrógeno por milla en 1975 a 0,07 gramos en 2004, una reducción del 98% .98
Requisitos regulatorios
A partir de 2016, la mayoría de los gobiernos en el mundo desarrollado ha introducido y hecho más estrictas las regulaciones sobre las actividades corporativas. Muchas de estas regulaciones se aplican a contaminantes específicos del aire, agua y desechos sólidos. Los informes sobre el cambio climático provocado por la acción humana han motivado a los gobiernos a empezar a regular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de una amplia gama de fuentes. Los GEI incluyen CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles, además de gran cantidad de otros gases como el metano, óxido nitroso (de fertilizantes), refrigerantes y otros gases con algún efecto CO2 equivalente (CO2e) que impiden la fuga de calor hacia la atmósfera. En 2007, la Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que las emisiones que causan el cambio climático están sujetas a las regulaciones de la EPA bajo la Ley de Aire Limpio, mientras se queda a la espera de hallazgos científicos que demuestren que las emisiones de GEI ponen en peligro la salud y el bienestar público.99 El “hallazgo de peligro”100 emitido por la EPA en 2009 estableció exactamente eso y dio lugar a nuevas regulaciones de emisiones para plantas de energía, plantas industriales y automóviles.101
La tendencia a una mayor regulación, como es evidente en los países desarrollados, también podría echar raíces en las naciones en vías de desarrollo. La creciente clase media de estos países exige cada vez más aire, agua y alimentos limpios, así como la preservación del medio ambiente natural, lo que lleva a más regulaciones y políticas de cumplimiento mucho más estrictas. En abril de 2014, China inició la lucha contra su severo problema de contaminación, instaurando algunos de los mayores cambios a sus políticas en 25 años.102 Incluso se especuló que el gobierno chino podría gravar con impuestos la gasolina para financiar automóviles eléctricos.103 Las regulaciones, sin embargo, varían ampliamente en alcance, rigor y costos asociados.
Los requisitos regulatorios van desde demandas de divulgación, requisitos “suaves”, mecanismos de mercado para inducir a las empresas a actuar, hasta estrictas leyes de “Debes hacer” que afectan la manera en que las empresas gestionan la sostenibilidad (ver el capítulo 10). Las regulaciones ambientales pueden, incluso, aplicarse de forma retroactiva.
Los pecados de los padres
En la década de 1940, Hooker Chemicals and Plastics recibió permiso de Niágara Power and Development Company para verter desechos industriales en un canal nunca terminado en las Cataratas del Niágara, Nueva York. Utilizando prácticas legales aceptadas durante esa época, Hooker drenó el canal, lo recubrió con arcilla pesada104 y, entre los años 1940 y 1950, vertió más de 21,000 toneladas de desechos químicos en él.105Hooker selló el vertedero con más arcilla y tierra. En 1953, la Junta de Educación de las Cataratas del Niágara compró el terreno por $1. Hooker reveló la presencia de los desechos tóxicos a la Junta de Educación e incluyó una explícita cláusula de indemnización en las escrituras del terreno.106
A pesar de conocer lo que había en el terreno, la Junta de Educación de las Cataratas del Niágara construyó una escuela primaria en una parte de la propiedad y vendió otros lotes para desarrollo residencial. La construcción removió parte del sello de arcilla y rompió las paredes de arcilla de la fosa de desechos. En la década de 1960, los residentes empezaron a quejarse de olores y residuos, especialmente cuando los niveles de agua subían por efecto de las lluvias.107 El vecindario también experimentó explosiones causadas por la filtración de sustancias químicas en patios traseros y piscinas. Love Canal (El Canal del Amor), llamado así por su primer promotor en 1892, se convertiría en uno de los desastres ambientales más infames de los EE. UU.
A fines de la década de 1970, las pruebas realizadas en Love Canal revelaron la presencia de un brebaje infernal de materiales tóxicos tanto en el suelo, como en el agua de las bombas de sumidero en sótanos, en el aire de las casas y en arroyos en la cercanía. Casi 200 familias en las inmediaciones fueron evacuadas. Estudios posteriores revelaron altas tasas de abortos espontáneos, defectos de nacimiento, enfermedades mentales y diversas enfermedades entre los residentes de Love Canal, especialmente aquellos que residían en las áreas más húmedas del proyecto residencial.108 Eventualmente, el gobierno acordó evacuar a un total de 950 familias que vivían en y alrededor del antiguo vertedero, así como limpiar el sitio.
Love Canal y otros sitios similares desencadenaron la aprobación de la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad (CERCLA) de 1980 (también conocida como “Superfund”).109 La ley asignó a la EPA obligar a las partes responsables a realizar, pagar o reembolsar al gobierno por la limpieza de los vertederos.110 Los residentes de Love Canal, el estado de Nueva York y el gobierno federal presentaron demandas contra Occidental Petroleum, que había comprado Hooker