Fue en el Senado donde el proyecto dio un giro brusco. En sesiones de su Comisión de Energía, entre fines de 2017 y enero de 2018, se reactivó el proyecto de ley que habían presentado los diputados y cuya tramitación estaba congelada desde agosto de 2016. Eran las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet y el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, con premura se movió en el Senado para aprobar el proyecto. Así lo declararon varios parlamentarios a Ciper.
A la Comisión de Energía asistió el ministro Rebolledo, la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, y otros personeros de esa repartición. Fue la subsecretaria la que inició la ofensiva frente a los senadores: “Abogó por la conveniencia de que el articulado precise a quién corresponde la titularidad del derecho de dominio sobre el medidor”, se lee en el informe de la Comisión de Energía.
El diputado Sergio Gahona (UDI) asistió a esa comisión del Senado para resguardar el proyecto original. Ante la propuesta de la CNE los convidó a presentar una indicación “que aclare el punto”, pero resguardando el menor costo posible para el usuario. Luego habló la senadora Isabel Allende (PS): “Señaló que, en su opinión, el medidor debe ser de propiedad de la empresa. Una vez instalado, ha de ser entregado en arriendo al usuario”.
La subsecretaria Jara apuntaló esa idea: “La tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos”. Fue entonces que el secretario ejecutivo de la CNE (Andrés Romero), lanzó la propuesta del gobierno. Las compañías eléctricas debían ser dueñas de medidores y empalmes (el cableado que lleva la electricidad a las casas), y que al ser estos parte de la red de distribución su instalación y mantención debían ser cargados a la tarifa que pagan los usuarios. Instó a los senadores a hacer suyas esas propuestas para agilizar el trámite legislativo.
Así fue. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad y el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, donde se tramitó sin discusión y también fue aprobado por todos los diputados.
La rabia ciudadana se ha expresado en las redes sociales con creativos memes relativos al tema.
Nadie planteó una crítica. Según el reporteo de Ciper, ningún parlamentario se percató de los cambios de fondo que se le habían hecho a la iniciativa. Eso solo se explica porque ningún diputado
—ni ninguno de sus asesores— leyó el proyecto antes de votar.
La idea del recambio tecnológico de medidores no se le ocurrió súbitamente a la CNE a fines de 2017. El cambio venía siendo planteado por las empresas a las autoridades desde al menos 2015.
A nivel internacional los medidores inteligentes ganan terreno: son parte de una actualización necesaria del sistema eléctrico y ofrecen beneficios que pueden ser aprovechados si su instalación está sujeta a una regulación eficiente.
Eso fue exactamente lo que no pasó en el Congreso de Chile. Esa regulación fue discutida y votada en tiempo récord en el Senado. Ciper conversó con senadores y diputados, y observó que hay un conocimiento muy rudimentario del complejo entramado que encierra este cambio tecnológico, así como de los nuevos negocios que se abren para las empresas eléctricas con su instalación.
En el desarrollo de esta investigación, Ciper encontró una reunión realizada el 20 de abril de 2015 entre el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, y las cabezas de Enel. Entre los ejecutivos de la empresa de capitales italianos que llegaron al despacho del ministro, estaba Jorge Rosenblut (PPD), quien fue indagado por el Ministerio Público por su rol en el financiamiento ilegal de la precampaña de Michelle Bachelet. ¿Se habló en esa cita de medidores inteligentes?
Ciper se lo preguntó al exministro Pacheco. Su respuesta fue concisa: “Es un tema que siempre planteaban las empresas”.
El negocio de los medidores
En medio de la discusión que se abre sobre las condiciones en que operan las empresas distribuidoras de electricidad en Chile, el Ministerio de Energía intentó reducir el enojo ciudadano anunciando un acuerdo con tres de las principales empresas distribuidoras —Enel, Saesa y Chilquinta— para que se le pague $ 10 mil a los usuarios que son dueños de sus actuales medidores (70 % del total) luego de que estos sean cambiados por aparatos inteligentes. CGE, el cuarto gran actor del sistema, medita.
La cifra puede parecer pequeña, considerando que los medidores inteligentes que ya han sido instalados tienen un costo de $ 87,5 mil (determinado por la CNE). Aun así, lo que esta no ha aclarado es que es probable que esa suma no sea la definitiva. ¿La razón?: el “Anexo Técnico”, que fijará por ley las características que deben tener los medidores inteligentes que se usarán en Chile, aún no está listo.
Desde la CNE informaron a Ciper que la consulta pública sobre este tema finalizó recién el 13 de marzo. A ello se suma otro dato desconocido: el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando una consulta pública internacional al respecto y que también entrará en la discusión. Como sea, ese “Anexo Técnico” debiera publicarse y empezar a regir en julio.
Recién ahí se sabrá si los más de 250.000 medidores inteligentes que ya ha instalado Enel cumplen con la norma o si deberán ser nuevamente cambiados. Esos medidores fueron comprados a una filial de su mismo holding: E-distribuzione, empresa con sede en Italia. Así lo reconoció en 2016 el encargado de medición inteligente de Enel para Latinoamérica, Gianni Cereni: “El medidor es fabricado y distribuido por E-distribuzione SpA, compañía del mismo Grupo Enel y que lleva más de 15 años de experiencia en Smart Metering”.
La adquisición de esos medidores no fue licitada a pesar de que ese fue uno de los puntos que la CNE comprometió ante los parlamentarios durante la tramitación del proyecto. Hasta ahora, el negocio para Enel ha sido redondo: se compra a sí misma los medidores inteligentes y el costo lo pagan los usuarios.
Fuentes de Enel aseguraron a Ciper que para que los nuevos medidores funcionen requieren de una serie de requisitos, por ejemplo, estar conectados a internet. Actualmente la empresa tiene un contrato con Movistar y con Claro para acceder a esa conexión, pero al interior de la empresa señalan que se firmó un convenio internacional y que será Claro la que proveerá el servicio de internet.
El negocio para Enel y las otras compañías que se beneficien de este monopolio, no incluiría solo la compra y venta del medidor. Desde Enel señalaron en enero de 2017 a El Mercurio que “no solo se incluye el equipo, sino también el sistema de comunicación, los concentradores de datos y el sistema de gestión”.
Pero los nuevos negocios para las empresas distribuidoras podrían ir más allá. En Dinamarca la nueva tecnología incluyó la posibilidad de que los consumidores puedan comprar una mayor cantidad de servicios relacionados. Entre esos está el que se pueda apagar de forma remota los electrodomésticos o controlar la temperatura de los calefactores a través del teléfono. La pregunta surge de inmediato: ¿quién los rentabilizará? ¿Las mismas distribuidoras? De ser así, y de mantenerse el sistema regulatorio chileno actual, los medidores inteligentes abrirán un nuevo millonario negocio también monopólico para las empresas eléctricas.
¿Bajan o suben las tarifas?
Si bien desde el gobierno se aseguró que la instalación de los nuevos medidores no tendrá aparejado un aumento de las tarifas de electricidad, ese dato choca con la experiencia internacional. Un informe preparado por la Fraunhofer Chile Research para Corfo en 2014 revisó lo que ha pasado con las nuevas tecnologías eléctricas en el mundo.
En ese informe se constata que en algunas regiones de Estados Unidos los usuarios han reclamado por “el incremento en los costos de la electricidad que ha acompañado a los medidores inteligentes”. Algo similar ocurrió en Canadá: “La introducción de estos proyectos coincide con incrementos en precios de la electricidad, algunos creen que esa alza de precio es motivada por los medidores”.
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EL ESTALLIDO VITAL DE GERALDINE: EL