“Esta evolución tecnológica traería beneficios para los usuarios, sin embargo, las que más ganarán serán las empresas distribuidoras de energía: además de reducir drásticamente sus planillas de personal, los nuevos medidores registrarán hasta el más mínimo consumo”, señala el reportaje.
Su difusión abrió un amplio debate, en que participaron todos los estamentos de la sociedad y provocó numerosos artículos, reportajes y columnas de opinión en todos los medios del país.
Para el jurado, el reportaje permitió mostrar la desafección del Estado con los intereses de los ciudadanos, al imponer la mayor carga en el cambio a los usuarios, lo que contribuyó al desprestigio de las autoridades políticas. Celebra, además, el impacto que provocó, que se tratara de una pauta propia y que la metodología usada para su elaboración, a pesar de su tecnicismo, haya sido comprensible para la ciudadanía
Afirma que, siendo una de las causas fundamentales para que fuera galardonado, el reportaje tuvo una consecuencia directa en la calidad de vida de las personas, que está bien escrito y que es un ejemplo de los objetivos que persigue el periodismo de investigación, a saber, ostentar un rol fiscalizador, que deje en evidencia el déficit de las autoridades.
Establece que se trata de reportajes de alto impacto para las esferas políticas y económicas, desarrollado con responsabilidad y novedad, ilustrando las características de lo que significa la excelencia periodística, pues fiscaliza al poder público y a las empresas. Concluye que fue uno de los factores que suscitó el descontento y otra manera de ver el estallido social, reflejando la situación vivida por el país durante 2019, erigiéndose como un símbolo de los abusos de una era que marca el fin de una etapa.
PRIMERA PARTE:
RECAMBIO AUMENTARÁ CUENTAS
HASTA EN 5 % ANUAL
Al año 2025, más de seis millones de “dispositivos inteligentes” que medirán de modo remoto el consumo de electricidad, serán instalados en hogares, oficinas e industrias. Se estima una inversión de US$ 1.000 millones, y serán los clientes —y no las firmas distribuidoras— las que asumirán el costo como un “arriendo” a perpetuidad. El anuncio de que el nuevo sistema permite con eficiencia enfrentar cortes imprevistos, es refutado por expertos. Pese a no estar lista la norma técnica que define las características de esos aparatos, ese mercado ya se configuró como un “monopolio legal” de las distribuidoras: Enel ya instaló 250 mil nuevos medidores en Santiago.
Dentro de los próximos siete años las compañías distribuidoras de energía reemplazarán por “dispositivos inteligentes” todos los medidores de consumo de electricidad que hasta ahora eran propiedad de cada cliente. El cambio tecnológico tendrá un costo aproximado de mil millones de dólares —según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)— y lo deberán asumir los clientes a pesar de que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía.
Más de seis millones de máquinas serán instaladas en hogares, oficinas e industrias, abriendo un nuevo capítulo en la historia de seres humanos reemplazados por robots: ya no será necesario el trabajo de la persona que mide el consumo en terreno y tampoco el de las cuadrillas que cortan y reponen la energía. Una vez instalados los nuevos medidores, todo se hará de manera remota.
Esta evolución tecnológica traería beneficios para los usuarios, sin embargo, las que más ganarán serán las empresas distribuidoras de energía: además de reducir drásticamente sus planillas de personal, los nuevos medidores registrarán hasta el más mínimo consumo.
—Acá, hasta el aparato que queda enchufado sin usar va a marcar, porque gasta energía —explicó a Ciper un profesional de esa industria.
Así, con los dispositivos “inteligentes” es muy probable que aumente el monto de las cuentas de electricidad en los hogares.
El principal beneficio que traerá consigo esta nueva tecnología para las compañías del rubro, es que no asumirán el costo de esta gran inversión. Puede que usted no lo haya advertido, pero desde septiembre de 2018, la cuenta de electricidad que paga cada cliente comenzó a incluir el cobro por estos nuevos aparatos.
Para definir cuánto se debía cobrar en las tarifas por este cambio, la Comisión Nacional de Energía encargó un estudio en octubre de 2017 a un consultor externo: Inecon. Lo relevante es que los cálculos se hicieron en base a las proyecciones de inversión entregadas por las propias compañías distribuidoras.
En septiembre de 2018, cuando fueron publicadas las nuevas fórmulas tarifarias, el gobierno celebró con bombos y platillos la baja de un 7 % en las cuentas de la Región Metropolitana (RM), gracias a los precios más económicos de la energía. Pero, lo cierto es que para el resto de las regiones aumentó y en la RM la baja pudo haber sido aún mayor, ya que el recambio tecnológico aumentará las cuentas hasta en un 5 % cada año para solventar esta inversión.
En Chile, históricamente el medidor y el empalme han sido propiedad del cliente. Al menos hasta principios de 2018, el 70 % de los medidores era propiedad de los usuarios. Lo mismo ocurría con más del 84 % de los empalmes: las instalaciones que van desde los postes hasta el medidor.
La CNE definió que la propiedad debía pasar a las compañías distribuidoras de electricidad. Determinó, además, que los nuevos medidores debían cumplir ciertos requisitos y compartir las mismas características en todo el territorio.
En este punto el Congreso jugó un papel clave: la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas.
Esa ley fue el trámite indispensable para que se pudieran expropiar los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes y para que los empalmes pasaran también a ser propiedad de las compañías. Y ello, porque apenas Enel (ex Chilectra) manifestó en 2016 su decisión de hacer el cambio tecnológico, y de proveer a los millones de clientes con sus propios medidores, hubo reclamos. El principal fue de la Cámara Chilena de la Construcción ante la Fiscalía Nacional Económica.
—Pero esto no es una expropiación porque tú te vas a quedar con el medidor antiguo. Ahora, que el medidor no te sirva para nada, ya es problema tuyo —explicó a Ciper el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero (hasta el 1° de abril de 2018).
Romero dijo a Ciper que a fines de 2017 la CNE definió el precio a pagar por un “medidor inteligente”: US$ 132 ($ 87.500). La cifra no dice relación con la que el propio Andrés Romero informó a la Comisión de Minería y Energía del Senado: el valor del medidor “no debería superar los US$ 100”. Y agregó que, probablemente, llegaría al 50 % de ese monto.
Hoy, para Andrés Romero lo único que fracasó, fue el proceso para definir las características del nuevo medidor:
—Yo corté ese comité porque se empezó a generar todo un lío. Es una discusión de mil millones de dólares. Eso es lo que se va a gastar en medidores más o menos. Entonces, hay mucho interés y el proceso no arrojó un resultado que fuera fiable, por así decirlo.
Con este cambio legal es el propio Estado el que está legalizando el monopolio de medidores y empalmes en manos de las empresas distribuidoras, ampliando los márgenes del negocio que hasta ahora solo consideraba la venta y distribución de energía.
La indagación de Ciper detectó a varios actores de esta industria presionando para imponer las características de su propia tecnología. Los principales: Enel, que tiene su propio medidor; y aclara, un proveedor estadounidense mundial.
A pesar de que la norma técnica que definirá las características de estos aparatos no está publicada (la consulta pública para ese Anexo Técnico terminó el 27 de febrero), en Santiago Enel Distribución ya ha instalado más de 250 mil nuevos medidores. Un punto que no inquieta a la autoridad.
—La prudencia sugiere a las empresas esperar el término de la discusión para instalar los nuevos medidores. Aunque ciertamente