• Un DA implementado en contextos de conflicto armado. A partir de la caracterización de la economía de la coca como fuente de financiación de la guerra, paulatinamente las decisiones sobre DA se han articulado para impedir el beneficio de la producción por parte de grupos armados o para consolidar el control de territorios, luego de acciones ofensivas de las fuerzas de seguridad. Ese proceso gradual y que cobra su máxima expresión con el Plan Colombia le imprimió características muy particulares en el contexto internacional al DA, ámbito en el cual aparece el papel definitivo de las Fuerzas Armadas y de policía antinarcóticos como actores determinantes en la reducción, tanto de los cultivos de coca, como del control de esos mercados ilegales.
• La cooperación internacional en DA ha sido fluctuante , y en algunos casos su papel ha sido limitado por las prioridades que se establecen al inscribir el DA como parte del dispositivo contrainsurgente. Los efectos han sido diversos y a veces muy negativos; se destaca la fumigación aérea de programas de DA de entidades como la cooperación alemana (entonces GTZ) o incluso la afectación de proyectos de la cooperación de Estados Unidos (USAID). En este último caso, la injerencia de Estados Unidos no ha sido homogénea, pues ha combinado estrategias inscritas en reducción de la oferta, ha propiciado experiencias de DA como complemento a operaciones contrainsurgentes, al calcular a la vez eventuales procesos de desplazamiento de poblaciones, y, finalmente, ha apoyado experiencias piloto de seguridad para la inversión, con el fin de consolidar las áreas “despejadas”. En la cooperación multilateral se evidencia una constante: su concepto sobre DA ha cobrado una vigencia que continúa hasta hoy, y sus implicaciones institucionales y financieras se han mantenido en una especia de caja negra, con muy pobre información pública y escasa transparencia.
• Las políticas de DA en Colombia han carecido históricamente de un enfoque de desarrollo rural. Como se ha observado, las políticas han oscilado entre su inscripción antinarcóticos y como parte del dispositivo contrainsurgente, con serias implicaciones frente a los productores, quienes han sido recurrentemente caracterizados como parte de la cadena del narcotráfico y/o como colaboradores de los grupos armados. En consecuencia, los productores han sido implicados en una doble criminalización, que a su vez ha borrado conceptualmente el origen social, económico y cultural de la producción de materia prima para procesar psicoactivos prohibidos. Solo en contadas ocasiones se ha reconocido teóricamente la problemática social subyacente, y en muy pocas se ha vinculado directamente como una situación que obedece a una estructura agraria excluyente, concentradora de la propiedad agraria, expulsora de pequeños campesinos de la formalidad productiva, la cual propicia dinámicas de colonización que derivan en vínculos con la producción ilegal.
• Como consecuencia de lo enunciado, tanto las políticas como la institucionalidad han sido ajenas a una articulación permanente con autoridades responsables del desarrollo rural o de la problemática ambiental, como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente. Generalmente, han sido sustituidas por instancias y entidades con una vida efímera, desconocidas por cada nuevo gobierno, que a su vez repite el ciclo, al desechar literalmente la memoria institucional. En detrimento de un perfil técnico, estas instancias han sido usadas frecuentemente como botín burocrático clientelista, amén del favorecimiento de otras agendas de carácter político.
• El desarrollo alternativo ha tendido a usar modelos homogéneos ante una realidad compleja, diversa y con actores diferenciados
El centralismo que ha caracterizado las decisiones en DA ha tenido fuertes implicaciones. En primer lugar, no ha reconocido las especificidades étnicas y culturales en la producción de coca, situación que ha llevado a un conflicto de intereses, ya que el discurso de la erradicación riñe con los cultivos de uso tradicional. Así mismo, ha ignorado los modelos productivos diferenciados desde enfoques étnicos como soporte de alternativas ante los cultivos para uso ilegal. Esto implica actuar por encima de las dinámicas territoriales propias, jurisdicción y autoridades tradicionales, todo lo cual acarrea deslegitimación del Estado y desconocimiento de perspectivas diferenciadas, que obedecen al carácter multiétnico y pluricultural de los pueblos existentes en Colombia.
Así mismo, se observa la debilidad para generar programas de promoción y acceso de mujeres a los proyectos de sustitución y como líderes de sus organizaciones. También es limitado su reconocimiento como sujeto de derechos en los diferentes programas y existe una ausencia de garantías para su participación en el proceso de toma de decisiones. En general, se ha observado el desconocimiento a un enfoque diferenciado, como mujeres en la implementación de los programas y, en consecuencia, a su validación como protagonistas con capacidad de decisión en los procesos locales y regionales.
En segundo lugar, el papel de alcaldías y gobernaciones ha sido muy limitado, y se ha generado un paralelismo en la ejecución de proyectos muchas veces desarticulados de los planes de desarrollo local y regional. En tercer lugar, se ha reiterado un modelo desde el centro a las regiones en el que no se reconoce el papel proactivo de las comunidades, sino que se imponen unas condiciones sustentadas en el manejo de presupuestos centralizados que condicionan las dinámicas de la vida local.
Experiencias internacionales exitosas y su contraste frente al caso colombiano. Una breve presentación del caso Tailandia y su política de desarrollo sostenible
Tailandia es considerado como uno de los pocos países en el mundo con una experiencia exitosa en materia de alternativas frente a un serio problema de economía ilegal del opio. La complejidad del problema se sitúa hacia finales de los años sesenta en las partes altas de su territorio, principalmente en la zona norte, hacia las fronteras con Laos y Birmania, en las provincias de Chiang Mai y Chiang Rai, con cercanía a China. En estas zonas el país sufría la presión de las comunidades nativas alejadas de los centros de comercio y marginadas social y económicamente; por otro lado, se encontraban procesos de colonización interna de etnias (karen, hmong, yao, akha, lahu y lisu) sin acceso a la tierra, con altos niveles de pobreza y sin opciones de ingreso28.
Unos y otros encontraban en la producción de opio una alternativa de ingreso, hasta convertirse hacia los años setenta en el tercer productor mundial, con mercados internos, pero también articulados con las rutas internacionales del llamado triángulo de oro (lugar de confluencia de los ríos Ruak y Mekong), hacia Europa y Estados Unidos. La situación implicó un impacto devastador en deforestación de los bosques de las partes altas, crecimiento de estructuras criminales transnacionales y una fuente de ingreso para los grupos rebeldes de los años setenta.
¿Cómo manejó Tailandia un escenario tan complejo en la producción del opio para fines ilícitos?
• En los recorridos del rey Bhumibol por el territorio y observando la gravedad del problema para el país, se propuso crear una política de Estado que implicó cortar de raíz la interferencia de los juegos políticos electorales en el manejo de la instancia rectora del DA y para ello la familia real asumió su gestión, a través de la creación de la institucionalidad que le ha permitido un control que cumple cerca de 50 años. La entidad clave en ese propósito se denominó Proyecto Real.
• También asociado con lo anterior, se propuso la formulación de una política realista de largo plazo, al calcular que lograr un territorio libre de opio con fines ilícitos demoraría 30 años.
• El impacto ambiental de las zonas altas del territorio, con una pérdida exponencial de las coberturas boscosas para la siembra del opio o el uso irracional de la madera, fue tal vez la principal preocupación; así, por medio de la Fundación del Proyecto Real, la reforestación ha sido una constante, a la vez que ha desempeñado un papel central en la mejora del ingreso para las comunidades.
• Técnicamente, el proyecto involucra una compleja, pero exitosa articulación entre investigación, permanentemente volcada a las políticas de desarrollo específicamente dirigidas a las economías campesinas, y estudios rigurosos de mercado. La investigación y en