Las bases demográficas, sociales y económicas a partir de las cuales se diseñaron los dispositivos de protección social en Latinoamérica, se han modificado. Con excepción de un número limitado de países, el principal dilema es la baja cobertura de las prestaciones. En el caso específico de las transferencias del sistema de seguridad social, las estadísticas muestran que cerca de la mitad de la población anciana no accede a una jubilación o pensión para enfrentar los riesgos derivados de la pérdida de ingresos en la vejez. Esto se debe, principalmente, a la fuerte orientación de tipo contributivo que han tenido los sistemas de seguridad social y que deja fuera a un importante segmento de la población, compuesto, entre otros, por mujeres, campesinos, trabajadores informales y migrantes quienes, pese a la contribución social que hayan realizado durante su vida, no cuentan con una garantía suficiente de recursos económicos en la vejez.
La participación económica, la seguridad social y los apoyos familiares son las principales fuentes de ingreso en la vejez. La importancia relativa de cada mecanismo cambia de un país a otro según el grado de desarrollo económico e institucional, las características del mercado laboral y la etapa de transición demográfica. En los países desarrollados, con sistemas de seguridad social más evolucionados, una amplia proporción de ancianos depende únicamente de los ingresos obtenidos por concepto de jubilación o pensión y el ingreso por remuneraciones laborales va perdiendo importancia a medida que la edad avanza. En América Latina y el Caribe, en cambio, las estrategias económicas de la actual generación de ancianos son diferentes. A causa de vivir en contextos con una baja cobertura de jubilaciones y pensiones, la participación laboral de las personas de edad en la región aumenta y la ayuda familiar se vuelve vital cuando no se perciben ingresos de ninguna especie.
En Colombia, los ingresos de las personas están estrechamente vinculados al comportamiento del mercado laboral, dado que para la gran mayoría de los colombianos sus ingresos provienen de su trabajo. Por consiguiente, una adecuada protección de los ancianos ante la reducción o pérdida de recursos económicos para satisfacer sus necesidades está relacionada íntimamente con el comportamiento de sus ingresos, más cuando se considera que los principales mecanismos de protección para la vejez dependen de su capacidad para construir y aportar, durante su etapa laboral, el capital necesario para una pensión que le permita vivir cuando llegue el cese de su vida productiva.
En el país, la fragilidad de la protección del anciano es, fundamentalmente, el resultado de las tendencias del mercado laboral y de la íntima vinculación de este con el sistema de seguridad social. En la práctica, el sistema de aseguramiento social está fundado en la contribución que hacen empleadores y trabajadores en el marco de una relación laboral, de manera que su cobertura real se limita al sector formal de la economía, el único cuyas condiciones permiten la protección del trabajador y su familia. Por otra parte, quienes se ocupan en el sector informal en condiciones precarias, y aquellos con un empleo y unas condiciones de retribución inestables se encuentran efectivamente excluidos del sistema, pues les es imposible generar de manera consistente los aportes necesarios para acumular beneficios pensionales en la vejez. Es de anotar que el país presenta una de las peores distribuciones del ingreso de la región.
Se ha documentado que la participación económica disminuye con la edad, especialmente después de los 50 años; sin embargo, los patrones de trabajo de la población en edades avanzadas varían por edad, sexo, escolaridad, lugar de residencia y posición en el trabajo. La población que vive en áreas rurales, por lo general, trabaja por necesidad, el retiro de la actividad económica no es una opción, por lo que alrededor de 50% permanece económicamente activa. Un gran porcentaje de ancianos se encuentra inserto en el mercado informal. En Colombia, la mayoría de los ancianos tiene un trabajo considerado como informal, caracterizado por bajos niveles de productividad e ingresos y por la ausencia de prestaciones sociales esenciales. Las principales características económicas de la población de ancianos en Colombia según el estudio SABE Colombia (2016) son:
• La tasa de ocupación de las personas con 60 años y más es 51,3% para los hombres y 27,3% para las mujeres, mayor en el área urbana.
• En todas las categorías de actividad económica la participación de los hombres es mayor, con excepción del empleado doméstico en el que las mujeres superan ampliamente a los hombres.
• Los ancianos que trabajan pertenecen más a la zona rural, en tanto que los jubilados o pensionados están más en la zona urbana.
• En cuanto a la posición ocupacional de los hombres que trabajan se tiene que 57,4% son trabajadores por cuenta propia, 16,1% son peones o jornaleros y 14,3% son obreros o empleados de empresas particulares o públicas. Los jornaleros son residentes rurales más que urbanos (33,3% versus 3,2%).
• Las mujeres ancianas se encuentran en una situación de mayor desventaja que los hombres: 1) un porcentaje más alto de mujeres no percibe ingresos propios, 2) un porcentaje más alto de mujeres no cuenta con pensión ni jubilación y 3) los ingresos de las mujeres percibidos por concepto de jubilación o pensión son más bajos. Además, el 60% de las mujeres que trabajan lo hacen por cuenta propia, 10% son empleadas domésticas y 7% obreras o empleadas de empresa pública o particular, 3,5% trabajan en el campo. De otro lado, las personas que pertenecen a un hogar cuyo jefe es una mujer presentan mayores niveles de pobreza monetaria que los hogares donde el jefe de hogar es un hombre.
Al analizar las formas de pago y el salario promedio mínimo mensual, se encontró que:
• Casi la mitad (46%) de los ancianos trabajan a destajo, a 27% les pagan por comisión o porcentaje y 14% reciben salario fijo. Al 3% no le pagan por su trabajo y 2% recibe pago en especie.
• El número de salarios mínimos promedio que reciben es de 1,3. El número promedio disminuye con la edad y es menor en la zona rural y, en general, los hombres reciben más pago que las mujeres.
• Las personas que tienen índices de riqueza alto y muy alto tienen los mayores salarios fijos o ganan por comisión o por honorarios, en tanto que los de los niveles más bajos de riqueza trabajan por horas, por días o a destajo.
• Del total de ancianos que trabajan, el 55,6% tiene ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente (S.M.M.L.V.), 19,7% recibe uno; 13,6% recibe entre uno y dos S.M.M.L.V.; 4,9% más de dos a tres S.M.M.L.V. y 4,5% tienen tres o más S.M.M.L.V.
• El 30,4% recibe ingresos que provienen de actividades laborales; alrededor de 36,8% reportó recibir aportes de familiares en el país o en el exterior o de alguna otra institución o persona. 28,5% del sistema pensional. 18% reportó recibir subsidios estatales (programa Colombia Mayor), y 12% recibió ingresos de rentas e inversiones. Entre 25% y 30% no recibió dinero en último mes.
• Las ayudas familiares, los subsidios y las pensiones de jubilación sirven para cubrir los gastos de más personas de la familia. Es importante recalcar que, en América Latina, en promedio, en uno de cada tres hogares, los recursos aportados por los ancianos por concepto de jubilaciones o pensiones representa más de la mitad del ingreso familiar. Así, la participación de los adultos mayores en la actividad económica constituye una posibilidad efectiva de salir de la pobreza para un grupo importante de la población.
• 67% de las personas dependen económicamente de sí mismas, tienen en promedio 1,5 personas a cargo y 72,5% consideran que sus ingresos son insuficientes o muy insuficientes para satisfacer las necesidades básicas.
• 59% responde por los gastos de la casa (servicios, impuestos) en forma total o parcial, 64,7% por los gastos de comida, 62% gastos de ropa y la misma proporción cubre gastos de transporte. 47,1% corre con los gastos de visitas al médico, 33,4% con gastos de hospitalizaciones, 55% de prótesis y 40% sufraga los gastos de medicamentos.
En cuanto a los ingresos no salariales de quienes no trabajan, se evidencia lo siguiente:
• Las personas que no trabajan