Con esta pequeña reflexión inicial pretendemos introducir este trabajo de investigación sobre un tiempo y un lugar: la historia de la ciudad de Valencia, especialmente de sus alcaldes y del poder local que ostentaron durante el tardofranquismo y los inicios de la Transición.
Ilustración 1. Fachada de la Casa Consistorial de Valencia.
Los ayuntamientos españoles en la época contemporánea tuvieron un gran papel como gestores de las ciudades que iban creciendo en un contexto de crecimiento y transformaciones económicas. Regulados a partir del establecimiento del sistema constitucional de Cádiz en 1812, el sistema municipal español se expandió por el territorio bajo las líneas de autoridad del ejecutivo central, con una limitada capacidad administrativa y una elección de los cargos impuesta por el Estado. Los municipios actuaban con una vocación de control y gestión del espacio urbano. Aquí resultaron fundamentales en el desarrollo político y en este ámbito, con frecuencia, eran la primera y única referencia política de los ciudadanos. Estas líneas maestras que regularon la vida del municipio liberal no se vieron cuestionadas a lo largo de la primera mitad del XIX. Así, hubo que esperar a la corta experiencia de la Primera República para que se configurase un modelo autónomo y verdaderamente democrático de ayuntamiento que fracasó por la corta duración de esta experiencia política. Con la restauración monárquica, se volvió al modelo liberal anterior y las sucesivas leyes municipales tan sólo abordaron aspectos técnicos y no acometieron los dos grandes desafíos impuestos por la corta experiencia republicana: la elección de los alcaldes, por un lado, y la autonomía financiera de los ayuntamientos, por otro. Tras la crisis de 1898 se intentaron nuevas vías de reforma municipal, como la experiencia de las mancomunidades, truncadas por la dictadura de Primo de Rivera.
La única experiencia intensa de cambio por lo que respecta a la evolución de la institución municipal fue la Segunda República que introdujo la elección libre de los alcaldes, recuperó el sistema de mancomunidades y la posibilidad de la participación popular en la administración municipal. Una auténtica experiencia liberalizadora en la trayectoria administrativa del ayuntamiento que desapareció por el golpe militar de julio de 1936.1
Con la victoria de Franco en la Guerra Civil, el ayuntamiento sufrió lo que algunos autores han denominado una conversión o refundación de su funcionamiento y estructura para asemejarlo a otros modelos externos como el de la propia Italia fascista.2 Esta refundación, que simplemente consistía en una involución de la liberalización de la institución con la aplicación de novedades de otras realidades políticas, se basó en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el régimen franquista recuperó el esquema de homogeneidad del sistema liberal, derogando el sistema de mancomunidades, y eliminó cualquier procedimiento representativo para establecer un nuevo principio jerárquico, algo que nunca había sucedido en la historia de la institución. El alcalde y los concejales dependerían directamente del gobernador civil y éste del propio ministerio de la Gobernación. Un esquema jerárquico matizado a partir de la elección por tercios desde 1948 pero que consiguió perpetuarse hasta el final de la dictadura. En segundo lugar, el franquismo dotó de una fuerte preeminencia al alcalde frente al resto de la corporación y, lo que es más importante, un peso de la propia ciudad en el propio organigrama franquista. No olvidemos que el municipio fue incluido dentro de los pilares de la democracia orgánica. La dictadura otorgó a las ciudades un marco normativo –la Ley de Bases de Régimen Local de 1945–que reguló su funcionamiento hasta prácticamente la Transición y trazó una red de intervención institucional, desde el Gobierno central hasta las diferentes provincias, que facilitó el control y dominio de la población. El ayuntamiento, sobre el cual el ciudadano de a pie no tenía ningún tipo de vigilancia directa ni posibilidad de fiscalización, reforzó su peso como principal centro de poder local y su máximo mandatario, el alcalde, se convirtió en la representación directa de Franco. En tercer lugar, para el nombramiento de puestos de confianza, fue fundamental el ministerio de la Gobernación, que cooptó a todo un personal afín para la ocupación del poder en estas instituciones. Un personal que para ocupar un puesto de poder a partir de 1939 debía haber apoyado la victoria del ejército sublevado, así como militar en el partido único: FET-JONS. Sin olvidar que muchos de estos militantes lo eran por su apoyo a la victoria y no tanto por la creencia en las líneas políticas e ideológicas del partido impulsado por José Antonio Primo de Rivera.
En definitiva, con el modelo franquista municipal se rompía con una línea de renovación llevada a cabo por los gobiernos democráticos de la república y se resolvía, para la lógica de los sublevados, un auténtico problema: la contradicción que podía suponer el poder del Estado encarnado en Franco y el poder de los diferentes municipios. Así, limitando el poder municipal al máximo se podía romper con esta supuesta contradicción.
El peso de la municipalidad en la política franquista fue, a todas luces, incuestionable.3 Por tanto, con este trabajo planteamos cómo se configuró y se ejerció este poder en estas instituciones por parte de una minoría plenamente identificada con el franquismo y de qué manera ese poder político se relacionó con los sucesivos gobiernos del régimen franquista y, especialmente, en la Transición. Para ello optamos por un caso local, la ciudad de Valencia, que permite ampliar los estudios sobre los apoyos y evolución del régimen franquista con los que contamos en la actualidad.4
Estos trabajos que estudian al mundo local o municipal están abriendo un camino nuevo que enriquece nuestro conocimiento sobre lo ocurrido en la dictadura.5 En primer lugar, estudiar lo que sucedió en las ciudades, especialmente en el marco cronológico que proponemos para la ciudad de Valencia –1958-1979–, permite comprender el largo desarrollo de las políticas franquistas que explican el propio mantenimiento de la dictadura. Los alcaldes, conectados directamente con las acciones de los sucesivos gobiernos, administraron los recursos provenientes del Estado y gestionaron las políticas públicas en nombre del régimen. En segundo lugar, la propia ideología del alcalde al frente del consistorio, por el peso del mismo en la administración municipal, marcó las políticas públicas puestas en marcha y condicionó, por tanto, la propia evolución de la ciudad. Además, en pocas ocasiones pensamos la esfera local como un ámbito con una cierta autonomía en este proceso, con sus propias dinámicas y con capacidad de determinar las decisiones a nivel regional o nacional. Es cierto que en muchas ocasiones los pactos, acuerdos o leyes que surgieron a escala nacional sirvieron de marco de referencia ante el que reclamar el cumplimiento de determinadas políticas, pero esto no debe restar valor a muchas acciones autónomas llevadas a cabo en los municipios o en las zonas rurales cuyas lógicas, en ocasiones, escapaban a la mera reproducción de los comportamientos a escala estatal por parte del mando político. Los propios ayuntamientos y, en especial, los alcaldes que los presidieron, ¿fueron participes activos del sistema u observadores pasivos del mismo? El espacio local puede aportar las respuestas. Así, el relato escrito del franquismo o de la transición a la democracia realizado desde Madrid puede no coincidir con lo observado si desplazamos nuestra atención a la periferia.
A partir de lo planteado, el presente trabajo pretende una serie de objetivos fundamentales:
Por un lado, proporcionar un conocimiento, con fuentes que hasta ahora no habían sido exploradas, de los alcaldes y del ayuntamiento de la ciudad de Valencia en el tardofranquismo y los inicios de la Transición. Para ello se ha intentado responder a las siguientes cuestiones: ¿qué tipo de élite política lo dirigió? ¿Cómo se planteó y llevó a cabo el ejercicio del poder que ostentaba? Así, se ha estudiado