Para responder a la necesidad de mejora de la calidad de las aguas, se aprobó en junio de 2007 el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, con el fin de poder cumplir los objetivos no alcanzados del Plan de Saneamiento y Depuración 1995-2005, con las exigencias comunitarias de la Directiva 91/271/CEE y con los objetivos medioambientales para el año 2015 establecidos en la Directiva Marco del Agua y, al mismo tiempo, establecer un nuevo mecanismo de gestión, cooperación y coordinación institucional entre administraciones competentes en la gestión del recurso. Además, la puesta en marcha del Plan de Tolerancia Cero de Vertidos persigue el objetivo estratégico de que ningún efluente de municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes llegue al curso de un río o al mar sin depurar.
La reutilización directa de aguas residuales en zonas costeras supone un incremento en la disponibilidad de los recursos, ya que se trata de un agua que no se aprovecharía de otro modo, mientras que las aguas depuradas en el interior pueden ser vertidas a los cauces, y pueden ser aprovechadas posteriormente junto con otras aportaciones naturales. Con el objetivo de fomentar la utilización de las aguas regeneradas (en la agricultura, riego de parques y jardines, campos de golf, mantenimiento de caudales medioambientales, etc.) como línea estratégica de uso sostenible del agua, se aprobó el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Además de esta normativa reguladora, se requerirá una adecuada coordinación entre las distintas administraciones competentes en la materia, junto con el establecimiento, en su caso, de instrumentos económicos y financieros que ejerzan un papel incentivador.
En materia de desalación como fuente de recursos hídricos adicionales, especialmente necesarios en el litoral mediterráneo, el Programa AGUA incluye alrededor de 100 actuaciones específicas con una inversión de 3.900 millones de euros y unas aportaciones previstas de 1.100 hm3/año, concentradas en las cuencas del Sur, Segura, Xúquer, Ebro e internas de Cataluña.
El marco físico de un territorio y su dotación de recursos naturales afectan de manera importante tanto a su especialización productiva como a la distribución de su población. Las condiciones geográficas han sido, en general, poco favorecedoras del crecimiento económico y los asentamientos poblacionales en España, y siendo más favorables en el caso de la Comunidad Valenciana.
A su vez, población y actividad económica interaccionan con el territorio ejerciendo cambios radicales en el medio a través de las infraestructuras y provocando importantes daños ambientales siempre que no se gestionen adecuadamente los llamados outputs no deseables derivados de la propia actividad humana y del crecimiento económico.
Resulta conocido que en los últimos años las economías española y valenciana han experimentado un fuerte crecimiento que ha supuesto un aumento de sus niveles de renta per cápita hasta aproximarse a la media europea, pero también un mayor consumo de recursos naturales y la generación de más contaminación y residuos, entre otras externalidades territoriales. El objetivo básico de cualquier política ambiental deberá ser conseguir el desacoplamiento entre un crecimiento económico deseable y sus consecuencias ambientales. Para ello se requiere la aplicación de instrumentos eficaces como el incremento de la eficiencia, la adopción de mejoras tecnológicas en todos los ámbitos (energético, hídrico, residuos), la mejora de las redes de transporte, tanto de energía como de agua, la vigilancia de las emisiones de sustancias contaminantes y el fomento de la información y la concienciación de los ciudadanos y las empresas en materia ambiental. La adecuada combinación de todas estas medidas logrará reducir los problemas ambientales y contribuirá a un crecimiento verdaderamente sostenible y respetuoso con el territorio. Éste es el principal reto al que se enfrentan el conjunto de países desarrollados y, por tanto, las economías española y valenciana.
Práctica 4.1 Rango-dimensión, índice de primacía e indicadores de sostenibilidad
a) Tomando como base los conceptos de las estadísticas del rango-dimensión y del índice de primacía y la tabla P. 4.1, calcúlense las estadísticas mencionadas.
b) Propóngase un sistema de indicadores de sostenibilidad que contenga, al menos, 15 elementos.
TABLA P.4.1
Ciudades de más de 10.000 habitantes del País Valenciano
| 1 | Valencia | 797.654 |
| 2 | Alicante | 322.673 |
| 3 | Elx | 222.422 |
| 4 | Castellón de la Plana | 172.624 |
| 5 | Torrevieja | 94.006 |
| 6 | Orihuela | 80.468 |
| 7 | Gandia | 77.421 |
| 8 | Torrent | 75.131 |
| 9 | Benidorm | 69.058 |
| 10 | Sagunto | 63.359 |
| 11 | Alcoy | 60.700 |
| 12 | Paterna | 59.043 |
| 13 | Elda | 55.289 |
| 14 | Sant Vicent del Raspeig | 49.341 |
| 15 | Vila-real | 49.045 |
| 16 | Mislata | 43.336 |
| 17 | Alzira | 43.038 |
| 18 | Dénia | 42.704 |
| 19 | Burjassot | 37.402 |
| 20 | Ontinyent | 36.695 |
| 21 | Villena | 34.523 |