En el ámbito del saneamiento y la depuración, prácticamente la totalidad de la población dispone de agua potable en su domicilio y, según la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006), se recogen diariamente más de 15,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de los que un 89% reciben tratamiento (tabla 4.6). En el caso de la Comunidad Valenciana, el volumen recogido supone 1,8 millones de metros cúbicos al día, y son tratados prácticamente la totalidad de éstos. No hay que olvidar que la Directiva 91/271/CEE obliga a depurar las aguas residuales de las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes en el año 2005 como máximo. En este sentido, es importante señalar que la Comunidad Valenciana fue pionera en esta iniciativa y ya en 1992 diseñó un Plan Director de Saneamiento y fomentó la construcción de EDAR (estaciones depuradoras de aguas residuales) en todos los municipios con más de 500 habitantes. En la actualidad, existen 415 plantas en servicio con un alto grado de cumplimiento (93%) de la citada Directiva.
TABLA 4.6
Recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas (2006)
| Comunidad Valenciana | España | |
| Volumen de aguas residuales recogidas (m3/día) | 1.776.667 | 15.365.775 |
| Volumen de aguas residuales tratadas (m3/día) | 1.334.458 | 13.741.235 |
| Volumen total de agua reutilizada (m3/día) | 634.499 | 1.361.450 |
Fuente: Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006). INE (2008).
4.4.3 La generación de residuos no urbanos y su tratamiento posterior
Según la Encuesta de reciclado y tratamiento de residuos del INE, en el 2006 las empresas gestoras de residuos no urbanos recogieron en España un total de 27 millones de toneladas de residuos no peligrosos2 y 3,2 millones de toneladas de residuos peligrosos. Del conjunto de los residuos no peligrosos gestionados, el 64,6% se destinó al reciclado; el 34,4%, al vertido, y el 1,0% fue incinerado. En el caso de la Comunidad Valenciana se recogieron casi 1,4 millones de toneladas de residuos no peligrosos y algo más de 40.000 toneladas de residuos peligrosos.
Con referencia a la regulación ambiental en el campo de residuos, es evidente la necesidad de emprender nuevas actuaciones destinadas, por un lado, a estabilizar y limitar su generación estimulando los procesos de reutilización y reciclado y, por otro, a ampliar las infraestructuras de recogida, tratamiento y eliminación, tanto de los residuos urbanos como de los no urbanos. En este sentido, tanto la Ley de Envases y Residuos de Envases de 1997 como la Ley de Residuos de 1998, que siguen las respectivas directivas europeas, establecen criterios de responsabilidad compartida para reducir el volumen de residuos y estimular los procesos de reciclado y valorización, impulsando sistemas integrados de recogida, tratamiento y gestión que, al mismo tiempo, eviten la contaminación de los suelos.
En cuanto al marco normativo específico existente en la Comunidad Valenciana en esta materia, cabe mencionar sobre todo la Ley 10/2000 de Residuos. Esta ley establece con carácter general la competencia de las entidades locales para la gestión de los residuos urbanos o municipales, y es responsabilidad del ayuntamiento la prestación del servicio público de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos. Asimismo, se prevé, de forma expresa, la posibilidad de que se constituyan voluntariamente consorcios entre los entes locales y la Generalitat para una prestación más eficaz de los servicios mencionados. Finalmente, las diputaciones provinciales contribuirán a la adecuada ejecución de las competencias locales, tal y como dispone al efecto la legislación de régimen local.
Esta misma norma obliga a los productores de residuos peligrosos a presentar un plan de prevención y reducción de residuos a la Conselleria competente, con el fin de favorecer la adopción de técnicas y tratamientos más respetuosos con el medio ambiente, y promover la valorización material y energética por encima de la eliminación en vertederos. La gestión de residuos peligrosos en la Comunidad Valenciana se encuentra condicionada por la regulación existente en aquellas comunidades autónomas a las que se envían residuos peligrosos para su adecuado tratamiento.
4.4.4 La estacionalidad de la actividad turística y el predominio del turismo de sol y playa
Como resulta conocido, el crecimiento de la actividad turística supone aumentar la presión sobre los hábitats, los servicios de transporte, el suelo en la costa y en la montaña, los recursos energéticos e hídricos, etc., particularmente en las zonas costeras.
Junto a los efectos beneficiosos de generación de riqueza y creación de empleo, la actividad turística en la Comunidad Valenciana es también una fuente de impactos ambientales de todo tipo, más intensos cuanto más se concentra en el espacio (áreas litorales) y en el tiempo (meses estivales). El hecho de que estructuralmente el turismo valenciano tenga un neto perfil extrahotelero y que la mayoría de visitantes se alojen en viviendas propias o arrendadas multiplica esos impactos. Fuertes et al. (2001) han estimado en millón y medio de habitantes la población estacional turística, y se localizan mayoritariamente en la provincia de Alicante, donde se produce un uso abusivo del suelo y de recursos naturales en general. Siguiendo las recomendaciones contenidas en el Quinto Programa Ambiental de la Unión Europea para este sector, la transformación del modelo turístico hegemónico de sol y playa en una oferta más amplia y equilibrada en el espacio y en el tiempo, así como las posibilidades y los inconvenientes del desarrollo en la Comunidad Valenciana de un turismo específicamente verde o ecológico, son aspectos que cabe considerar en cualquier estrategia de futuro.
4.5 Retos de la política ambiental
Si tenemos en cuenta el conjunto de problemas ambientales que nos afectan, se plantea el reto de diseñar y aplicar una política ambiental3 capaz de encontrar soluciones que garanticen el principio de sostenibilidad. En este sentido, habría que hacer mención de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2007. Los principales objetivos de esta estrategia podrían resumirse de la siguiente manera:
En el ámbito del cambio climático: Reducir las emisiones a través de un mayor peso de las energías renovables y de una mejora en la eficiencia energética en transporte y edificación.
En materia de producción y consumo: Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje; aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores; optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de personas y mercancías.
En lo referente a conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio: Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado; asegurar la calidad del recurso hídrico garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible de éste.
Un importante reto medioambiental que preocupa a la sociedad es el cambio climático. En el marco de los objetivos internacionales, y en particular europeos, se pretende limitar el crecimiento de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) al 15% en el período 2008-2012 frente a los niveles del año base. Aunque las emisiones entre el año base y el 2005 crecieron un 52,2% como consecuencia de un rápido crecimiento económico y de un fuerte incremento de la población, no conviene olvidar que las emisiones