a) Recuperado el Estado de Derecho, paulatinamente, los partidos en la década de 1990, perdieron protagonismo, se burocratizaron para transformarse en un espacio necesario e inevitable para la composición de cargos electorales. Una casta se abroqueló en la estructura de esas organizaciones para prolongar y prorrogar sus mandatos, especulando con tres conceptos diferentes (nativo, domicilio y residencia), utilizando cualquiera de ellos para justificar la jurisdicción territorial que lo legitime como candidato. Senadores y Diputados, nativos de una provincia o distrito electoral que, cumplido su mandato, se postulaban y se postulan por otra jurisdicción territorial en la que mantenían su residencia o domicilio o a la inversa. Especulaban y especulan con las encuestas y en función de ellas, elegían invocar la condición de nativos, domicilio o residencia para legitimarse como candidatos. La conducta republicana que invocan en sus discursos, se diluye en materia de periodicidad de los mandatos, cuando verificamos que en su extensa trayectoria partidaria, han sido intendentes en su ciudad de residencia, diputados por otra provincia en su condición de nativos de la misma, más tarde senadores invocando la residencia en otro distrito, posteriormente gobernadores de la provincia en la que nacieron. A veces, la alteración del principio republicano de la periodicidad de los mandatos no se configura por haber desempeñado diferentes funciones, sino en los mandatos ininterrumpidos de dieciocho y veinticuatro años de senador o dieciséis años de diputado nacional, adoptando sin pudor, en los hechos, mandatos vitalicios, propios de la monarquía.
Los representantes pierden todo contacto con la realidad. Desconocen el valor de las mercaderías que consumimos, el costo de las tarifas de un ómnibus urbano o de media o larga distancia y paulatinamente el divorcio con el pueblo se hace más ostensible. Ello constituye otro factor de deterioro.
b) La financiación de una campaña electoral no reconoce mecanismos de transparencia. A pesar de la legislación vigente, todo lo concerniente a la contribución de fondos es manifiestamente informal. No existe un control adecuado y eficiente. La rendición de cuenta es esencialmente morosa y muchas veces se omite con la complicidad de la autoridad de aplicación. El control estatal, en consecuencia, no es confiable.
Muchas empresas, prestatarias del Estado, adelantan donaciones que luego recuperan y compensan con infinidad de contratos públicos. Contar con un sponsors con recursos es una herramienta eficaz que colabora con la publicidad y conocimiento del candidato. Los medios de comunicación son caros. El precio se fija por minutos o segundos. Las campañas no se basan en propuestas, sino en slogans, vacíos de todo contenido. No existe programa de gobierno sino propuestas genericas abstractas.
El costo de una campaña electoral para un candidato a Diputado Nacional o Senador Nacional en alguna provincia central implica una erogación que no esta al alcance de un trabajador, de un pequeño empresario o de un profesional liberal. Los costos de los espacios en radio, televisión, prensa escrita, programas de alto rating, espacios gráficos, carteleria urbana y en rutas, etc. implican un presupuesto millonario que no lo compensa el valor real de cincuenta hectáreas de campo en la pampa húmeda.
La campaña electoral para la presidencia de la Nación, en tanto alcance nacional e incluso en medios extranjeros es de imposible financiación sin una “Comisión de Notables” cuyos integrantes se los elige por sus lazos permanentes con empresas y empresarios
La campaña presidencial del 2015, en la Argentina, estuvo plagada de irregularidades en los balances electorales del PRO y del Kirchnerismo. El fiscal Jorge Di Lello requirió que los mencionados balances con los gastos oficiales de los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli, en la citada campaña, no sean aprobados por la Justicia hasta que los partidos puedan “subsanar” las irregularidades detectadas por diferentes auditorías. Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral por imperio de auditorías, verificaron inconsistencias en su financiamiento. El Fiscal Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos. Los auditores de la Cámara Federal, detectaron falsos donantes, asesores fantasmas, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar. Las irregularidades alcanzaron al Frente Cambiemos, el Frente para la Victoria, Compromiso Federal (cuyo candidato fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá); la Alianza UNA (Sergio Massa-José Manuel De la Sota), el Frente Progresista (Margarita Stolbizer), entre otras fuerzas.
La Cámara Electoral hizo hincapié, en el caso del Frente Cambiemos, en los aportes indirectos de empresarios a su campaña electoral y, simultáneamente, la canalización de fondos electorales a través de su partido político camuflados como “gastos de desenvolvimiento institucional”. Los auditores mencionan que los honorarios del asesor más conocido de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, no se declararon. Desde PRO respondieron que el ecuatoriano “asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente” (?).
El Frente para la Victoria, también sufrió fuertes cuestionamientos sobre su financiamiento electoral. Ante las observaciones de la Cámara Electoral sobre la falta de solvencia de sus donantes, la alianza reemplazó doscientos doce aportes por otros nuevos donantes. Desde el partido respondieron por escrito a la Justicia que todo fue parte de “un error administrativo”. Pero la nueva lista de donantes también sufrió llamativas observaciones en la auditoría: la Cámara detectó más de doscientos doscientos aportes que tampoco cumplían con las condiciones financieras mínimas para realizar dichas contribuciones. Son monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 60.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000. Los auditores detectaron también que en la campaña para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, su candidato, omitió informar el dinero ingresado en las millonarias cenas de recaudación de Parque Norte y Costa Salguero celebradas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el FPV le respondieron a la Justicia: “El gobernador [Scioli] sólo asistía a actos de protocolo o de gestión como funcionario en ejercicio”(?).
La siempre polémica relación entre políticos y empresarios, tomó otra dimensión en la provincia de San Luís. Su gobernador Alberto Rodríguez Saá convocó a los empresarios que construirán el megaproyecto “Parque La Pedrera”, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales, escuelas y un hospital. Dichas empresas desembolsaron el capital que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, el hermano del gobernador a pesar que la ley no permite el aporte de empresas ¿Como lo hicieron? Las compañías utilizaron a sus empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos (Fuente: Ivan Ruiz, Diario La Nacion).
Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados. La lista de Sergio Massa (UNA) frente a desembolsos realizados antes del período permitido por ley, por decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por haber sido omitidos en su declaración.
En las auditorias ordenadas por la Cámara Nacional Electoral, una importante empresa nacional, violó el tope máximo de donaciones permitidas. El holding se convirtió en el principal aporte de las campañas de Alberto Fernandez y Mauricio Macri. Declaró donaciones individuales menores a los nueve millones de pesos que era el límite impuesto por la Justicia; sin embargo, los fondos que el holding aportó, en total, para el Frente de Todos fueron $30 millones, y otros $25,5 millones para Juntos por el Cambio. Para realizar los aportes, el grupo utilizó al menos ocho razones sociales distintas. La Cámara Electoral detectó que, en algunos casos, las transferencias bancarias de cuatro de esas empresas fueron realizadas por la misma persona, el mismo día y desde el mismo banco.
Los auditores también señalaron que uno de los accionistas del holding, integra una empresa que tiene una concesión del Estado por 30 años. Las restricciones de la ley de financiamiento