Más aún: la acción y la intervención del Estado no están aisladas de otras instituciones. Como bien explica Jessop:
Cómo y hasta dónde se actualizan los poderes del Estado (y todas las responsabilidades, vulnerabilidades e incapacidades asociadas) depende de la acción, reacción e interacción de fuerzas sociales específicas localizadas dentro y fuera del Estado (Jessop, 2016: 57).
Aunque Jessop no pensaba en vínculos ilícitos, su afirmación de todos modos resulta válida: las conexiones clandestinas alejan a los actores estatales de su obligación de “imponer la voluntad del Estado” (como argumenta Steinmetz, 2014: 5) y los encaminan en una dirección diferente e ilícita. Como intentaremos demostrar, las fuerzas de seguridad estatales involucradas en relaciones colusivas abdican de la obligación de imponer la voluntad del Estado sobre otros y en cambio intentan imponer su propia voluntad en beneficio propio. Para hacerlo, utilizan el poder que les otorga el hecho de pertenecer al aparato estatal.
La evidencia empírica que presentamos apunta a un Estado cuya presencia en los márgenes urbanos exhibe, como ya dijimos, dos rasgos coexistentes y en apariencia contradictorios: actuar a la vez como responsable del cumplimiento de la ley y como cómplice de actos delictivos.[15] Las fuerzas de seguridad patrullan las calles, realizan allanamientos repentinos y establecen puestos de control aleatorios. Los agentes policiales utilizan tácticas violentas de detención y cacheo, y emplean fuerza excesiva para llenar calabozos y prisiones. Estos no son, reiteramos, signos de un Estado ausente o débil.[16] Y a lo largo de este libro vamos a mostrar cómo ese mismo Estado participa en forma paralela en actividades criminales en una variedad de maneras ocultas. Esa participación tiene consecuencias importantes. Como advierte Cruz (2016: 377): “Aumenta las repercusiones del delito, reproduce la impunidad, convierte a las instituciones estatales en cómplices del crimen, y transforma los parámetros de legitimidad del régimen”.
Nos proponemos desarrollar nuestro argumento sobre la ambivalencia del Estado mostrando con meticulosidad (en vez de limitarnos a mencionar y teorizar) el funcionamiento interno de las relaciones colusivas. Para descifrar la colusión, Entre narcos y policías presenta –con el mayor detalle empírico posible– los intercambios de recursos materiales y simbólicos entre narcotraficantes y agentes estatales, como asimismo las prácticas y procesos relacionales que la constituyen. Argumentamos aquí que estas relaciones ilícitas ayudan a las organizaciones del narcotráfico a establecer un monopolio económico sobre un territorio que es central para su comercio ilegal. También demostramos que las relaciones clandestinas entre policías y narcos:
1 configuran la violencia sistémica que a menudo acompaña al mercado de drogas ilegales y contribuye a la formación de lo que Janice Perlman (2010) denomina “caldo de cultivo de la violencia” en las áreas urbanas pobres,[17] y
2 modelan lo que los criminólogos denominan “cinismo legal”: la creencia compartida de que las fuerzas de seguridad “son ilegítimas e indolentes y no están capacitadas para garantizar la seguridad pública” (Kirk y Papachristos, 2011: 1191).[18]
Los pobres están convencidos de que, en lo atinente al narcotráfico y el control de la violencia relacionada con esa actividad, el Estado es inepto y tendencioso y participa en lo que llamaremos una desorganizada criminalidad organizada.
Uniéndose al “giro relacional” en las ciencias sociales, el sociólogo Matthew Desmond (2014) aboga por una “etnografía relacional” (Emirbayer, 1997; Mische, 2008; Tilly, 2002; Zelizer, 2012). Aduce que los etnógrafos deberían cambiar el foco sustantivo y analítico de su investigación –antes centrada en grupos humanos y lugares– hacia las relaciones, conflictos, fronteras y procesos.[19] En Entre narcos y policías desarrollamos una agenda de investigación que duró dos décadas y consistió en el escrutinio exhaustivo de las relaciones entre el Estado y los pobres urbanos (Auyero, 2000, 2007, 2013). Aunque dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a intentar comprender cómo piensan, sienten y actúan –solos o en grupo– los vecinos, los policías y los narcotraficantes, nuestro objeto de análisis son las relaciones entre estos tres actores. Para ser más claros: pensemos en el aplauso. Nosotros no estudiamos las manos que se chocan al aplaudir, sino el sonido percusivo que producen –y que figurativamente subyace entre ellas–. Este libro no es un estudio de un barrio (Arquitecto Tucci), un grupo de personas (sus residentes) o una organización (la fuerza policial o las bandas de narcos), sino un estudio de las relaciones (a veces abiertas; otras, encubiertas) de conflicto o cooperación entre ellos, y de las experiencias y acciones resultantes.[20]
Es importante señalar que estas relaciones no existen en un vacío, y que son modeladas por contextos económicos y políticos particulares. Las fuerzas y estructuras económicas y políticas determinan –en el sentido de establecer límites y ejercer presiones, como diría Raymond Williams (1978)– los recursos que se intercambian, las prácticas en que participan los actores y los procesos que los vinculan. Las transformaciones en la actividad policial y el tráfico de drogas, que analizaremos en el capítulo 1, son particularmente importantes para comprender qué es lo que “constriñe, impele y define” (Salzinger y Gowan, 2018: 62) a la dinámica de la colusión.
Una nota sobre métodos: etnografía y análisis de procesos judiciales
Este proyecto es una continuación del estudio sobre violencia y pobreza urbana iniciado en el libro La violencia en los márgenes (Auyero y Berti, 2013). Aquel texto hacía referencia a la colusión entre narcotraficantes y agentes policiales, pero no examinaba la información preliminar sobre el tema. Para escribir este libro revisamos el extenso trabajo de campo de aquel proyecto, realizamos más entrevistas en Arquitecto Tucci –enfocadas en particular en los vínculos entre consumo de drogas, tráfico, violencia e (in)acción policial– y estudiamos procesos judiciales que involucraron a miembros de organizaciones de narcotráfico y de las fuerzas de seguridad del Estado.
Etnografía revisitada y nuevos análisis
Entre abril de 2009 y agosto de 2012 –con las interrupciones de los recesos escolares de invierno y verano– María Fernanda Berti, una de las coautoras de La violencia en los márgenes, registró sus actividades como maestra de enseñanza primaria en un diario de campo. Esto incluía sus experiencias en el barrio donde trabajaba, combinadas con las anécdotas relatadas por sus alumnos, otros docentes y personal de la escuela, e información compartida por los padres. Siempre usaba seudónimos para identificar a las personas que estudiaba. Agustín Burbano de Lara se unió al proyecto como asistente de investigación en 2010 y 2011. Visitó Arquitecto Tucci dos o tres veces por semana durante seis meses y forjó una relación de confianza con los coordinadores de un comedor popular del barrio. A través de ellos pudo conocer a muchos otros vecinos: primero a los que visitaban el comedor y después a otros a través de estos. Las entrevistas que condujo Agustín tuvieron un carácter más informal que el intercambio unidireccional típico de los protocolos de investigación y fueron realizadas después de semanas, e incluso meses, de conocimiento mutuo.[21]
Para el actual proyecto, revisitamos la información producida durante aquel trabajo de campo. Esta tarea implicó recodificar notas de campo y entrevistas transcriptas con anterioridad. Pero esta vez nos focalizamos en las interacciones entre policías, narcotraficantes y vecinos. Específicamente, nos concentramos en las descripciones y evaluaciones de los moradores respecto de lo que ellos llamaban el “arreglo”: la relación ilícita entre policías y narcotraficantes. En este texto utilizamos el pronombre “nosotros” al describir este campo de trabajo etnográfico para subrayar que la información fue recolectada en equipo, no para referirnos a nuestra propia presencia.
Desde la publicación de La violencia en los márgenes, María Fernanda Berti continuó trabajando como docente en Arquitecto Tucci. En 2018 condujo catorce entrevistas adicionales con cinco dirigentes políticos, el sacerdote local y ocho vecinos. Estas nuevas entrevistas se focalizaron en las experiencias