La Constitución de 1980, adoptada por la dictadura de Pinochet, se convirtió en el punto focal de esas reformas. Como señala Heiss, la Constitución chilena exhibe aún su origen autoritario, autoriza la existencia de elementos reñidos con la democracia y auspicia un modelo neoliberal, deficitario, en temas como derechos económicos y sociales. Javier Sajuria plantea “que lo que vive Chile hoy es un fenómeno triple” consistente en “una polarización de las élites, su aislamiento de las masas y la (re)politización de la ciudadanía”.148 Como muestran los gráficos de abajo, Chile viene experimentando un crecimiento de la polarización política que se acentúa en los últimos 3 años.149 Aunque Chile tiene una democracia liberal bastante por encima del promedio de la región, se percibe, también, un deterioro relativo.
Gráfico v. Polarización política en Chile
Fuente: V-Dem Project.
Gráfico vi. Democracia liberal en Chile
Fuente: V-Dem Project.
Las élites, por su parte, no están distanciadas de la sociedad solo por sus diferencias de ingreso. Están distanciadas, también, por la desigualdad de acceso al poder, al empleo público y al sector corporativo. Como observa Sajuria, las élites políticas chilenas “están fundamentalmente divididas del resto de la sociedad. No provienen de las mismas escuelas, ni siquiera de los mismos sistemas escolares. Viven en barrios más caros con mejores servicios públicos. Van a universidades más elitistas y recurren a un sistema de salud diferente. Chile es un ejemplo clásico de la historia de dos ciudades, con una gobernando sobre la otra”.150
Con todos sus desafíos, el camino elegido por Chile resulta prometedor. El 25 de octubre de 2020, el 77 por ciento de los más de 7 millones de ciudadanos que votaron optó por redactar una nueva Constitución y el 78 por ciento prefirió que la redacción esté en manos de un órgano elegido en su totalidad por la ciudadanía. La composición de este electorado mostró distintas posturas políticas, distintos grupos etarios y distintos grupos socioeconómicos, además de la falta de diferenciación entre hombres y mujeres. Son datos, observa Sajuria, que desafían la tendencia a la polarización política en la sociedad.151 Como sea, resulta aún temprano para indagar de qué manera evolucionará el debate por el contenido de una nueva Constitución y si provocará además un debate renovado por la política exterior.
El gráfico de abajo muestra los puntos ideales de un conjunto de países de la región, esto es de qué modo han votado en la Asamblea de Naciones Unidas a lo largo del continuo liberal. Las líneas verticales señalan el año en que el país reformó o adoptó una nueva Constitución. A primera vista, no se percibe un patrón único. En algunos casos, el cambio de constitución marca el comienzo de un cambio en la votación en Naciones Unidas. Este es el caso de la Argentina en 1955 (Constitución del pos-peronismo); Nicaragua en 1974 (Constitución de la Junta Gobernadora), de Brasil en 1967 (Constitución del golpe militar de 1964) y de Ecuador en 2007 (reforma que estableció la inconstitucionalidad de los arbitrajes de inversiones y cómo se dan por terminados los tratados). Son, como se puede apreciar, casos poco comparables en tanto se trata de dos golpes de Estado, de una junta de transición y de un cambio en la coalición en el poder. Llama la atención, también, el caso de Venezuela en 2000. Se trata de la Constitución del régimen bolivariano impulsada por Hugo Chávez, la cual estuvo acompañada por un cambio profundo en la orientación internacional de Venezuela. En otros casos, el cambio constitucional aparece luego del cambio en la orientación internacional. Es el caso, por ejemplo, de la Argentina en 1994, bajo la presidencia de Carlos Menem quien desde 1990 operó un cambio importante en la votación argentina ante Naciones Unidas. Similar situación sería la de Chile y su constitución de 1980, siendo que el cambio en la orientación internacional comienza claramente a partir de 1973. Y en otros casos, no parece haber una relación directa entre cambio constitucional y cambio de votación. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la Constitución de Brasil de 1988 o la de Paraguay de 1992. Estos datos, sin embargo, necesitan ser estudiados con mayor profundidad para evitar caer en la endogeneidad ya que es probable que ambas cosas (reforma y cambio en la votación en la onu) estén motivadas por cambios políticos y sociales previos.
Gráfico vii. Puntos ideales y reformas constitucionales, 1947-2019
Fuente: Michael Bailey, Anton Strezhnev y Erik Voeten, “Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data”, Journal of Conflict Resolution, 61(2), 2017, 430-456.
Una forma de pensar hacia delante la relación entre una democracia renovada y la política exterior es a partir de las tres dimensiones arriba señaladas que plantea Sajuria: (1) la polarización de las élites; (2) el aislamiento de las masas; y (3) la politización de la ciudadanía. En primer lugar, la evidencia empírica hasta ahora sugiere que las élites polarizadas encuentran difícil establecer un equilibrio entre pluralidad democrática y consistencia temporal en política exterior. El incremento de la polarización en las democracias occidentales está haciendo más visible los límites para encontrar este equilibrio. Lo estamos viendo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Lo hemos visto en Brasil y en Bolivia, entre otros ejemplos. La evidencia empírica señala que la polarización política en Chile está en aumento desde hace ya varios años, tanto a nivel del electorado como a nivel de las élites.152 Esta polarización podría explicar, en parte, el giro de Sebastián Piñera en temas como ambiente, migraciones y derechos humanos. De continuar esta tendencia, no solo será difícil pensar en una Constitución que garantice una ampliación de derechos sociales y económicos, sino que también será difícil esperar que la consistencia temporal de la política exterior chilena perdure en el tiempo.
En segundo lugar, el aislamiento de la élite con respecto a la sociedad es algo poco explorado aún en la relación entre democracia y política exterior. La experiencia chilena muestra, como dijimos más arriba, que la política exterior ha sido una política relativamente aislada de la conversación pública. En este sentido, la trayectoria chilena es similar a la experiencia brasileña, al menos hasta el ascenso del pt al poder. En ambos casos, la política exterior estuvo en manos de una élite que definió el interés nacional de manera relativamente aislada de la sociedad, adjudicándose el monopolio en la definición del interés nacional. Esta forma de pensar y actuar en el mundo refleja de algún modo la composición de sociedades históricamente jerárquicas y desiguales. Decir esto, claro, no invalida los resultados que puedan haber alcanzado estos dos países, pero sí plantea el desafío hacia delante de cómo incorporar nuevas voces en la política exterior. Y plantea, en todo caso, un asunto fundamental que consiste en plantear la pregunta acerca de cuál es la política exterior que más puede hacer por disminuir las desigualdades.
En tercer lugar, la politización de la sociedad no parece ser un fenómeno exclusivamente chileno. Las protestas y las movilizaciones se han hecho sentir en todo el mundo. El Global Protest Tracker lleva contabilizadas más de 100 protestas en el mundo en contra de los gobiernos. Estima, también, que 30 gobiernos o líderes han caído como consecuencia de estas protestas. En América del Sur, ocho de doce gobiernos han visto aparecer importantes movilizaciones en sus respectivas sociedades. En Occidente, el factor dominante detrás