El derecho internacional y la mayoría de programas que buscan enfrentar despojos de propiedad se han enfocado en brindar reparaciones sin ocuparse de restaurar la dignidad11. La reparación es «el derecho de recibir restauración por la propiedad que fue despojada o de la cual se fue privado en el curso del conflicto y de ser compensado apropiadamente por las propiedades que no puedan ser restauradas»12. El objetivo de la reparación es reintegrar la propiedad perdida (es decir, el resultado). En contraste, la restauración de la dignidad se basa en principios de justicia restaurativa y, por lo tanto, busca rehabilitar al desposeído y reintegrarlo al tejido de la sociedad, haciendo énfasis en el proceso. Como lo afirma John Braitwhite, la justicia restaurativa está interesada en «restaurar la pérdida de propiedad, restaurar el daño, restaurar un sentido de seguridad, restaurar la dignidad, restaurar un sentido de empoderamiento, restaurar la democracia deliberativa, restaurar la armonía basada en un sentimiento de que se ha hecho justicia y restaurar el apoyo social»13. Cuando las reparaciones y la justicia restaurativa forman una alianza, la restauración de la dignidad es el resultado de esta unión formidable.
La mayoría de Estados que han enfrentado despojos de propiedad ocurridos en el pasado no han implementado medidas destinadas a la restauración de la dignidad porque se trata de un remedio más prolongado, complicado y costoso que las reparaciones. Los despojos de tierra de la era colonial y del apartheid en Sudáfrica son el ejemplo por excelencia de expropiación de la dignidad, y el gobierno del post-apartheid es único porque ha tratado de ir más allá de las reparaciones para facilitar la restauración de la dignidad. Dicho gobierno entendió su programa de restitución de tierras como una oportunidad de restaurar la propiedad así como la dignidad de sus ciudadanos negros14. Por ello, este libro usa el caso sudafricano para explorar empíricamente el intento de la nación de facilitar la restauración de la dignidad.
En Sudáfrica, como en muchas otras naciones, la expropiación de la dignidad ocurrió en medio de un proceso mayor de subordinación que incluyó el uso de la muerte, la desaparición, la tortura, la interrupción del proceso educativo, la exclusión política, el encarcelamiento, la violencia sexual y el terrorismo psicológico. El despojo de la propiedad exacerbaba y reflejaba la posición subordinada en la política de los desposeídos. Como tal, la restauración de la dignidad frecuentemente ocurre de manera simultánea con otras medidas no relacionadas con la propiedad. Por ejemplo, en Sudáfrica, el Estado del post-apartheid ha intentado remediar todo el espectro de afectaciones a la dignidad a través de distintas medidas que en todo caso se interrelacionan. La Comisión de Verdad y Reconciliación trajo a la luz la represión política, la violencia psicológica, la muerte y la tortura perpetradas bajo los regímenes pasados15. La Constitución post-apartheid concedió a las personas negras derechos civiles, políticos y socioeconómicos, y la Corte Constitucional fue la institución creada para defender estos derechos recientemente adquiridos16. Los programas de acción afirmativa crearon oportunidades para grupos previamente en desventaja que habían sido excluidos sistemáticamente de las oportunidades en los sectores público y privado durante regímenes anteriores. Los intentos del Estado del post-apartheid destinados a promover la restauración de la dignidad han ocurrido en conjunción con estos otros esfuerzos de mejorar el estatus de las personas negras, quienes solían ser tratadas como sub-personas hacia su nuevo estado de miembros dignificados de la política.
La pregunta central que aborda este libro es: cuando ha habido una expropiación de la dignidad, ¿qué se necesita para restaurar la dignidad? Existen, sin embargo, varias preguntas normativas que preceden esta pregunta. Por ejemplo, ¿debería una nación proveer remedios para despojos ocurridos en el pasado? De ser así, ¿qué tipo de remedio es más apropiado: la restitución de la tierra, la compensación monetaria, gestos simbólicos o disculpas? ¿Quién debería recibir el remedio: los desterrados durante un periodo específico de tiempo? En ese caso, ¿qué periodo de tiempo?; y si esos desterrados están muertos, ¿deberían los herederos ser beneficiarios de las reparaciones? ¿Cuánta compensación financiera debería pagar un Estado cuando usa sus poderes de expropiación para tomar propiedades de sus dueños actuales y dárselas a las poblaciones que fueron despojadas? Los académicos ya han desarrollado una literatura abundante que aborda estas importantes preguntas17. A partir de estos avances, este libro toma como punto de partida aquellos Estados que han decidido mirar atrás y proveer un remedio a los despojos ocurridos en el pasado.
Hay varias razones por las cuales los Estados han decidido remediar violaciones a la propiedad que ocurrieron en el pasado. La primera es proteger los derechos humanos y promover la justicia. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional, una persona arbitrariamente privada de su propiedad, sin el pago de una compensación justa, tiene derecho a un remedio efectivo18. Otra razón es que remediar las violaciones a la propiedad ocurridas en el pasado puede conferir legitimidad al Estado y a sus estructuras de gobierno19, y cultivar legitimidad es especialmente crucial después de una transición de régimen o liderazgo. También, los Estados han decidido abordar las violaciones a la propiedad, ocurridas en el pasado, porque en ocasiones ello es necesario para legitimar los regímenes de propiedad actuales. Cuando los derechos de propiedad son sistemáticamente adquiridos por medio del robo, es difícil justificar la protección de estos derechos ilegítimamente obtenidos por parte del Estado. Remediar las violaciones a la propiedad acaecidas en el pasado limpia los derechos de propiedad existentes y elimina el hedor del robo pasado. Adicionalmente, cuando los dueños actuales y pasados tienen derechos sobre la misma propiedad, la propiedad está en disputa, los derechos de propiedad no son claros y el desarrollo económico se ve obstaculizado20. Al remediar violaciones de la propiedad ocurridas en el pasado, los Estados pueden clarificar los derechos de propiedad existentes y promover el desarrollo económico.
Finalmente, los Estados han decidido remediar las violaciones a la propiedad ocurridas en el pasado porque no hacerlo puede poner en peligro potencial la estabilidad actual21. Sudáfrica es un caso perfectamente ilustrativo porque un fracaso al rectificar sus inequidades en la distribución de la tierra es como un mar de petróleo esperando un fósforo. En uno de los estudios más impresionantes hasta la fecha sobre la opinión pública, en materia de reforma de tierras en Sudáfrica, James Gibson encuestó a 3.700 sudafricanos y encontró que el 85 % de los negros en Sudáfrica creían que «[l]a mayoría de la tierra en Sudáfrica fue arrebatada injustamente por los colonos, y que por tanto ellos no tenían derecho a la tierra hoy»22.
El resultado más inquietante del estudio de Gibson fue que dos de cada tres personas negras estaban de acuerdo en que «la tierra debe ser devuelta a los negros en Sudáfrica, sin importar cuáles sean las consecuencias para los dueños actuales ni para la estabilidad política del país»23. De acuerdo con los datos de Gibson, la mayoría de los negros, tanto en áreas rurales como urbanas, ven la tierra como robada y la quieren de vuelta aun si la redistribución provoca inestabilidad política. Si el Estado post-apartheid no aborda adecuadamente las injusticias pasadas sobre la tierra, la estabilidad actual puede estar en peligro24. Por todas estas razones, el Estado sudafricano post-apartheid ha decidido dar una mirada al pasado y abordar la expropiación de la dignidad ocurrida bajo el colonialismo y el apartheid.
Breve historia de la expropiación de la dignidad en Sudáfrica
Los primeros despojos de tierra en la historia sudafricana comenzaron con la fundación de la Estación del Cabo por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) en marzo de 165125. La VOC dio a la población nativa la opción de irse o quedarse en sus tierras como sirvientes de los holandeses26. En 1679 la VOC comenzó a implementar una política más activa de adquisición