En los dos ámbitos, el de los partidos y las universidades, la crisis de octubre de 1943 marcó una primera delimitación clara entre oposición y gobierno. Al conocerse las renuncias de Anaya, Santamarina y Galíndez, unos ciento cincuenta “notables” firmaron el 14 de octubre un “Manifiesto por la democracia efectiva y la solidaridad americana”, publicado en los diarios al día siguiente. Dirigentes radicales como José María Cantilo, Mariano R. Castex, Arturo U. Illia, Tomás Le Bretón, Adolfo Lanús, Enrique L. Mosca y Joaquín Manubens Calvet; demócratas progresistas como Luciano Molinas, Julio A. Noble y Horacio R. Thedy; socialistas como Américo Ghioldi, Roberto F. Giusti, Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, acompañaban a conservadores como José Aguirre Cámara y Vicente Solano Lima, socialistas independientes como Héctor González Iramain, y una serie de figuras de distintos quehaceres, entre las que se contaban el dirigente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, Ricardo C. Aldao, y escritores, intelectuales y catedráticos como Adolfo Bioy, Adolfo Mitre, Alfredo Orgaz, Santiago C. Fassi, José Peco, Alberto Gerchunoff, Bernardo Houssay, Josué Gollán, Bernardo González Arrili, el músico Juan José Castro, y algunos dirigentes sindicales socialistas: Francisco Pérez Leirós, eterno líder de los municipales porteños, y Ángel Gabriel Borlenghi, atildado secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, cuyos contactos con Perón, iniciados en julio, no le impedían mantener la línea rupturista y favorable a una Unión Democrática que sostenía. Los firmantes consideraban “que en el momento actual de la Nación es imprescindible y urgente expresar la solución fundamental reclamada por la inmensa mayoría del pueblo, y que constituye, a la vez, la base para asegurar la unión, la tranquilidad y el futuro de los argentinos”. Esa solución la sintetizaban en los términos: “democracia efectiva por medio de la fiel aplicación de todas las prescripciones de la Constitución Nacional y solidaridad americana por el leal cumplimiento de los compromisos internacionales firmados por los representantes del país”. El texto señalaba que la Argentina “no puede ni debe vivir al margen de su Constitución y aislada o alejada de los pueblos hermanos de América y de los que en el mundo luchan por la democracia”. Y planteaban que “la libertad de reunión y de prensa [...] daría oportunidad para que la opinión pública ratificara en forma terminante los conceptos básicos que aquí enunciamos”. La respuesta del gobierno fue doble. Un comunicado de la Secretaría de la Presidencia salía al cruce del “manifiesto” de un “grupo de personas que se atribuye a sí mismo una representación caduca e inexistente”, al que calificaba de “núcleo heterogéneo, constituido hoy por políticos sin esperanzas e ideólogos enconados” que “no quiere resignarse a expiar en silencio su falta de lealtad para con el país”. Los acusaba de pretender “que el gobierno realice en cuatro meses lo que no quisieron ni pudieron hacer” y se los acusaba de conducir “a la Nación al estado en que se encontraba el 4 de junio”. Tras señalar que varios de los firmantes eran “extranjeros, algunos de ellos nacidos en remotas comarcas” y que muchos estaban vinculados “a un izquierdismo extremo” y, otros, incluso “fueron aclamados por multitudes comunistas”, el comunicado reiteraba el “amplísimo sentido republicano” que animaba al gobierno, pero advertía que “no tolerará ninguna intromisión, menos aún imposiciones y tampoco admite polémicas incompatibles con la majestad de su representación”. Al día siguiente, con la firma del coronel Enrique P. González, los ministros recibieron una directiva, “por encargo del excelentísimo señor Presidente”, para que “en el día de la fecha sean declarados cesantes en la administración nacional y reparticiones autárquicas inclusive, los firmantes” del manifiesto. Se remarcaba que “resulta inadmisible que funcionarios o empleados del Estado, que están obligados a dar ejemplo de acatamiento y fidelidad, se arroguen facultades que repugnan a la ética administrativa y a la moral pública”. La instrucción se cumplió de inmediato y tuvo particular incidencia en las universidades e instituciones de enseñanza104. Las designaciones de los nuevos ministros y, con ellos, de sus equipos de funcionarios, mayoritariamente alineados con variantes autoritarias del nacionalismo y el catolicismo, puede considerarse otra respuesta, más contundente aún, al planteo de una oposición que, de ahí en adelante, tendría poco margen de maniobra. La disolución de los partidos políticos, dispuesta el 31 de diciembre de 1943, sería un punto clave en la escalada del conflicto.
Si hacia los partidos la actitud del gobierno militar fue cada vez más autoritaria, con respecto a los trabajadores y sus organizaciones gremiales se dio un proceso similar, aunque más contradictorio. Por un lado, una serie de medidas tendientes a combatir “el agio y la especulación” significaban un alivio a los sectores de ingresos fijos y, sobre todo, de los obreros. La rebaja del 20% y el congelamiento de impuestos a los alquileres de viviendas, disposiciones de precios máximos en algunos alimentos básicos y un aumento de salarios, mostraban la proclamada preocupación por la calidad de vida del pueblo. Por otro lado, la guerra declarada a la “infiltración comunista” y a los “agitadores” tendió a acciones cada vez más autoritarias respecto del sindicalismo. En principio, el nuevo gobierno mantuvo en su cargo al presidente del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), el doctor Emilio Pellet Lastra, funcionario que venía desempeñando el cargo desde 1939 y que en los últimos años se quejaba de la falta de recursos y de la reiterada demora de legisladores en reformar y modernizar normas, y de la poca disposición de los jueces para aplicar las vigentes. El 9 de junio, Pellet Lastra recibió a representantes de treinta entidades gremiales, que militaban en todas las federaciones y confederaciones existentes: las dos CGT, la Unión Sindical Argentina (USA), la FACE (Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas), y algunos independientes. Todas las tendencias político-sindicales estaban expresadas en esa reunión, en la que Pellet Lastra anunció que, “así como el gobierno tratará de satisfacer las justas reclamaciones gremiales y de estudiar el costo de la vida y el abaratamiento de las subsistencias”, también tendría “muy en cuenta la forma cómo las asociaciones obreras se conducen públicamente en sus actividades”. Les exigió “absoluta prescindencia en materia política, tanto interna como internacional, ciñendo su programa a lo estrictamente gremial” y que no recurriesen “por medio de pretextos ficticios” a declarar huelgas. Ese mismo día, la CGT 1 declaraba la necesidad de que el gobierno tomara medidas “contra la especulación” y mencionaba el anhelo popular de expresar su voluntad en comicios libres y de estrechar vínculos con las Naciones Unidas. Todavía el 21 de junio, el ministro del Interior recibía a una delegación de la CGT 2, integrada por Francisco Pérez Leirós, Ángel J. Borlenghi, José María Argaña y Vicente de Cesare. Los dirigentes sindicales le dijeron al aún coronel Gilbert que “la clase trabajadora había sentido un verdadero alivio al ser depuesto el régimen anterior” y que compartía los propósitos declarados por el nuevo gobierno, de hacer cumplir la Constitución y depurar la administración pública y la justicia, y las medidas tomadas para abaratar la vida. Por su parte, la CGT 1 también declaró su apoyo a las medidas “tendientes a poner término a la especulación y al agio en los artículos de consumo popular y a resolver el problema de los alquileres de las viviendas”.