En ese contexto debe considerarse el nuevo intento de desplazar a Farrell y, con él, a Perón y posiblemente a otros directivos del GOU. Según Gontrán de Güemes, el Ejército estaba “cruzado por un viento de malestar”, y da a entender que un grupo de oficiales opuestos a Perón iba a pedir una entrevista con el presidente, también para reclamar una reorganización del gabinete, pero con el general Anaya como ministro de Guerra. En esta versión, Perón se habría anticipado a los hechos, reuniendo a sus incondicionales dentro del GOU y ordenando “a seis de ellos para que inmediatamente se apersonen al general Ramírez y le exijan la renuncia de Anaya y otros ministros”. El presidente, según afirma Gontrán de Güemes, estaba “resuelto a eliminar al binomio Farrell-Perón” y les encomendó al general Santos Rossi, comandante de la Primera División, y al coronel Ambrosio Vago, director de la Escuela de Mecánica del Ejército, para garantizar la adhesión de las unidades. En esta versión, también el teniente coronel Ducó y el coronel Enrique González estaban en este movimiento. Sin embargo, en pocas horas el general Ramírez cambió de opinión. Rossi, Vago y el director de la Gendarmería, coronel Juan A. Palacios, entre otros oficiales, perdieron sus mandos y fueron destinados lejos de la Capital. Aunque Gontrán de Güemes no explica cómo se dio este súbito cambio de parecer, no es difícil de comprender teniendo en cuenta quienes rodeaban al presidente: Filippi, Mittelbach, Ferrazzano y el coronel González, quien más allá de haberse reconciliado con Perón, era partidario de mantener la neutralidad98.
El resultado de la crisis fue el nombramiento del general Farrell como vicepresidente, aunque reteniendo el cargo de ministro de Guerra, el 11 de octubre. A partir de allí, en los siguientes días renunciaron Anaya, Santamarina y Galíndez. El general Gilbert fue confirmado al frente de la Cancillería, mientras que Luis César Perlinger se hacía cargo del Ministerio del Interior. César Ameghino, hombre vinculado a Barceló y exministro del gobernador Fresco, asumió como ministro de Hacienda. En Obras Públicas, para mantener la presencia de la Armada, Galíndez fue reemplazado por el capitán de navío retirado Ricardo Vago; en Justicia e Instrucción Pública fue nombrado Gustavo Martínez Zuviría. Era posiblemente la figura más conocida por la opinión pública, como director de la Biblioteca Nacional desde octubre de 1931 y por su obra literaria, publicada bajo el seudónimo de Hugo Wast; su novela El Kahal-Oro, de alto contenido antisemita, aparecida en 1935, había sido un éxito de ventas. La “Sección Noticias 16” del GOU, del 2 de noviembre de 1943, al tiempo que justificaba “el largo silencio” en la aparición del boletín por el “duro trabajo, la prudencia y la necesidad de mantener a nuestros enemigos en la incertidumbre sobre nuestra acción”, presentaba el cambio de gabinete como una derrota de esos enemigos, producida “por su propia mala fe, por su incomprensión de la hora que vive el Ejército y por su falta de valores morales”99. Solo el general Mason y el almirante Benito Sueyro quedaban del gabinete original. En su nueva conformación, el gobierno mostraba una mayor coherencia, dominada ahora por los sectores nacionalistas y, particularmente, los más sesgados hacia posturas autoritarias.
1.4.c) La actitud autoritaria hacia los partidos y el movimiento sindical
Ya antes de que los nacionalistas lograsen ese predominio en el gabinete, la política del gobierno en el orden interno venía asumiendo rasgos cada vez más autoritarios. Aunque todavía en octubre, en medio de la crisis, el presidente Ramírez declaró en una visita a Azul que no temía a los partidos y que sabía que en ellos “hay hombres e incluso dirigentes” [sic] beneficiosos para el país100, la situación con las organizaciones políticas era conflictiva, y lo mismo ocurría con los sindicatos y las agrupaciones estudiantiles.
Las expectativas de la dirigencia política habían comenzado a enfriarse ya en junio, al declararse disuelto el Congreso y a medida que se nombraban los interventores, o, como se los llamó entonces, “comisionados nacionales” en las provincias. Ya la designación del general Basilio Pertiné como intendente de la Capital había generado preocupación; pero las declaraciones de los generales retirados Armando Verdaguer en Buenos Aires y Luis Villanueva en Mendoza, entre otros funcionarios a cargo de las provincias, hicieron gala de su desprecio a la “partidocracia”. Aunque Verdaguer reafirmaba que la Revolución se realizó para “un nuevo imperio de la Constitución argentina” y en los días siguientes a su asunción recibió a dirigentes radicales unionistas, como Alberto Reales, Manuel Osores Soler y Juan I. Cooke, y revisionistas, como Ricardo Balbín y Emilio Donato del Carril, las primeras inquietudes surgieron ante nombramientos como el de Matías Sánchez Sorondo como presidente del Banco de la Provincia y de los comisionados en las intendencias, en su mayoría militares vinculados a sectores nacionalistas. Verdaguer reiteraba su convicción de que los militares, en medio de una corrupción generalizada, habían sabido mantener “las fuerzas morales inquebrantables”, y a partir de allí, a medida que su discurso se fue haciendo más desdeñoso hacia los políticos, también se planteaba en términos de “depuración”, como la emprendida entre el personal docente de la provincia. Por su parte, el general Villanueva, al asumir, llegó a decir que en esos momentos “política es mala palabra”, además de señalar que “para cumplir los fines de la Revolución había que acercar a las nuevas generaciones a Cristo Rey”. El general retirado Alfredo Córdoba, curiosamente puesto al frente de la provincia homónima, también se encargó de tener roces con los políticos locales, que generaron una fractura en las filas sabattinistas101.
Tampoco tranquilizaba a los políticos la decisión, tomada ya el 18 de junio, de quitar el término “provisional” en la denominación del gobierno y sus funcionarios, al tiempo que se anulaba la convocatoria a los comicios de setiembre. Desde ya que ningún dirigente esperaba que se celebrasen las elecciones ese año, pero cuando en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas el presidente afirmó que era “imprescindible que los partidos políticos se depuren de los malos elementos” para reorganizarse, y que cuando “hayan cumplido íntegramente esa tarea de normalización tendrán derecho a intervenir en la vida y conducción del Estado” y que no lo harían “ni un minuto antes de haberla terminado”, muchos comenzaron a recordar el lenguaje uriburista. Desde mediados de julio, la prohibición y clausura de locales de las entidades Acción Argentina, Junta de la Victoria, Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a las Democracias y Confederación Democrática Argentina de Ayuda a los Pueblos Libres, con la argumentación de que la entidad servía de cobertura a actividades comunistas, la idea de estar ante una dictadura dispuesta a perdurar comenzó a ganar adeptos entre los dirigentes políticos102.
La respuesta estudiantil al movimiento del 4 de Junio inicialmente fue dispar. El Tercer Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en Córdoba en los primeros días de octubre de 1942, había reiterado las manifestaciones favorables a una Unión Democrática y contrarias al fraude. Producida la caída de Castillo, una delegación de la Federación Universitaria Argentina (FUA), integrada por Jorge A. Bruce, Víctor Tardá, Ricardo Sangiácomo y Eduardo Holt Maldonado, entrevistó, día 9, al presidente Ramírez, y el comunicado que dio reiteraba las afirmaciones presidenciales contra el fraude y la corrupción, y su seguridad de que esta “revolución no tendrá el giro que tuvo la del 6 de setiembre”. Por el contrario, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), desde el inicio se manifestó en contra del gobierno militar. Un comunicado dado a las pocas horas del derrocamiento de Castillo, con la firma de su presidente, Jorge A. Brusa, y su secretario general, Marcos Merchensky, declaraba su oposición “a que gobiernen al país Juntas Militares, por bien inspiradas que sean”. Reconocían la falta de “base legal y popular para sustentarse” del gobierno de Castillo, pero reclamaban que “los jefes militares de la revolución triunfante deben entregar el gobierno a las autoridades constitucionales”. En poco tiempo se generó una oposición frontal de quienes se consideraban los herederos de