Esta dualidad es evidente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo preámbulo termina con el párrafo:
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
La declaración contiene treinta artículos referidos a derechos que toda persona debe disfrutar, así como a ultrajes a los que nadie debe someterse. Claramente esta diferencia obliga a los Estados tanto “a actuar” en favor de proteger los derechos humanos, como a “abstenerse de actuar” cuando las acciones son violatorias de esos derechos; lo que Landman denomina “acciones positivas” y “acciones negativas” (Landman, 2006).
El vínculo entre el cumplimiento por parte del Estado y el disfrute de los derechos por parte de las personas representa para las investigaciones sobre derechos humanos dificultades metodológicas que deberán resolverse en la medición de cada categoría de los derechos humanos: “civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ambientales y solidarios” (Landman, 2006), y en un entorno empírico también particular.
En cuanto al Estado mexicano como sujeto obligado, hay diversos señalamientos de vacíos institucionales y normativos, incumplimiento de compromisos, falta de transparencia en la información, definiciones inapropiadas (por ejemplo, “víctima”), retrocesos en los derechos, dar rango constitucional a las violaciones (por ejemplo, la figura de “arraigo”), falta de apoyo a las organizaciones sociales dedicadas al análisis y defensa de los derechos humanos, etc. Estos vacíos convergen en la incapacidad del Estado para cumplir cabalmente con su obligación de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos humanos. Asimismo, pueden constituir indicios de regresividad en el cumplimiento, lo que sería violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1°).
Visto desde el ángulo de los pretensores o titulares, destacan algunas carencias: la falta de información, la ausencia de programas de difusión de los derechos, el desconocimiento de la población sobre cuáles son sus derechos, cómo hacerlos efectivos, diversas formas de discriminación institucionales, dónde denunciar el incumplimiento y a qué tribunal recurrir para un juicio. Estas deficiencias hacen que, desde la perspectiva de quienes son titulares o receptores de los derechos, las cuestiones a investigar sean muy diversas.
La perspectiva interdisciplinaria
El documento recibido para la investigación “Institucionalización y disfrute de los derechos humanos en las democracias latinoamericanas: 1990-2010” presenta un esquema de relaciones que muestra la complejidad del problema a investigar. Complejidad que, según Rolando García (2006: 21), se asocia a la imposibilidad de considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación, a partir de una disciplina específica. Las situaciones y los procesos no se presentan de manera que se les pueda clasificar por su correspondencia con alguna disciplina en particular.
Desarrollar la investigación sobre derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria significa que los especialistas tendrían que hacer explícitos los mecanismos que operan tras la relación entre institucionalización y disfrute de derechos, deliberando sobre si existe o no la posibilidad de que el disfrute de derechos influya en el ámbito de las instituciones y vuelva a ser transformado por éstas. Para tener una respuesta satisfactoria, es necesario conocer cuáles son los mecanismos que interconectan ambas esferas y condicionan su evolución. Asimismo, cabe considerar si los factores políticos, económicos y sociales que en el documento referido se suponen vinculados al disfrute de derechos pudieran también influir en la institucionalización.
La colaboración de un grupo de especialistas que compartan la perspectiva interdisciplinaria permitirá formular una argumentación que delimite el complejo empírico conveniente para el estudio, determine cuáles son las disciplinas relevantes para definir sus subsistemas, especifique la temporalidad de sus procesos, y precise en qué condiciones de contorno interactúan.
Una posibilidad es definir el complejo empírico a partir del binomio “cumplimiento de las instituciones-disfrute de las personas”. El análisis empírico de los derechos humanos involucra, a la vez, el cumplimiento por parte del Estado (mediante las acciones u omisiones a que se obliga al suscribir los tratados internacionales), así como la satisfacción o violación para las personas, o comunidades si es el caso. Esta dualidad, equivalente al balance entre el debe y el haber contables, introduce en el estudio de cada uno de los derechos la particularidad de que un mismo derecho corresponde con indicadores de la protección y del goce que, aunque vinculados con las mismas dimensiones conceptuales, se miden mediante variables distintas por ser diferentes las unidades de análisis.
Cuando se estudia el cumplimiento en la protección de los derechos, las unidades son gobiernos e instituciones; mientras que el disfrute se refiere a la satisfacción de los derechos de personas o colectivos.
Przeworski y Teune (1970) advierten que la definición de indicadores está afectada por lo que denominan la interferencia sistémica, la cual se refiere a que incluso los indicadores vinculados con un mismo concepto tendrán distinta medición según el contexto, porque el sistema empírico concreto les impone características específicas. La interferencia obliga a mantener el binomio cumplimiento-disfrute en el análisis de cada derecho humano particular, además de considerar los diversos factores institucionales involucrados, según el caso.
No obstante, la mayor dificultad para esta investigación reside en utilizar información estadística agregada. Por ejemplo, en el derecho a la salud, se dice que en México el “acceso” a los servicios cubre a toda la población, pero los estudiosos del tema señalan que el acceso, así entendido, no abarca todas las acciones requeridas y tampoco garantiza el “uso efectivo” de quienes los necesitan, porque la población no sabe qué puede usar, ni qué debe usar. Asimismo, se ha planteado la necesidad de investigar las condiciones de discriminación en la atención y la mala calidad de los servicios que debieran ser adecuados, oportunos y prestarse con respeto a los derechos humanos. Estos elementos de incumplimiento, que en ocasiones obedecen a impedimentos de orden geográfico o cultural y falta de prevención, no se expresan en el número de hospitales, médicos, etc. Los expertos reconocen que para que el derecho a la salud “se disfrute”, hace falta vincular las acciones del sector salud con las de otros sectores que obstaculizan o potencian sus efectos.
Se ha estudiado que el “rezago educativo” implica un retraso en la formación de ciudadanos, porque “los titulares” desconocen sus derechos, la precariedad de las “condiciones de las vivienda” (en especial el piso de tierra y el hacinamiento) y de los “servicios en la vivienda” (la carencia de agua entubada y drenaje), se asocian con deficiencias en las condiciones de salud de sus habitantes, particularmente los de menor edad. Éstas son cuatro de las seis dimensiones de carencias sociales que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval, 2013) emplea en la medición multidimensional de la pobreza, basada en una concepción de derechos humanos. Las otras dos dimensiones de la medición de las carencias son el acceso a la alimentación y el acceso a la seguridad social, que también influyen en las condiciones de salud.
Una vía prometedora para el proyecto de investigación discutido en este volumen sería replicar los indicadores que han utilizado las fuentes internacionales para —en este caso— examinar las desigualdades entre los países de América Latina y, dentro de éstos, las de sus regiones o unidades político-administrativas. Este análisis serviría como monitor del cumplimiento de los derechos por parte de los gobiernos nacionales y locales, mediante indicadores referidos a los agregados convenidos.
El equipo