2) El gobierno utiliza criterios transparentes y no discriminatorios para evaluar las solicitudes para asociarse o reunirse en asamblea. Esto es, los requerimientos para obtener un permiso o para organizar una reunión pública son usualmente publicados en una ordenanza, estatuto o cualquier otro documento legalmente vinculatorio. Los ciudadanos conocen estos requerimientos, los cuales son aplicados de manera consistente a todos en una base de no discriminación. Si el proceso de aprobación o denegación del registro de una asamblea o asociación no es transparente, pero no hay reportes de que el gobierno haya discriminado de manera injusta a algunos grupos o individuos, dicho gobierno recibe un puntaje de dos. (Cingranelli y Richards, 2008b: 54, mi traducción).
Así, las reglas de codificación del ciri Human Rights Data Project son un buen ejemplo de transparencia y precisión, lo cual permite la mencionada “replicabilidad” de esta base de datos. Por otro lado, la “confiabilidad” proviene de la participación de dos codificadores y de niveles importantes de coincidencia en sus codificaciones individuales. En la gráfica 1 se ofrece, como ejemplo, el índice del derecho a la integridad física de ciri para tres países de América Latina.
Gráfica 1. Violaciones a los derechos a la integridad física para Chile, Colombia
Una base de datos ampliamente utilizada y generada con la medición a partir de estándares es la Escala del Terror Político (“Political Terror Scale”, pts), la cual ofrece un índice de violación a los derechos de integridad física para más de 180 países, a partir de 1976.[6] La base de datos pts, elaborada igualmente por un grupo de académicos, se basa en la codificación de la información contenida en los informes anuales de ai y del usds, con lo que se genera un índice en una escala de 1 a 5 puntos (en la que un 1 implica mayor respeto y un 5 mayores violaciones).
A diferencia del ciri Human Rights Data Project, que —como ya se señaló— ofrece indicadores desagregados por cada derecho, el pts presenta un sólo índice en el que incluye a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada y el encarcelamiento político. Las reglas de codificación del pts también son claras y transparentes, aunque menos precisas o detalladas que las de Cingranelli y Richards. Sin embargo, a diferencia de las de ciri, que no ofrece indicadores diferenciados para los informes de ai y para los del usds, la pts sí ofrece un indicador año/país para cada fuente por separado. Esto sería pertinente, pues, en efecto, la valoración que ambas instancias hagan sobre la situación de derechos humanos en un país, en un año determinado, no es necesariamente coincidente.
Finalmente, los autores de la pts destacan como una ventaja frente al índice de violación del derecho de integridad física de ciri que su índice toma en cuenta explícitamente no sólo la intensidad de las violaciones, sino también su extensión, es decir, el grado en que afecta a mayores o menores segmentos de la población de un país (Wood y Gibney, 2010).
La codificación de la pts la realizan dos codificadores experimentados (“senior coders”), de acuerdo a la siguiente escala, con base en las instrucciones que se enlistan:
1)Países bajo un Estado de derecho seguro; las personas no son apresadas por sus opiniones; la tortura es rara o excepcional. Los asesinatos políticos son extremadamente raros.
2)Hay un monto limitado de encarcelamientos por actividades políticas no violentas. Sin embargo, algunas personas son afectadas; la tortura o las golpizas son excepcionales. El asesinato político es raro.
3)Hay encarcelamientos políticos de manera extensiva, o una historia reciente de dicho tipo de encarcelamientos. La ejecución u otros asesinatos políticos y la brutalidad pueden ser comunes. La detención ilimitada, mediante juicio o no, por motivos políticos es aceptada.
4)Las violaciones a los derechos civiles y políticos se han extendido a grandes sectores de la población. Asesinatos, desapariciones y torturas son una parte común de la vida. A pesar de su generalización, en este nivel el terror afecta a quienes se interesan en la política o las ideas.
5)El terror se ha expandido a toda la población. Los líderes de estas sociedades no ponen límites a los medios o a la minuciosidad con que persiguen sus fines personales o ideológicos.[7]
En la gráfica 2 se muestra el índice de la pts para tres países de América Latina:
Gráfica 2. PTS para Chile, Colombia y Costa Rica (1976 a 2011).
Por último, vale la pena referirnos a los indicadores generados por la organización estadounidense Freedom House, que abarca 194 países, desde 1972 a la fecha. En su reporte anual, Freedom in the World, dicha instancia ofrece un índice de derechos políticos y uno de libertades civiles, ambos en una escala de 1 a 7 (en la que 1 indica mayores violaciones y 7 mayor vigencia de los derechos en cuestión), con base en los cuales cataloga a los países en tres categorías amplias: “libres”, “parcialmente libres” y “no libres”.[8]
A diferencia del ciri y de la pts, Freedom House realiza sus ejercicios de codificación a partir de un amplio conjunto de fuentes no predeterminadas con anterioridad, mientras que la codificación la lleva a cabo un equipo de “analistas entrenados” y está verificada por “académicos asesores”, con conocimientos y experiencia concreta y específica sobre los distintos países y regiones del mundo. La codificación se basa en un listado de preguntas concretas: diez relacionadas con los derechos políticos y quince con las libertades civiles.
Así pues, los analistas adjudican entre 0 y 4 puntos a cada país en el año en cuestión, siguiendo las pistas ofrecidas por esas preguntas. Entre más puntos acumule un país, más cerca estará de obtener un 7 en la escala ordinal, y viceversa.[9] No obstante, los índices de Freedom House han sido criticados y cuestionados. Por un lado, sus reglas de codificación no son lo suficientemente precisas, por ejemplo, los analistas no tienen indicaciones claras sobre el tipo de situaciones en que deben adjudicar un 0 y en las que se tiene que asignar un 4, en cada una de las 25 preguntas. De esta manera, su ejercicio de codificación es difícil de replicar y, por ende, de validar.
Por otra parte, Freedom House no publica los detalles del ejercicio de codificación, esto es, los puntajes dados a cada país en las respectivas preguntas. En ese mismo tenor, no ofrece ningún tipo de dato que refleje los niveles de coincidencia o discrepancia entre los analistas que participaron en el ejercicio de codificación, lo cual afecta la confiabilidad de los indicadores.
Finalmente, estos problemas de replicabilidad y confiabilidad se vinculan con diversas críticas sobre un sesgo sistemático de esta base de datos, el cual —se dice— afecta de manera específica a los gobiernos con diferencias ideológicas o políticas severas con el gobierno estadounidense.
En la gráfica 3 se ofrece, como muestra, el índice de libertades civiles para los mismos tres países de América Latina.
Gráfica 3. Libertades civiles para Chile, Colombia y Costa Rica.
Conclusiones
Como se expuso en este capítulo, existen básicamente dos tipos de indicadores de derechos humanos: indicadores de insumos e indicadores de resultados. Además, pueden seguirse distintos métodos para su generación: la suma de eventos, la estimación estadística con base en una muestra representativa o la medición a partir de estándares. Ante la inexistencia de bases de datos amplias, tanto de indicadores de insumos como de resultados, generadas mediante suma de hechos o mediante encuestas, este capítulo prestó especial atención a los indicadores generados con la medición de estándares.
También se concluye que, a pesar de los problemas o límites de los informes de ai y del usds, éstos parecen ser las fuentes más adecuadas para proyectos de investigación