CFE Comisión Federal de Electricidad
CFF Código Fiscal de la Federación
CFPC Código Federal de Procedimientos Civiles
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CRE Comisión Reguladora de Energía
DOF Diario Oficial de la Federación
FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura
EPE Empresas Productivas del Estado
LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
LAPP Ley de Asociaciones Público-Privadas
LCFE Ley de la Comisión Federal de Electricidad
LFDP Ley Federal de Deuda Pública
LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo
LFPCA Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo
LFPRH Ley Federal de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria
LGBN Ley General de Bienes Nacionales
LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas
LGSM Ley General de Sociedades Mercantiles
LH Ley de Hidrocarburos
LIE Ley de la Industria Eléctrica
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
LOPSRM Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
LORCME Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
LP Ley de Planeación
LSRLIP Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público
LYFC Luz y Fuerza del Centro
MEM Mercado eléctrico mayorista
ORCME Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
PEMEX Petróleos Mexicanos
PIDIREGAS Proyectos de inversión diferidos en el registro de gasto, hoy proyectos de infraestructura productiva de largo plazo
PND Plan Nacional de Desarrollo
PPS Proyectos de prestación de servicios
RLAPP Reglamento a la Ley de Asociaciones Público-Privadas
RLFPRH Reglamento a la Ley Federal de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEN Sistema Eléctrico Nacional
SENER Secretaría de Energía
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SJF Semanario Judicial de la Federación
SJFYG Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
TFJA Tribunal Federal de Justicia Administrativa
El libro que en la presente ocasión aportan los autores Béjar y Villanueva nos aproxima a una figura que reta a la Administración Pública mexicana a explorar alternativas de flexibilización en la aplicación de diferentes formas de contratación pública que de manera paralela resulten eficientes en la gestión de los recursos económicos. Lo anterior pone a prueba la atención que se debe prestar al principio de legalidad y propende al equilibrio entre la seguridad jurídica para los administrados y el cumplimiento de los fines públicos dentro del marco legal establecido.
Aunado a lo anterior, los autores vinculan la participación ciudadana como elemento determinante en la ejecución continua de las políticas públicas, en contraste con la visión clásica, en la cual la ciudadanía se limita a ser consultada o a desenvolverse por medio de instrumentos específicos altamente regulados en la normatividad.
Celebro el aporte realizado por los autores, que nos ofrecen un estudio pormenorizado de las alternativas para la contratación de proyectos de infraestructura hasta la incorporación de la figura de la asociación público-privada y de las posibilidades que estas alternativas prometen para el sector eléctrico. De igual manera, el libro considera aportes normativos determinantes, como lo son la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Público Privadas del año 2012 y la Reforma Energética de 2013, tras las cuales se estableció una coyuntura especial que es importante entrar a revisar con una visión de análisis crítico sobre lo sucedido y que resulta actual bajo las circunstancias que hoy rodean al sector eléctrico mexicano.
En el contexto anteriormente explicado, los autores realizan un examen sobre los efectos que podrían tener las asociaciones público-privadas y la viabilidad de la utilización de esta figura en la industria eléctrica. Además, ofrecen luces sobre su factible uso por parte de las dependencias, los órganos y las empresas públicos que forman parte del sector, también de sus potenciales beneficios, expresados en mejores condiciones de mercado y ventajas competitivas.
Es para mí una satisfacción el presentar ante la comunidad académica el presente libro. Esta obra no hubiera sido posible sin el esfuerzo de los autores, a quienes extiendo mi gratitud y total confianza para avanzar con sus investigaciones, especialmente en lo relacionado con la regulación del sector energético en México.
La Calera (Cundinamarca), 17 de julio de 2020
LUIS FERNEY MORENO CASTILLO
Director del Departamento de Derecho Minero Energético
Universidad Externado de Colombia
El derecho administrativo es, sin duda, una de las disciplinas jurídicas más cambiantes y evidentemente condicionadas a los cambios de la sociedad misma. Ello no es sino consecuencia de su carácter instrumental respecto de los fines del Estado y la Administración y su pleno sometimiento al principio de legalidad.
El Derecho administrativo y el Estado establecen, desde los orígenes del primero, una relación instrumental, en la que el último solo puede consolidarse y expandirse en la medida en que cuenta con un sistema racional de normas que regula y limita su funcionamiento. Todo avance en la capacidad de acción del Estado está acompañado de una transformación del derecho administrativo y una precisión de los límites de la actuación del Estado; es decir, definición de la esfera de libertades de la persona1.
Por ello, cada día surgen nuevas formas en la Administración Pública para cumplir con sus cometidos:
La inseparabilidad del derecho administrativo con los cometidos estatales de gobierno y de la realización del interés general, así como la exigencia de efectividad, le dan a nuestra rama la característica de ser el derecho de la conducción, de la dirección […] Para que la conducción sea eficaz, el derecho administrativo provee un conjunto de técnicas jurídicas que la hacen posible2.
En el entorno global actual, con total independencia de cuál sea nuestra postura al respecto, la globalización es una realidad que ha permitido ya abandonar esa vieja concepción de que el derecho administrativo es una cuestión de derecho interno. La globalización trae un nuevo marco de comportamiento de los mercados que directamente impactan la regulación administrativa.
En los últimos años del siglo XX se han producido profundos cambios en lo económico, social y cultural a causa de la revolución tecnológica, la globalización económica, la extensión de la información y de las comunicaciones, los procesos de integración económica