Nuevas ONG con especialización técnica
A diferencia de los actores que se concentraron en el impulso de agendas institucionales y que provenían de la trayectoria de consolidación de la defensa de los DH y las demandas por los cambios democráticos, después del año 2000 nació un conjunto de ONG que buscaron consolidar nichos muy especializados en la promoción de los DH. Un emergente tipo de actores colectivos, ubicados en la capital del país, liderados por jóvenes que habían tenido una educación y formación profesional en DH (principalmente abogados).
En este conjunto de nuevas ONG defensoras de DH resaltan aquellas con perfiles más especializados sobre el Estado de derecho y el trabajo de promoción de reformas a la justicia. En este caso hablamos de organizaciones con un perfil de trabajo orientado al litigio estratégico y la promoción del marco normativo de los derechos, como el Instituto de Justicia Procesal Penal (2004), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) (2005), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (2006) e I(dh)eas Litigio Estratégico (2009). Además de estas ONG, activistas con amplia trayectoria en defensa de los DH crearon organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia (2007), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (2011).
Todas estas ONG están ubicadas en la Ciudad de México y tienen en común que orientan su trabajo a la influencia institucional, el seguimiento y la asesoría en la implementación de reformas a la justicia y de atención a la población en el marco de los DH, además de una relación cercana con fundaciones donantes internacionales en materia de democracia, Estado de derecho y DH como la fundación Ford y Usaid, entre otras.
Como ejemplo de lo anterior, ASILEGAL es una ONG que en tan solo cinco años se posicionó en el escenario nacional e internacional dado su claro perfil de experticia en temas de acceso a la justicia y prisión preventiva, además de que realiza proyectos de formación y capacitación en alianza con diferentes estados de la república para la implementación de la reforma a la justicia.6 Otro ejemplo de dicha emergencia es FUNDAR, la cual fue creada por académicos en 1999 y cuyo elemento innovador es “copiar lo que se hacía en los Think Thank del mundo anglosajón”; su objetivo inicial fue permitir el acceso a la información pública, transparentando el ejercicio de gobierno e inscribiéndose en la agenda de rendición de cuentas dentro del discurso de la democratización. Si bien esta ONG no surgió como una organización de DH, hoy en día es uno de los actores con una de las agendas de trabajo más amplia, mayor participación en escenarios nacionales e internacionales, y con una gran capacidad para movilizar recursos económicos con agentes financieros internacionales en el marco de la defensa de los DH.
Las nuevas ONG con especialización técnica se posicionaron de inmediato en la defensa de los DH, y ampliaron las agendas de demanda desde un trabajo técnico y enfocado al análisis de cumplimiento de los estándares del Estado de derecho. Este tipo de actores generaron sofisticadas habilidades de movilización para la defensa de los DH en México, como el litigio estratégico, la implementación y evaluación de políticas públicas y la promoción de marcos legales de interpretación, entre otras. En este camino, además de los recursos económicos, la capacidad de producción de información es eje central y común a todos estos actores que elaboran una cantidad sustancial de informes, índices e indicadores en torno a los problemas que impulsan.
Las ONG del activismo histórico en la Ciudad de México
El primer conjunto de actores que destacan con una orientación contenciosa en la dinámica nacional de defensa de los DH son las ONG vinculadas con el activismo histórico en la Ciudad de México, es decir, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”. Tipificamos estas organizaciones como de activismo histórico porque fueron protagonistas en la movilización en la década de 1990 e implementaron repertorios clásicos en la defensa de los DH, como la producción de informes para la socialización nacional e internacional, la defensa de casos paradigmáticos de violaciones a los DH, la producción de campañas y una política constante de denuncia pública.
A pesar de tener una orientación mucho más vinculada con la denuncia y la demanda frente al Estado, con los cambios en las lógicas gubernamentales estas organizaciones también impulsaron y promovieron políticas institucionales para el respeto de los DH, mediante la participación en procesos como la elaboración de diagnósticos conjuntos, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas y una tensa interlocución de observación y crítica con los gobiernos federales.
Estas organizaciones continuaron con la coordinación nacional de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) como el principal espacio de socialización de un trabajo de defensa de los DH que se proyectaba en todo el país; no obstante, al interior de esta plataforma se generaron tensiones que llevaron, entre otros hechos, a la salida de la CMDPDH. Además de la defensa a nivel nacional con proyectos de educación y socialización, la contención jurídica y la denuncia de violaciones, estas organizaciones mantienen en los ejes de su trabajo la denuncia internacional y la defensa de casos ante organismos como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones del activismo histórico vivieron momentos de cambio en los que debieron especializar sus grupos de trabajo, tanto en las áreas jurídicas como en las estrategias de defensa internacional, ya que la apropiación gubernamental de la agenda de los DH empezó a generar un cuerpo burocrático calificado para el trabajo estatal que exigía mayor experticia en las organizaciones. Las habilidades de movilización de estos actores se vinculan estrechamente con otros actores locales y regionales ya mencionados, como el propio Centro Fray Bartolomé de las Casas y Tlachinollan; sin embargo, la interacción directa con los contextos de violencia delinea agendas diferentes, como veremos a continuación.
ONG de perfil regional y local frente a las violencias
Desde la década de 1990, en estados como Guerrero y Chiapas trabajan organizaciones que se habían formado de manera cercana con proyectos comunitarios. En el caso de Guerrero, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y el Centro de la Montaña Tlachinollan (1993) continuaron su trabajo de intervención y apoyo a las comunidades locales de los municipios más pobres del país. En este contexto adverso y conflictivo, Tlachinollan lideró diferentes demandas, entre las que resaltan las condenas obtenidas contra el Estado en los casos Fernández Ortega (2010) y Rosendo Cantú (2010), demostrando la participación de las Fuerzas Armadas del estado de Guerrero en graves violaciones de los DH de las poblaciones marginadas (Hudlet y González, 2012).
En Chiapas, un gran conjunto de ONG continuaron su trabajo de apoyo a las comunidades indígenas, y fueron especialmente críticas con la reforma constitucional de derechos indígenas de 2001, pues en ella no se respetaron los acuerdos de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (Acuerdos de San Andrés) signados en 1996 en el marco de la negociación durante el conflicto zapatista. Las críticas fueron retomadas en el informe del Relator Especial de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien recomendó impulsar una reforma que incluyera un procedimiento de consulta ampliada a las comunidades indígenas.
A estos actores locales cercanos a proyectos comunitarios, que desde la década de 1990 trabajaban por la defensa de los DH en muchas regiones del país, y a otras organizaciones, como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC, 1993) en Nuevo León, se sumó la creación de organizaciones locales y regionales que reaccionaron frente a diferentes contextos de violencia. Luego de la alternancia, y contrario a las tendencias de los actores hasta aquí analizados, en estados como Tabasco, Chiapas, Guerrero, Coahuila, Puebla y principalmente Chihuahua, aparecieron organizaciones con un perfil local vinculado con la defensa de causas concretas, como el apoyo a los migrantes, la defensa de los derechos de la mujer y contra los feminicidios, así como en favor