En Chihuahua, la movilización de madres y familiares de víctimas de mujeres desaparecidas y asesinadas en el norte del país tuvo diferentes ciclos, en los que se combinaron las protestas callejeras, la documentación, las demandas judiciales, la presión internacional y la creación de ONG (Aikin, 2011; Ravelo, 2004). En 2001, el sacerdote Óscar Enríquez Pérez fundó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización que inició su acción “como respuesta a la creciente violencia de la ciudad y del Estado, contexto de constantes crímenes contra mujeres, ejecuciones, corrupción de las fuerzas de seguridad pública y un clima general de impunidad”, acompañando a víctimas en la defensa jurídica y psicosocial. También en 2001, Marisela Ortiz y Norma Andrade fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa y en 2002 se creó Justicia para Nuestras Hijas. Igualmente, destacan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM), fundado y liderado por Lucha Castro en 2005, donde confluyen diferentes defensoras de derechos de las mujeres y de DH en general, representa legalmente a víctimas y familiares de violencia de género, desaparición forzada, tortura, trata de personas, violencia sexual, familiar, y litiga en el ámbito local e internacional.
Estas prácticas colectivas locales y regionales en medio de la violencia de género, además de darse en un escenario de grandes conflictos entre grupos criminales y de militarización estatal, han llevado a que estas organizaciones hayan sido víctimas de múltiples amenazas y atentados, y varias de ellas cuenten con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del apoyo constante de organizaciones internacionales.
La capacidad que estas organizaciones tuvieron para movilizar marcos y agendas de demandas en torno a las crisis humanitarias que se vivían en los estados de la república (desapariciones forzadas, feminicidios, tortura, migrantes), permitió que paulatinamente la defensa de los DH frente a las políticas de seguridad encontrara prácticas innovadoras en estos actores. En este sentido, a partir de 2009, con la creación de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC), el repertorio de documentación y denuncia de la crisis humanitaria de los desaparecidos empezó a ser retomado en todo el país. Desde dicho año se dio una importante proliferación de actores colectivos que compartían la demanda de la desaparición forzada: en 2011 se crearon colectivos en Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Chihuahua y Baja California, con el objetivo de documentar y exigir la aparición de las víctimas (Villarreal, 2014: 113).
Continuando con el proceso de articulación y ampliación de redes, el Centro Fray Juan de Larios convocó en junio de 2010 a conformar la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familias de desaparecidos del Norte (REDEFADE), siguiendo la estrategia de FUUNDEC. La REDEFADE está conformada con organizaciones de Chihuahua (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Justicia para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos), de Coahuila (Centro de Derechos Humanos “Agustín Churruca Peláez”, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, FUUNDEC) y de Nuevo León (CADHAC). Durante 2010 se efectuaron tres asambleas en Saltillo, Monterrey y Chihuahua para demandar justicia y la presentación con vida de las mujeres y los hombres desaparecidos en la frontera norte de México, y se articuló el trabajo de documentación y registro de los desaparecidos que las organizaciones estaban realizando en sus escenarios locales de acción (López, 2017b).
Una de las mayores dificultades que enfrentan los actores colectivos locales y regionales es la estructura jurídica del diseño federal, el cual hace más difícil la articulación de trabajo, ya que cada estado tiene protocolos diferentes para la atención de casos de desaparición forzada. En este sentido, muchos de los esfuerzos más inmediatos de las organizaciones es demandar la armonización no solo de los protocolos sino también de la tipificación del delito a nivel federal. Organizaciones como el Fray Juan de Larios y FUUNDEC en Coahuila y CADHAC en Nuevo León, han logrado establecer agendas estatales de seguimiento a la crisis de DH con organismos gubernamentales estatales y acompañantes internacionales, impulsando leyes estatales de Desaparecidos Forzados, Mecanismos de Búsquedas, Foros de Desaparición, que empiezan a dar certezas a los activistas y familiares de las víctimas, dentro de la tragedia, pues tienen mecanismos para enfrentar la desaparición de sus familiares.
Conclusiones: la fragmentación de las demandas como límite del campo
Luego de la alternancia electoral en el año 2000 en México, las lógicas gubernamentales se modificaron hacia la apropiación estatal de la agenda de los DH, con lo que se abrieron espacios y oportunidades para la acción de las ONG como actores profesionales, al mismo tiempo que permitieron al gobierno administrar institucionalmente las demandas y el trabajo en derechos humanos.
Como resultado de la interacción estratégica de las ONG con las nuevas lógicas gubernamentales, entre 2000 y 2014 se desarrollaron sofisticadas habilidades de movilización en la defensa de los DH. Estas nos permiten distinguir entre cuatro tipos de actores institucionalizados, los cuales clasificamos en dos subgrupos: a) organizaciones de enfoque institucional: ONG orientadas a las dinámicas institucionales estatales, y ONG especializadas en asuntos técnicos; b) organizaciones de enfoque contencioso: ONG de activismo histórico, ONG de perfil local y regional en reacción a las violencias (cuadro 2).
Los actores con un enfoque institucional se caracterizan por un trabajo cercano de apoyo y reforzamiento de las reformas estatales en el nuevo escenario de apropiación gubernamental de la agenda de los DH, además de estar ubicadas en su mayoría en la capital mexicana. Por una parte, las organizaciones orientadas a las dinámicas estatales forman parte, precisamente, del proceso de cambio electoral que vivió México y se han insertado en el impulso de agendas de DH, leyes, implementación y evaluación de políticas públicas en una amplia agenda que va desde los derechos políticos electorales y los derechos de género, hasta el funcionamiento de programas gubernamentales de combate a la pobreza. Por otra parte, las ONG especializadas en asuntos técnicos son organizaciones que a partir de una alta experticia han movilizado recursos económicos para financiar proyectos de evaluación, diagnóstico e impacto en áreas especiales como el Estado de derecho, manteniendo como agenda el buen funcionamiento institucional.
Los actores con un enfoque contencioso se caracterizan por llevar adelante acciones ligadas a la crítica al gobierno y el acompañamiento de las víctimas, principalmente en muchas regiones del país, apelando a estrategias de denuncia a nivel interno y externo, prácticas que entran en disputa con el propio gobierno respecto de quién moviliza la agenda de DH legítima. Por un lado, las organizaciones del activismo histórico continuaron con las estrategias de denuncia pública, producción de información y defensa de casos paradigmáticos; no obstante, con los cambios gubernamentales también entraron a formar parte de algunas dinámicas institucionales, como la elaboración del diagnóstico nacional de DH, y enfrentaron grandes retos para abordar la crisis de violencia en medio de la guerra contra el narcotráfico. Por otro lado, actores colectivos locales y regionales arraigados en contextos conflictivos y marginales realizan trabajo local de documentación y acompañamiento a las víctimas, educación y formación popular, defensa jurídica de casos a nivel estatal