Decía en el Congreso en 1948:
Orientamos la economía abriendo cauces que permitieran lograr de ella la máxima eficiencia, utilizándola no solamente como un fin, sino también como un medio; el mejor de los medios para la consecución de un fin superior: el bienestar general, propósito eminentemente constitucional, fiel y lealmente interpretado y cumplido por mi gobierno.
Transformarse en el órgano rector de la economía nacional, significaba atribuir al Estado el control de los resortes fundamentales de la economía, dejando al capital privado la tarea de colaborador suyo.[46]
La solución de los problemas económicos sociales debía hacerse con criterio racionalista, esto es, organizar al Estado. Planificar sería el resultado de estructurar las distintas actividades de las que dependía el porvenir de la Nación y encaminar la acción estatal hacia la distribución equitativamente racional y justa de la riqueza, conforme a un gigantesco ordenamiento económico-social.
El gobierno peronista organizó la intervención del Estado en la economía mediante políticas financieras, comerciales, industriales, y otras que le devolvieran la “autoridad” que había perdido.[47] En este terreno, Perón pensaba que era necesario coordinar la libre iniciativa individual y la capacidad organizadora del propio Estado a través del control de los fundamentos de la economía (la regulación monetaria, el sistema bancario, el comercio exterior).
Pero para que el Estado estuviera capacitado para desempeñar el papel que se le asignaba en el proyecto peronista, además de asegurar la capacidad técnica y administrativa de las distintas reparticiones, la ST identificaba otra dificultad: la ausencia de funcionarios competentes para llevar a cabo los programas de gobierno. Por lo tanto se realizaron intentos de fortalecer los recursos humanos disponibles, intentos que chocaron con intereses político-ideológicos.
Su programa consistió en mejorar la competencia de sus agentes a través de la creación de escuelas de funcionarios con ingreso a los cargos a través de concursos. Para ello diseñó la creación de una Escuela Superior de Administración destinada a la formación de los cargos jerárquicos de la administración pública, e internalizar los nuevos valores administrativos.
El Primer Plan Quinquenal presentaba al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establecía:
Es necesario que todos los Departamentos del Estado estén convencidos de la necesidad de modificar y agilizar nuestro sistema administrativo, anquilosado y entorpecido por el sentido casi sagrado de la palabra “expediente”. Si el concepto “tener el expediente al día” –mediante cómodos giros y pases– lo sustituye el concepto “resolución del asunto”, con pleno conocimiento de lo que ello significa, mucho habrá ganado nuestra Administración […] Contribuye a ello el ingreso a la función pública sin base técnica; muchas veces sin vocación, pobre cultura general, y en cualquier categoría. La falta de preparación se convierte en el ejercicio del cargo en exceso de frondosidad y carencia de espíritu de concreción. Sin embargo, debe reconocerse que todas las reparticiones poseen un número mayor o menor de funcionarios modelo.
Deben prepararse los Departamentos para crear escuelas de funcionarios y exigir seria formación para el ingreso a la función pública que ha de perder el concepto de “acomodo” para convertirse en contrato con el Estado con mutuos derechos y obligaciones.
Han de prepararse los sistemas de selección de los funcionarios para ingresar en cualquier rama de la Administración asegurándoseles inamovilidad, ascensos periódicos, facilidad para que los más inteligentes y estudiosos puedan tomar parte en concursos para plazas de mayor categoría dentro del Cuerpo a que pertenecen y realizar así por sus propios medios mejor carrera prestigiando y dignificando la función ante el país y ante la propia conciencia del funcionario.
Se recomendaba estudiar la composición de cada repartición para simplificar los organismos, refundiendo todas aquellas oficinas que pudieran ejercer funciones superpuestas. Agilizar los procedimientos internos con miras a resolver rápidamente las peticiones qué se le plantearan abreviando trámites, ya que éstos deberían realizar los caminos más breves y eficientes. También se pretendía limitar el número de funcionarlos basándose en la función de cada Repartición y la racionalización del trabajo.
Se planteaba también crear cursos de cultura administrativa y conocimientos específicos a cargo de funcionarios de reconocida competencia, asignando premios a los mejores trabajos presentados y estimulando la mayor dedicación y la responsabilidad. Planificar la composición de los cuerpos generales de la Administración mediante el estudio de las condiciones que debían exigirse para el ingreso; programas de materias, títulos o conocimientos prácticos y composición y forma de actuar de los Tribunales Clasificadores.
Se pretendía preparar la estructura de los cuerpos técnicos de cada Departamento, con respecto a cargos que debían desempeñar funcionarios con titulo universitario mediante el ingreso por concurso-oposición; estudios de programas, composición de los Tribunales Clasificadores y sistemas de ascensos.[48]
Pero este objetivo de crear un cuerpo de funcionarios científicos y apolíticos sufrió una desviación hacia el control ideológico que afectó las metas de racionalidad, ya que las oportunidades que el proyecto presentaba para vigilar la acción de los agentes burocráticos facilitó el espacio de politización. Así, el proyecto de la escuela de administración se transformó en 1951 en la Escuela Superior Peronista, cuando Figerola fue reemplazado por Mendé.[49]
También se propusieron mecanismos y herramientas para sistematizar las tareas. La Secretaría confeccionó un Ayudamemoria referente a la orientación política del gobierno que reflejaba la imagen que quería trasmitir a sus agentes. Según Berrotarán, este ayuda memoria informaba, con lenguaje sencillo, sobre la organización del Estado, la conformación de las estructuras ministeriales y sus relaciones mutuas. También se intentó establecer procedimientos uniformes a través de instrucciones para elaborar convenios, normativas para la comunicación entre diversas reparticiones. Eran reglas que se intentaba internalizar entre las distintas categorías de funcionarios.
Los instrumentos de intervención económica
El gobierno militar y el de Perón que lo continuó, tenían una clara conciencia del rol de la industria en la economía nacional y de la necesidad de tomar recaudos que apoyaran su fortalecimiento. Las principales medidas adoptadas en este sentido fueron:
Una política de incentivos a la industria a través de la creación del Banco de Crédito Industrial en 1944, que otorgaba créditos baratos y a largo plazo para la inversión y el desarrollo industrial.
La protección de la industria nacional mediante barreras arancelarias, tema que, por otra parte, venía discutiéndose en el país desde mucho antes;[50] sin embargo, entre 1946 y 1949 el crédito industrial fue el principal estímulo para el crecimiento del sector, en tanto el atraso de los aforos aduaneros incrementó la competencia de las importaciones.
En adelante, la administración de las importaciones a través de permisos previos, cuotas y prohibiciones y la política cambiaria se transformaron en las principales herramientas para incentivar la sustitución de importaciones
La adopción de una política redistributiva de ingresos amplió el mercado interno, incorporando a los trabajadores como consumidores de la producción de bienes durables y semidurables.
La nacionalización de los transportes: ferrocarriles y colectivos, y servicios públicos: teléfonos, gas, y electricidad y la repatriación de la deuda externa, que se terminó de pagar en 1950.
Una reforma financiera estatizó la banca. Se consideraba patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República