Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Francisco Gutiérrez Sanín
Издательство: Bookwire
Серия: Ciencia política, gobierno y relacions internacionales
Жанр произведения: Социология
Год издания: 0
isbn: 9789587844641
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el narcotráfico, a cargo de Ricardo Vargas, y la ciudad, por Carlos Mario Perea. En segundo término, los actores y sus víctimas: los líderes sociales, escrito por Francisco Gutiérrez y María Mónica Parada; las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, por Víctor Barrera, y las disidencias, por Mario Aguilera.

      Al libro lo preside un prólogo del senador Roy Barreras y lo cierra un epílogo del General (r) Óscar Naranjo. En los dos casos se trata de personalidades que cumplieron un papel destacado en las negociaciones de paz: el primero, exnegociador plenipotenciario en las negociaciones con las FARC y el ELN y actual copresidente de la Comisión de Paz del Congreso de la República; el segundo, exvicepresidente de Colombia y exnegociador plenipotenciario del gobierno colombiano en las negociaciones con las FARC.

      El lector tiene entre sus manos un libro colectivo. No obstante, lo cruza una serie de nudos comunes: el homicidio y la violencia; el narcotráfico y las dominaciones territoriales que posibilita; el carácter criminal o político de las nuevas expresiones violentas. En lo que viene en esta presentación, se dará cuenta de estos tres nudos ciegos, mostrando las formas como hacen presencia en los contextos y en los actores expuestos en el libro. Tales nudos están en la trama de las violencias que persisten y, por tanto, en el núcleo de nuestra imposibilidad de alcanzar la paz.

       Primer nudo: homicidio y violencia

      Pese a los notables descensos que haya experimentado el homicidio, su ocurrencia sigue siendo una preocupación. El libro aborda el tema en dos artículos, uno sobre la ciudad y otro acerca del asesinato de líderes.

      En torno a la ciudad, Carlos Mario Perea da cuenta de una gran paradoja: en contravía del sentido común —que asocia el homicidio a la guerra en los campos—, la ciudad produce la mayor cantidad de muertes violentas. No es un acontecimiento propio de tiempos recientes, es un rasgo del conflicto nacional a lo largo de los últimos cuarenta años: entre 1980 y 2018, el 58 % de los homicidios fueron producidos en las calles de las ciudades. Sin embargo, de la ciudad no se habla cuando se aborda el conflicto violento: en un país altamente urbanizado, que hace de sus calles el contexto donde se producen las mayores cifras de homicidios y crímenes contra el patrimonio, la ciudad no hace parte de las preocupaciones de la paz.

      Carlos Mario Perea recalca que la ciudad tiene sus propias violencias, obedientes a dinámicas de buen grado distintas a las del conflicto armado. En la calle, ciertamente, se ponen en juego formas conflictivas de habitar la ciudad, modalidades propias de criminalidad, aparatos armados que controlan espacios y una violencia que cruza los intercambios de la vida diaria. La prueba de la diferenciación entre violencia de la ciudad y violencia del conflicto armado reside en que la ciudad de hoy sigue siendo un prominente escenario de las violencias que persisten.

      Por otra parte, el recrudecido asesinato en los últimos años de líderes sociales, hombres y mujeres, constituye una anomalía, señalan Francisco Gutiérrez y María Mónica Parada: mientras el conjunto de los indicadores de la victimización disminuye de forma sostenida, el asesinato de líderes sube de modo consistente. El fenómeno se verifica en medio de la “paz caliente”, un contexto que propicia al menos tres situaciones: reordenamientos de las estructuras del poder local, lo cual estimula el recurso a la violencia como modo de obstaculizar las demandas de otros actores; el reacomodamiento de los actores violentos, cada uno pugnando por asegurar un control social funcional a sus intereses; y la transformación de los repertorios de violencia, adoptando nuevas modalidades en función de los contextos y los actores que la ejecutan.

      El asesinato de líderes sociales no es nuevo, señalan los autores. Fueron blanco reiterado de la guerra en razón de la asociación de las organizaciones sociales con la amenaza de la izquierda, la tenaza entre terratenientes y paramilitares a fin de sortear los conflictos por la tierra y el respaldo del Estado a las coaliciones contrainsurgentes, tantas veces traducidas en despojo.

      Se trata de todo menos de casos aislados asociados a situaciones familiares —el embeleco de “los líos de faldas”—, como tampoco de la acción de fuerzas oscuras animadas por intereses particulares. En los casos en los que se ha logrado establecer la identidad del perpetrador, más de la mitad de los asesinatos han sido cometidos por grupos sucesores del paramilitarismo.

      Ese rostro le pone motivos a un fenómeno que ya cobra la magnitud de desastre humanitario. Se inserta en la lucha feroz por los territorios dejados “sin dueño” por la reinserción de las FARC, en la proliferación de los diversos sucesores del paramilitarismo y en las violencias contra los actores empeñados en volver realidad las transformaciones que acompañan el proceso de paz.

       Segundo nudo: economías ilícitas y control territorial

      El texto completo, en sus cinco artículos, está atravesado por la realidad de “enclaves” donde actores ilegales disputan al Estado el control territorial. Es una realidad tanto en campos como en ciudades. Carlos Mario Perea muestra la existencia de estructuras que ejercen dominaciones territoriales violentas sobre las periferias y los centros urbanos. Las modalidades de la dominación varían de modo sustancial de una ciudad a otra —el autor habla de tres formas—, pero, en todo caso, armando un orden que garantiza la apropiación de rentas ilícitas y la regulación de la convivencia en las vecindades de las barriadas.

      Ricardo Vargas indica que el principal reto del Estado es recuperar el control de los territorios cocaleros, de unos años hacia acá en expansión: la espiral se inicia en 2013 y remata cinco años después con la astronómica suma de 208.000 hectáreas dedicadas a su siembra. Dicho incremento no está asociado de manera simple a la suspensión de las fumigaciones; se conecta más bien a la expansión global por la que atraviesa el negocio mundial de la cocaína. El intento de control estatal de esos territorios tiene larga historia —lo testimonia la trayectoria de los programas de desarrollo alternativo—, limitados en tanto se prioriza la reducción de cultivos en sí misma sin que medien soluciones de fondo frente a una estructura agraria excluyente y un campesinado empobrecido.

      A propósito del Acuerdo de La Habana, señala Ricardo Vargas, se repite una historia ya probada pero no tenida en cuenta: el tema del narcotráfico vuelve y se construye como una política de resultados de corto plazo —atender por algún tiempo los ingresos de los campesinos—, sin que se generen condiciones de sostenibilidad en las regiones afectadas por el problema. Además, una política de seguridad para esas regiones y sus líderes sociales ha de ser acompañada del afianzamiento de una institucionalidad básica y del fomento de oportunidades reales de inclusión social.

      La pugnacidad por el control territorial en algunas zonas constituye un factor de explicación del asesinato de líderes sociales. Como dicen Francisco Gutiérrez y Mónica Parada, la “paz caliente” reconvierte los actores territoriales sobre sus experiencias bélicas anteriores, pero tras la búsqueda de adaptaciones que les permitan navegar los cambios introducidos por el Acuerdo de Paz y el retiro de la insurgencia armada. Haciendo uso de sus antiguos lazos sociales y políticos, el asesinato de líderes forma parte de una tentativa de regulación y control de la vida de las localidades donde operan.

      Víctor Barrera y Mario Aguilera abordan este mismo nudo, esta vez desde el ángulo de los actuales actores armados. Para Víctor Barrera, las organizaciones sucesoras del paramilitarismo son un fenómeno nuevo, no una mera prolongación del paramilitarismo que terminó tras su negociación con el gobierno de Uribe. De allí el calificativo de “sucesoras”.

      Las organizaciones actuales se prolongan en los territorios donde operaron sus antecesores, en parte del personal que las compone y en la tendencia a moldear órdenes sociales —aunque lo hagan en contextos más restringidos—. Empero, carecen de tres características esenciales que imprimieron su fisonomía al paramilitarismo clásico: la vocación contrainsurgente, los nexos orgánicos con el Estado y los vínculos profundos con las élites regionales. De modo distinto, hoy día enfrentan una recia confrontación con el Estado, derivando en las demandas de mercado como lógica de sus modos de operación.

      Mario Aguilera, por su parte, recuerda que fueron las guerrillas las que primero impulsaron la configuración de órdenes sociales en zonas de retaguardia. Ciertamente, el intento de moldear órdenes sociales es una tendencia de los aparatos armados