El incumplimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos para investigar un ataque contra los Estados Unidos de América se repitió posteriormente en una escala mucho mayor en el caso del 11 de septiembre de 2001 – conocido como el 9/11 – ataques coordinados en puntos de interés simbólicos de EE.UU. como las torres gemelas del World Trade Center (WTC) en Nueva York, en el Bajo Manhattan. Aunque considerados como símbolos del poder estadounidense dominando el horizonte de Nueva York, los edificios del WTC no sólo costaron a la Autoridad Portuaria de Nueva York millones de dólares en mantenimiento, ya que el arrendamiento estaba disminuyendo, sino que además planteaban graves riesgos para la salud derivados de sus vigas de acero tras haber sido rociados con amianto ignífugo décadas antes durante su construcción. Así que después de años de litigio que perdieron en el 2001, la autoridad portuaria se convirtió en responsable de la eliminación del amianto que podría haber costado miles de millones de dólares. Pero, a pesar de esa responsabilidad, Larry Silverstein – un empresario judío, propietario de Silverstein Properties y muy amigo de Benjamín Netanyahu – diseñó la compra del WTC meses antes del 11 de septiembre por unos miserables $115 millones a través de su compañero multimillonario sionista Lewis Eisenberg, Presidente del Comité Nacional Republicano y el jefe de la Autoridad Portuaria de Nueva York.
Silverstein se hizo entonces el hábito de desayunar con su hija cada mañana en el espectacular restaurante, “Windows On The World” del WTC, pero por suerte para él, la mañana del 11 de septiembre de 2001, tuvo una cita con un dermatólogo. Igualmente fortuito para Silverstein, fue el hecho de que ya no sólo se duplicaba la cobertura de seguro de los edificios”, sino que también se había asegurado de que esa cobertura incluyera los actos de terrorismo, de modo que con justicia judaica presentó una demanda judicial contra la compañía de seguros exigiendo el pago doble ya que se habían estrellado dos aviones en las torres gemelas del WTC. Silverstein fue bendecido con una buena fortuna más increíble cuando prácticamente todo el litigio del 9/11 fue canalizado a través del tribunal del juez Alvin Hellerstein, quien como Silverstein y Eisenberg, también era un sionista rabioso con estrechos lazos con Israel. Cabe decir que la reclamación de Silverstein fue reconocida por la Corte y se le pagaron $ 4.550.000.000,00.
Coincidentemente, el hijo del abogado de Hellerstein y su hermana habían emigrado desde EE.UU. hacia ortodoxos asentamientos sionistas en los Territorios Ocupados. Ambos, Hellerstein y su hijo solían trabajar para el conocido bufete de abogados judíos Stroock, Stroock & Lavan LLP, que además de tener una larga historia de representar a los Rothschild y otros altos sionistas, también se asociaron con la Corte Civil, Sociedad de Ayuda Legal, y la Asociación de Abogados de la ciudad para establecer un proyecto en respuesta a miles de pequeñas empresas que fueron dañadas físicamente o perturbadas de otra manera el 9/11.
En un documental transmitido por Public Broadcasting Service (PBS) en el año 2002, “America Rebuilds”, Silverstein admitió la complicidad en la demolición controlada del WTC – 7, un rascacielos de 47 pisos que se derrumbó en 6,5 segundos y por el que recaudó más de 861 millones de dólares de las compañías de seguros. Expertos en demolición han sostenido que la forma de la caída de los edificios WTC sólo podría haber ocurrido con los edificios conectados para la demolición y no hay escasez de información en Internet que muestre la participación de Israel con las huellas dactilares israelíes/judías en todos los ataques del 9/11.
Aparte de Silverstein, unos pocos de los otros actores judíos de la saga del 11/09 era Ronald S. Lauder – un miembro de la junta de directores del comité de privatización de Nueva York – quien promovió la privatización del WTC; Lewis Eisenberg – Presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York – quién autorizó la concesión del complejo WTC a Silverstein; Jules Kroll – propietario de Kroll Associates – que tenía el contrato para ejecutar la seguridad en el WTC; Jerome Hauer – quien dirigía Kroll Associates – y había dirigido la oficina de gestión de emergencias del alcalde Rudy Giuliani desde 1996 hasta 2000; el rabino Dov Zakheim – de System Planning Corporation, que poseía la tecnología para tomar aviones y pilotarlos por control remoto – quien, mientras el contralor del Pentágono desde el 4 de mayo de 2001 al 10 de marzo de 2004 supervisó la desaparición de dos grandes sumas de dinero del Pentágono con unos $2.3 billones fueron reportados como desaparecidos por el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; Michael B. Mukasey – el juez que supervisó el litigio entre Silverstein y las compañías de seguros a raíz del 11 de septiembre – y se aseguró de que Silverstein se adjudicara miles de millones de dólares; Michael Chertoff – un ciudadano israelí – estadounidense – quien fue fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia, antes de convertirse en Director de Seguridad de la Patria; Richard Perle – conocido como el “príncipe de las tinieblas”, quien era el Presidente de la Junta de Política de Defensa del Pentágono en el momento del 11/09 y que había sido expulsado anteriormente en la década de 1970, de la oficina del senador Henry Jackson después de que la NSA lo atrapó pasando documentos clasificados a Israel; Paul Wolfowitz, quien fue subsecretario de Defensa – y miembro de la Junta de Política de Defensa en el Pentágono en el momento de 9/11; Eliot Abrams – un asesor del Consejo de Seguridad Nacional clave a pesar de ser declarado culpable de mentir al congreso en el asunto Irán – Contra Affair, pero posteriormente indultado por el Presidente Bush, quien estaba asociado con los think tanks sionistas/Pro-Israel AEI, PNAC, CSP y JINSA así como Perle, Feith, Wolfowtiz, y Bill Kristol.
Poco antes del 11 de septiembre, más de 140 israelíes fueron detenidos por sospecha de espionaje con muchos de ellos haciéndose pasar por estudiantes de arte. Los sospechosos habían atacado o entrado en bases militares, de la DEA, FBI, Servicio Secreto, ATF, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, el IRS, INS, EPA, el Departamento de Interior, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, varias oficinas de abogados de Estados Unidos, oficinas gubernamentales secretas e incluso las casas privadas no registradas de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley/inteligencia. La mayoría de los sospechosos sirvieron en la inteligencia militar, vigilancia electrónica y/o unidades explosivas de ordenanza. Docenas de israelíes fueron arrestados en quioscos de centros comerciales estadounidenses que venden juguetes, los cuales actuaban como fachada para una operación de espionaje. Unos 60 sospechosos detenidos trabajaban para la empresa israelí Amdocs que proporcionaba la mayoría de llamadas de asistencia de directorio, y casi todos los registros de llamadas y facturas de servicios para EE.UU. en virtud de sus contratos con las 25 mayores compañías telefónicas de EE.UU.
Tras el 11 de septiembre, el alcalde de Nueva York, Rudolph “Rudy” Giuliani inició la retirada inmediata con unos 120 camiones de volteo de 1,5 millones de toneladas de escombros aún humeantes – que contenían piezas de carrocería y las pruebas vitales que fueron destruidas – gran parte del acero destrozado fue tamizado a toda prisa y vendido a un precio de descuento a la firma china Baosteel, evitando una minuciosa investigación en la escena del crimen de un ataque que causó la mayor pérdida de vidas y daños a la propiedad en la historia de Estados Unidos. Giuliani mintió y posteriormente cambió su historia acerca de haber recibido una advertencia sobre el derrumbe de las torres gemelas que no transmitió a los demás.
Otra consecuencia del 9/11 fue el peligro para la salud de miles de personas ya presentes en la escena y la primera respuesta de los servicios de emergencia que fueron devorados por el venenoso esparcimiento de amianto, el benceno, el cadmio, plomo, mercurio y otras partículas, cuyos efectos continuaron hasta causar muertes por cáncer, muchas personas aún están sufriendo, y a pesar de las repetidas afirmaciones de Christine Todd Whitman, administradora de la Agencia de Protección Ambiental, de que el aire era seguro para respirar con el nivel de contaminantes bajo o inexistente: una audaz mentira a la que ella se ha aferrado tenazmente hasta el día de hoy.
La supresión de la verdad