No basta con reconocer derechos fundamentales al hombre, a la mujer, al niño, al adolescente en forma fragmentada, es decir, concibiéndolos como individuos aislados, porque este individualismo los reduce y, con esta reducción, se empobrece el reconocimiento de sus derechos fundamentales. La verdad de la persona humana es que es un ser familiar: hijo, hija, hermano, hermana, padre, madre, cónyuge; una identidad articulada en relación con otras personas.
¿Puede considerarse, entonces, que la familia sea el caldo de cultivo para la generación de ambientes de violencia? Donati (2013) sugiere que, más bien, la familia ha sido atacada por diferentes agentes del entorno, que han dado lugar a la cultura del amor líquido, con lo cual esta termina por convertirse en una nueva víctima invisible de la violencia estructural de nuestra sociedad:
Se toma como punto de partida el hecho de que en tantas familias se dan violencias y abusos sobre las personas para criticar a la familia como tal. Con esto, se comete el error de confundir las responsabilidades de los individuos que actúan bajo la influencia de ciertos procesos societarios (mass media, modelos de consumo, difusión de la droga, etc.) con la validez de la institución familiar como tal. (p. 199)
Es necesario promover la responsabilidad del varón dentro de la sociedad, la responsabilidad familiar y civil antes que la penal, a la vez que reconocer que toda forma de violencia contra la mujer también lo es contra la familia, que debería ser el primer grupo vulnerable en Colombia, y el primer destinatario de políticas públicas que den vida a las leyes vigentes.
LA COMUNIDAD
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) entregó, en 2017, el informe de su trabajo en regiones especialmente afectadas por el conflicto. Su objeto era “diagnosticar las dinámicas del conflicto armado en las regiones e identificar las capacidades y desafíos del posconflicto desde la perspectiva comunitaria e institucional” (FIP, 2016a, p. 13). Este trabajo logró recoger información sobre numerosas experiencias y formas de organización social que han surgido en estas regiones. En el estudio se identificaron más de 140 formas de organización social, entre afrodescendientes, gremios, mujeres, indígenas, jóvenes y víctimas, además de las múltiples iniciativas de paz que han surgido en estas regiones, como consecuencia del impacto de la violencia (FIP, 2016b). Con todo, uno de los resultados negativos que destaca el estudio es “el incumplimiento sistemático de los acuerdos realizados entre el Estado y las comunidades, así como la ausencia de coordinación entre las instituciones de orden nacional de cara a estos acuerdos” (FIP, 2016a, p. 27); es el reclamo recurrente sobre la ausencia del Estado, justamente en las regiones más apartadas y, por tanto, más vulnerables.
¿Qué nos dice este contraste entre la capacidad de iniciativa por parte de las comunidades locales y la evidencia sistemática acerca de la incapacidad “del Estado” de llegar a los lugares más apartados de un país que se caracteriza por su alta complejidad geográfica y cultural?
Por una parte, que aun en las comunidades más apartadas y probablemente con menores índices de educación formal se encuentran capacidades reales de organización social, las cuales no solo reflejan una iniciativa real para la superación de sus dificultades (afán de supervivencia), sino, sobre todo, capacidad reflexiva para aprender de lecciones pasadas, especialmente de las dolorosas. Sin embargo, el llamado de atención por la ausencia del Estado en una nación de tradición altamente centralista nos remite a la pregunta sobre la noción misma de Estado y su real capacidad para atender “las necesidades” de la población, especialmente la más marginada.
En uno de los ensayos encargados a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Javier Giraldo cita al profesor Anthony Honoré para ilustrar una postura según la cual el Estado es ampliamente responsable de la provisión del bienestar de sus ciudadanos:
¿Cuáles son esos deberes? Es más fácil responder si pensamos en el Estado en cuanto comprometido con sus súbditos en una empresa cooperativa de gran magnitud, la cual, en las condiciones modernas, abarca la mayor parte de los aspectos del bienestar. El Estado cuyos deberes estamos intentando dilucidar es el que controla la mayor parte de los recursos de la comunidad y que ha asumido grandes responsabilidades frente a ella. Los deberes de este tipo de Estado frente a sus súbditos pueden ser análogos a los de los padres que se encargan de satisfacer las necesidades básicas de sus familias y ocuparse sobre todo de los hijos. (2014, p. 7)
Pero el Estado es una ficción política y, por tanto, humana: es limitado, vulnerable y falible; de manera que el ideal de delegar a tal ente la responsabilidad por el “bienestar” de la población no puede dejar de ser una aventura con una probabilidad altísima de error, especialmente si consideramos las dificultades de acceso a numerosos rincones del territorio colombiano, por una parte, y lo aparatoso del funcionamiento de la burocracia estatal, por otra, que necesariamente aleja al Estado de las soluciones reales y oportunas a los problemas de las comunidades.
Una figura que resulta ser responsable de múltiples violaciones de los derechos humanos desde el momento en que aparece la idea misma de identidad nacional, no puede menos que suscitar cuestionamientos acerca de quiénes son los verdaderos responsables de dichas acciones. Queda también el interrogante sobre cómo diferenciar entre las acciones de agentes vinculados al Estado que actúan de manera proba y eficaz, de aquellos que solo buscan el interés particular en las cosas públicas.
Contrario al principio de personalización que se enunciaba al comienzo de este documento, el señalamiento permanente de la responsabilidad del Estado nos pone ante un agente omnipresente, pero anónimo, que invade todas las épocas, aunque carece de historia, porque no tiene más conocimiento ni más identidad que los que le confieren las normas abstractas; por esa misma razón, es difícil realizar respecto del Estado un ejercicio de memoria histórica, porque siempre habrá un nuevo sujeto o colectivo responsable de nuevas afectaciones de los derechos humanos. En estas condiciones, no hay un momento de corte, ni antes ni después, para decir ¡basta ya!
Hay una diferencia entre pensar el Estado como un ente abstracto que cuenta con la función legítima de definir modelos de organización social, especialmente en lo que se refiere a aspectos de seguridad, justicia, tributación u ordenamiento del territorio; y convertirlo en el protagonista omnipotente de una sociedad compleja, cuyos desafíos van cambiando con los lugares y los tiempos, a un ritmo al que no logra adaptarse un aparato que se rige por premisas de desconfianza y legalismo.
¿Es realmente responsabilidad del Estado satisfacer las necesidades básicas de la población? En caso contrario, ¿pensar en alternativas a la acción estatal significa exclusivamente apelar al mercado como criterio de distribución de los recursos?
La doctrina social cristiana ha recalcado permanentemente la conveniencia de incorporar el principio de subsidiariedad a la organización de las relaciones sociales. De acuerdo con este principio:
… no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria […] tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. (Pío XI, 1931, p. 79)
Una de las razones para apelar al principio de subsidiariedad es que son las propias comunidades locales las que mejor conocen sus problemáticas y, por tanto, las que tienen la capacidad de generar las soluciones más apropiadas. Adicionalmente, este principio va de la mano del principio de solidaridad, que invita a las comunidades a asumir recíprocamente las necesidades de sus pares. Enfatizar la responsabilidad del Estado en la atención de los asuntos locales significa, en la práctica, marginar a las propias comunidades y minar las bases de