Aún más invisibles y, por tanto, con menor amparo ante la embestida de la crisis son los vendedores ambulantes. La venta ambulante, la recogida de chatarra, la venta de fruta o el top-manta son los recursos económicos de supervivencia para las personas que conforman las bolsas de desempleo estructural que el sistema genera, personas gitanas e inmigrantes en su mayoría. La imposibilidad de llevar a cabo estas actividades económicas de supervivencia está generando mayores dinámicas de exclusión de estos grupos.
En este momento, los servicios sociales se encuentran desbordados, y no sabemos cómo se distribuirá ni si será suficiente para la magnitud del impacto el fondo de inversión extraordinario previsto por el Gobierno para paliar las consecuencias del COVID-19 en los colectivos más vulnerables. La mayoría de las voces que se alzan en defensa de estos colectivos están reclamando garantizar una prestación de renta mínima[6].
Téngase en cuenta que redacto este texto desde Andalucía, una tierra que ha desempeñado el papel de colonia interna del Estado español, pretendidamente desindustrializada a favor del norte del país. Un modelo económico colonial basado en la producción de materia prima agrícola y el monocultivo del turismo que se traduce en desempleo, precariedad y pobreza estructural. Es en este contexto donde las medidas sociales hasta ahora anunciadas por el Gobierno dejan en la cuneta a cientos de miles de personas.
La cola de la bolsa de caridad de la Hermandad de la Macarena da la vuelta a mi calle. Los servicios sociales están siendo incapaces de gestionar la situación y se externaliza a las entidades de carácter social la gestión de los recursos: Cáritas, Cruz Roja, las Hermandades o la Obra social de algunas cajas de ahorro hacen las funciones de la Administración pública. Y en las colas para recoger comida hay gente «normal». Mis vecinos se asustan de ver la cola de la Macarena porque quienes están recurriendo a la beneficencia son semejante a ellos, no son lo que el imaginario colectivo percibe como pobres: inmigrantes y gitanos. Claro, y tan «normal», como que son los camareros de fin de semana y las limpiadoras de las oficinas.
Muchos de estos colectivos están pidiendo al Gobierno una renta mínima que garantice los bienes básicos para sostener la vida durante la cuarentena y mientras duren sus consecuencias económicas. Muchos de los argumentos esgrimidos por los defensores de la renta básica universal se ponen encima de la mesa incluso por gente que nunca antes había hablado de esto. Se trata de garantizar la subsistencia de todas las personas simplemente por el hecho de serlo, sin que su derecho a la vida dependa de ser titular de un contrato de trabajo. Y esto es así porque el sistema no garantiza el pleno empleo; por eso mucha gente no puede acceder a la renta necesaria para vivir, y en tiempos de coronavirus aún serán más las personas que no alcancen a tener un trabajo. Además, son muchos los que trabajan de manera invisible, sin que su labor sea considerada digna de un salario, principalmente toda la gente que cuida a otras personas y las mantiene vivas para que puedan trabajar. La renta básica garantizaría la vida a todo el mundo y distribuiría la riqueza entre todas las personas que la producen, incluidas esas personas invisibles para la economía.
El neoliberalismo es enemigo de la reivindicación de la renta básica, pues necesita que la gente trabaje por miedo a morir de hambre. Si las personas pueden garantizar su subsistencia sin trabajar para los dueños de los medios de producción, estos no podrían pagar salarios miserables, dar de alta la mitad de horas de las que se trabaja u obligar a trabajar horas extras sin remuneración. Con la renta básica el miedo a no morir de hambre ya no sería un chantaje para los trabajadores y trabajadoras.
Estamos en una crisis sanitaria, que es también una crisis de cuidados, donde se evidencia que somos seres vulnerables y enfermizos que necesitamos los cuidados de otras personas para no morir. El número de vidas «sobrantes», es decir, las vidas que no van a poder sostenerse, se dispara, evidenciando que el sistema económico ha fallado, que el capitalismo es lo contrario a la vida y que vamos a necesitar nuevas formas de distribución del reparto del trabajo y las riquezas si queremos que la vida humana continúe.
Los sindicatos de base, colectivos de inmigrantes, entidades gitanas y feministas exigen al Gobierno un «plan de choque social» para paliar las consecuencias de la crisis económica que viene aparejada a la pandemia, unas soluciones que se colocan frontalmente contra el modelo de economía neoliberal imperante. Mientras, en los barrios y pueblos del Estado surgen iniciativas de apoyo mutuo vecinales y cajas de resistencia entre los colectivos más vulnerables. Donde el sostenimiento público del Estado no alcanza, surgen las iniciativas comunitarias para garantizar la supervivencia y arrojar pistas de las nuevas reglas del juego económico que serán necesarias para sostener todas las vidas.
ANEXO
Directorio de luchas y reivindicaciones a los márgenes en tiempo de coronavirus
Trabajadoras domésticas
Camareros/as y repartidores/as a domicilio
[https://kaosenlared.net/en-hosteleria-el-fraude-legalizado-continua/]
[https://twitter.com/ridersxderechos?s=20]
Comunidad gitana
Sindicatos de manteros
[https://twitter.com/sindmanterosM?s=20]
[https://twitter.com/sindicatomanter?s=20]
Trabajadores agrícolas inmigrantes
[https://www.facebook.com/colectivade.trabajadoresmigrantes]
Plan de choque social
[http://www.plandechoquesocial.org/]
Iniciativas vecinales de apoyo mutuo
[1] El título está inspirado en el artículo «Coronavirus desde los márgenes» de Ayomide Zuri, publicado el 13 de marzo de 2020 en la revista digital Afroféminas [https://afrofeminas.com/2020/03/13/coronavirus-desde-los-margenes/].
[2] A fecha de revisión de este texto, la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, en el que se contempla