Giddens señaló en sus textos la necesidad de tener en cuenta el carácter interdependiente de las estructuras —de la misma manera lo presentó luego Bourdieu (2000) como una relación dialéctica—, al ser “medio y resultado de las prácticas que constituyen los sistemas sociales” (Giddens, 1981, p. 27). Al respecto, Sewell (1992) afirma que las estructuras o dispositivos limitan o expanden el acceso a los recursos de la sociedad y, en consecuencia, la posibilidad de agenciarlos mediante un conjunto de prácticas; al tiempo, estas están restringidas por los dispositivos, los cuales determinan las condiciones de posibilidad de su agenciamiento bajo la forma de prácticas, por ejemplo. Los agenciamientos, vistos como conjuntos de prácticas que responden a una lógica particular, están embebidos de las posibilidades que ofrecen las estructuras; de hecho, se presuponen unas a otras, agenciamiento y dispositivos son parte de una misma unidad dialéctica.
Los dispositivos no solo limitan los agenciamientos en términos de regular el acceso a los recursos, sino que a la vez legitiman y determinan los niveles de acceso a estos entre los grupos que componen una sociedad, lo que tiene una relación directa con la noción de clases sociales; en este sentido, las clases privilegiadas dispondrían de mayores y mejores recursos que las menos privilegiadas y, por tanto, de mayor capacidad de agenciamiento. A pesar de esto, en este trabajo no se utilizará el concepto de clase social. En cada sociedad las características, los componentes y las lógicas de los dispositivos con funciones de control o regulación social, cultural, económica, política, etc., actúan a través de distintos mecanismos con lógicas predefinidas que legitiman el acceso a los recursos con que cuenta una sociedad. Es importante no olvidar que estos pueden ser de carácter material o inmaterial; pueden ser incluso derechos, titularidades, reconocimiento social, redes, prestigio o distinción, como planteó Bourdieu (2000).
En efecto, en este orden del discurso, por ejemplo, las pautas culturales vistas como dispositivos de poder, tal como corresponde al poder simbólico, así como los mecanismos que componen la gubernamentalidad, tienen como función regular la apropiación, el acceso, la regulación y la distribución de los recursos disponibles para que los agentes los agencien. En consecuencia, como se ha planteado dialécticamente, los recursos son parte de los dispositivos, así como vehículos para su transformación.
En momentos particulares de conflicto, inflexión o crisis, los dispositivos son forzados, por las dinámicas de revoluciones sociales, movilizaciones y acciones colectivas, a dar paso a transformaciones en la totalidad o en parte de sus componentes, un ejemplo de ello son las llamadas revoluciones científicas (como la de Newton), técnicas, económicas (industrial, posindustrial) y políticas (Revolución francesa) (Kuhn, 1962).
El concepto de agenciamiento, ligado al de capacidades (Nussbaum, 2011), se considera teoréticamente más neutro que otros, como intencionalidad o racionalidad, aunque, por lo mismo, es percibido como un tanto más vago. Sin embargo, para facilitar su comprensión, para esta investigación se ha definido como “la capacidad de un agente para actuar en el mundo”. Por su parte, Barandiaran, Di Paolo y Rohde (2009) lo definieron más específicamente como “la organización autónoma que adaptativamente regula sus asociaciones con el medio ambiente de manera que en consecuencia contribuya a su propio sostenimiento” (Barandiaran, Di Paolo y Rohde, 2009, p. 367). Esta definición es importante porque lleva implícitos y se articula muy bien con dos enfoques: el de territorio, para el análisis a nivel meso, como veremos más adelante, y el de medios de vida, el cual se seleccionó como enfoque y método central para el análisis a nivel micro.
En síntesis, los niveles de acceso, control y distribución de recursos generan, en función del grado de acceso que tengan los individuos o grupos de individuos, las condiciones para poner en marcha conjuntos de prácticas para su agenciamiento, con el fin, por ejemplo, de configurar su sustento, como en el caso de la forma más básica y simple de agencia: la supervivencia.
En el caso de estudio, a nivel micro, las comunidades, dada su condición nominativa de ilegalidad, han debido organizarse, ya sea para resistir, exigir titularidades o, en un caso específico como el del agua, agenciar sus limitados recursos para materializar el acueducto comunitario. Es así como también han autogestionado, o cogestionado —muchas veces a través de redes clientelistas, pero también con la ayuda de la institucionalidad distrital (como la Secretaría de Salud y la Fundación Santa Fe)—, guarderías, transporte, centros educativos, energía eléctrica, telefonía, etc., como veremos en detalle.
La forma integral de gestionar los conflictos es la transformación no solo de las causas objetivas, sino también de las subjetivas, evidenciadas, por ejemplo, en las percepciones de causas subjetivas (pautas culturales, poder simbólico, entre otras) que los actores enfrentados han construido sobre sí mismos y sobre los otros a lo largo del conflicto, y que con el transcurso del tiempo han sido naturalizadas. Por ello, es necesario generar nuevas situaciones de balance en los niveles de apropiación, control, acceso y distribución de recursos, lo que solo es sostenible mediante la trasformación de los dispositivos que regulan su posibilidad de agenciamiento, que por lo regular son el origen de los enfrentamientos, es decir que se debe actuar sobre las causas estructurales del conflicto y no sobre sus efectos.
En este trabajo se privilegia el enfoque y la visión de la función del conflicto como fuerza transformadora de las relaciones sociales. El conflicto puede ser una fuerza destructora o creadora de un nuevo orden social, para cubrir las necesidades de grupos cada vez mayores de población y generar oportunidades nuevas, así como también para estimularnos a crear y generar capacidades e instrumentos que permitan comprenderlos y transformarlos en aras del bienestar colectivo. En la figura 5 se presenta un esquema de Francis que busca sintetizar las vías de transformación en los conflictos.
Figura 5. Transformando conflictos asimétricos
Fuente: Ramsbotham, Woodhouse y Miall (2005, p. 27).
No obstante, como corresponde al caso en cuestión, los dispositivos de poder así como las prácticas culturales no son fácilmente transformables, por estar hondamente instaurados en la sociedad, cuyas raíces se remontan a la historia, la formación de la cultura y sus estructuras sociales: la identidad, el habitus y el poder simbólico, así como sus efectos en la configuración del territorio, visto este como resultado de unas ciertas maneras de apropiar, percibir, gestionar, distribuir y acceder a los recursos presentes en él. Lo que a la postre se traduce en gobierno, instituciones, normas, regulaciones y pautas de orientación de la conducta, que en los conflictos se manifiestan en tres de los principales rasgos de intratabilidad: larga duración, recurrencia y fracaso o elusión de los repetidos intentos de transformación.
Los procesos de cambio social o cultural toman décadas o siglos de reconocimiento y enfrentamiento, para dar curso a cambios cualitativos o cuantitativos en las relaciones sociales que luego puedan ser amparadas y legitimadas por los distintos dispositivos de poder, en particular por los jurídicos, de modo que se resignifiquen las formas de ver, conocer e identificar el mundo (poder simbólico) y se construyan nuevas formas de percibirlo, por medio de la incorporación de las visiones, necesidades e intereses de grupos tradicionalmente segregados, excluidos o marginados.
Tal ha sido el caso de la construcción de nociones teóricas contrahegemónicas, como la autoproducción del hábitat, el derecho a la ciudad, el buen vivir y, en general, los procesos dirigidos a cambiar los patrones inadecuados de asignación de los recursos naturales.
Quizás, como resultado y consecuencia de las permanentes luchas y las protestas por un techo en las grandes ciudades del Sur, o frente a declaratorias de numerosas áreas de conservación sin consulta alguna con los actores involucrados, se han dado cambios generados en las formas de declarar las áreas protegidas, así como en las estrategias para conservarlas y gestionarlas. Lo mismo ha sucedido con las prácticas