También se pueden adoptar diferentes tácticas y estrategias en función del grado de poder de cada actor. En el caso de los mas débiles, pueden participar en mecanismos de policía a través de veedurías, vigilancia y control, o mediante la táctica de la conformación de las JAC, para incidir en la forma como se ponen en marcha los mecanismos de seguridad distrital; también pueden acceder a los espacios institucionalizados de participación y constituirse como beneficiarios de iniciativas o, en otros casos, hacer parte de redes clientelistas y patrimonialistas del sistema político mediante la maximización de los beneficios individuales, la búsqueda o acaparamiento de programas de corte asistencialista o la conformación de “carteles de participación”, para la búsqueda y captura de rentas o para garantizar la conformación de fidelidades y clientelas, entre muchos otros mecanismos (Garay et al., 2008).
Posiciones, intereses y necesidades
Desde la perspectiva de la resolución de conflictos, es de vital importancia distinguir claramente entre las posiciones, intereses y necesidades de las partes, con el fin de identificar vías para su resolución en función de los intereses de los actores involucrados, como puede verse en la figura 4.
Figura 4. Posiciones, intereses y necesidades
Fuente: elaboración propia, con base en Ramsbotham, Woodhouse y Miall (2005).
Los intereses compartidos, desde la perpsectiva de la resolución, son la vía más expedita para solucionar los conflictos, por ser más reconciliables que las posiciones y contener elementos objetivos que pueden acordarse. Las posiciones, por otra parte, son más complejas y pueden estar mediadas por diferentes elementos de carácter subjetivo, como las creencias y los valores o marcos —que aparentemente son objetivos o que, por lo general, se han naturalizado como tales por parte de los actores enfrentados—. Algo similar sucede con las posiciones institucionales, ligadas a mecanismos jurídicos, normas y reglas “que no se pueden negociar” y que en otros casos están teñidas por los deseos y las aspiraciones de los actores enfrentados; todos los casos anteriores requieren de mayores esfuerzos para transformarse.
Las posiciones de los actores, en el caso que nos ocupa, están asociadas a la adhesión incondicional —por ejemplo, por parte de la gubernamentalidad— a discursos hegemónicos, saberes disciplinarios modernos y “el deber ser” en relación con la conservación, el urbanismo y la planeación del desarrollo urbano. Mientras que en el caso de los propietarios de los predios afectados por la declaración de la Reserva, estas posiciones tienen que ver más con su interés y sus expectativas de obtener provecho económico de sus propiedades. Por otra parte, en el caso de las comunidades pobres, sus discursos no están orientados por posiciones o siquiera intereses, sino que están centrados en la subsistencia, en la necesidad de tener un techo en la ciudad y de agenciar sus medios de vida. Es por esta razón que, en este conflicto de larga data, los actores institucionales y los grandes y medianos propietarios, en virtud de su mayor poder y capacidad de resistencia, despliegan estrategias de mediano y largo plazo, mientras que los actores comunitarios ponen en marcha tácticas de corto plazo, como, por ejemplo, maximizar su capital social, agenciar prácticas de supervivencia o articularse con actores mas poderosos, como las redes clientelistas, las iglesias, las fundaciones y las ONG, entre otros.
Las necesidades son claves en los conflictos con rasgos de intratabilidad, y así se han citado por la literatura clásica (Azar, 1985, 1986, 1990, 1991, 2002), pues corresponden al mínimo que cada actor debe obtener. Con necesidades fundamentales, como identidad, seguridad y supervivencia, no se debe, ni se puede, negociar. De hecho, el satisfacerlas debe ser el objetivo del manejo del conflicto, así como también suavizar o transformar las posiciones de los actores a través del diálogo de saberes y, en definitiva, la interculturalidad.
El conflicto solo es resuelto cuando todas las partes satisfacen sus necesidades; cuando esto no sucede de manera simultánea y acordada, los conflictos tienden a la intratabilidad, se tornan de larga duración, se hacen recurrentes y de difícil transformación.
Por otro lado, cuando la parte más vulnerable ignora y pasa por encima de sus propias necesidades (acomodación), presionada por el poder ejercido por parte de los actores más poderosos o por la actuación de dispositivos y estructuras sociales —como resultado, por ejemplo, de las distintas formas de violencia ejercidas consuetudinariamente, habitus, como la violencia cultural o simbólica—, el conflicto tiende a aplazarse o evadirse, pero nunca a resolverse o transformarse. Esta situación ocurre en virtud de la reproducción histórica de las asimetrías de poder, por lo cual la parte más débil tiende a ceder sobre temas que, en principio, no debería ni podría ceder, lo que hace que el conflicto no se transforme, sino que se posponga, se complejice, se aplace o se evada, con graves consecuencias y costos crecientes a futuro.
En los conflictos en los que las partes tienen poderes relativamente simétricos, la contradicción se define en gran medida por la oposición entre los objetivos que cada una persigue. En una relación asimétrica de poder, como corresponde al caso de estudio, la contradicción es definida no solo por los intereses de cada parte, sino por el tipo de relacionamiento que existe entre ellas y por el conflicto de intereses que es inherente a las características de estas relaciones (Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005, pp. 58-222).
El conflicto como motor del cambio social: relaciones entre agenciamiento y estructura
Mientras las escuelas europeas que estudian el conflicto se concentran en la necesidad de transformar las estructuras sociales y las relaciones de poder, las norteamericanas —desde una perspectiva más pragmática e instrumental— plantean la resolución, es decir que a medida que se va desenvolviendo el conflicto es necesario gestionarlo con los instrumentos adecuados para prevenir su potencial destructivo y, principalmente, el desencadenamiento de la violencia.
Bajo el contexto de Guerra Fría en que emergieron las escuelas de estudios de paz, los estudiosos centraron sus esfuerzos en utilizar métodos estadísticos y modelamiento dinámico con el fin de predecir las posibles dinámicas de los conflictos y, sobre todo, calcular su potencial destructivo mediante el uso de distintos tipos de variables. Se construyeron plataformas de información que permitieron contar con estadísticas y modelos matemáticos experimentales y cuasiexperimentales, así como predecir y evaluar tanto la gravedad como la magnitud y resonancias e implicaciones geopolíticas de acciones consideradas amenazantes a lo largo de las dinámicas de desenvolvimiento de los conflictos armados, además de las implicaciones y el cálculo de los costos estimados de su desatención, tanto en vidas como económicos.
El uso de nociones como resolución —por parte de las escuelas norteamericanas, centrada en el uso de técnicas pragmáticas de resolución (Lewicki et al., 2003)— o transformación —por parte de las escuelas europeas, centrada en la transformación de las estructuras sociales para generar cambio sociales (Galtung, 1998)— está claramente determinado por el alcance previsto para las intervenciones.
Por otra parte, el uso y definición del concepto de estructura, así como la noción de agenciamiento —vista por algunos como su opuesto— ha sido fuente de numerosas discusiones y elucubraciones para las ciencias sociales, en particular desde las disciplinas de la antropología, por Levi-Strauss, y de la sociología, por Bourdieu (1977, 2000) y Giddens (1979, 1981), algunos de los autores más conocidos. Sin embargo, es preciso resaltar que sobre el concepto de estructura no existe un completo acuerdo, por lo que es percibido como ambiguo y difícil de definir o explicar; por ello, en este trabajo se prefiere