Al respecto, es preciso hacer referencia a la necesidad de generar la oportunidad para estas comunidades de acceder, hacer uso y apropiarse de las TIC, desde un enfoque diferenciado que sea respetuoso de las tradiciones, costumbres y cosmovisión de estas comunidades, acorde con su lengua y útil para las pretensiones y necesidades de comunicación –tanto al interior como al exterior de la comunidad– que se tengan.
En ese sentido, tal como lo expone Movil (2019), la implementación de este tipo de tecnologías debe hacerse teniendo en cuenta las características propias de cada comunidad indígena, respetando su diversidad cultural y étnica y promoviendo derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión, la educación, el libre desarrollo de la personalidad y la participación.
Así mismo, resulta oportuno destacar la importancia de establecer la opción de una multicanalidad para las comunidades o miembros de ellas que sean reticentes a utilizar este tipo de tecnologías, pues no se trata de forzarles a usarlas, sino de otorgar una herramienta que sea útil para los fines que ellos determinen.
5. LA BRECHA DIGITAL Y LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La ubicación geográfica de una comunidad es uno de los factores que determinan sus posibilidades de acceder a las TIC: particularmente, se ha visto cómo el hecho de habitar en áreas rurales dificulta el acceso, uso y apropiación a estas, debido a aspectos como los costos que implica para los operadores llegar a determinados territorios de difícil acceso, la baja cantidad de personas que demandan el servicio en esas zonas y, en consecuencia, la poca rentabilidad que esto significa para los prestadores del servicio, que se traduce en la reducción del interés de invertir en estos lugares.
Para ejemplificar esta situación, puede verse cómo ciudades principales de Colombia –como Medellín o Bogotá– logran indicadores de penetración y acceso a internet similares a los de países desarrollados, en tanto que departamentos caracterizados por ser mayoritariamente rurales –como Chocó o La Guajira– presentan un gran rezago en este sentido, según expone Constaín (2019b).
Otras cifras que demuestran esta brecha han sido presentadas por el MinTIC, que ha indicado que en Colombia solo una de cada dos personas cuenta con internet fijo o móvil, determinando que el sector rural es el más afectado por la ausencia de la conectividad; estadística que concuerda con la presentada por esta misma entidad que señala que en el país solo cerca de 21,7 millones de personas tienen acceso a internet, por lo que es un reto llegar a los 23,8 millones de habitantes que aún no cuentan con esta herramienta, principalmente por encontrarse en regiones apartadas y/o pertenecer a un estrato socioeconómico bajo (El Nuevo Siglo, 2019; MinTIC, 2019b). Esta situación tiene gran relevancia en el contexto colombiano, si se tiene en cuenta que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2015), únicamente el 0,3% del territorio del país corresponde a áreas urbanas.
Atendiendo a las particularidades de estas poblaciones, es importante la opinión de Atehortúa6, quien indica que las redes móviles inalámbricas no deben verse como un negocio sino como una estrategia de conexión de todos los rincones del país, incluso con accesos gratuitos (Quinceno, 2018).
Adicionalmente, se sugiere tener una visión tecnológica que tenga en cuenta las particularidades geográficas de estos territorios para solucionar estos problemas de conectividad. Al respecto, indica Montes (2019) que, aunque actualmente se ve como respuesta a estas contingencias la instalación de torres, radios y cables, esto puede resultar más costoso en algunas zonas del país, en las que convendría más pensar en soluciones aéreas que lograrían una mayor cobertura y masificación del servicio a menores costos, como ocurre con los satélites.
Por ello, ante las dificultades geográficas, es necesario que se desarrollen políticas públicas con enfoque territorial, que respondan a las necesidades de los habitantes de las áreas rurales y les presten la conectividad que requieren. Además, es vital que se incentive la inversión, punto en el que el Estado tiene un rol fundamental al momento de regular y legislar, siendo este un ejercicio que debe realizar teniendo siempre en cuenta la universalidad que caracteriza al servicio público de las telecomunicaciones y garantizando, además, la calidad, velocidad y precios de la conectividad.
6. LA BRECHA DIGITAL Y LOS GRUPOS ETARIOS
Las nuevas generaciones han nacido dentro del contexto del ecosistema digital y, por ello, a ellas les resulta más sencillo hacer uso de todas las nuevas tecnologías que tienen a su disposición. En el escenario contrario se encuentran las personas mayores, a quienes por la curva de aprendizaje y cambio en las costumbres que implican les cuesta un poco más su uso. En ese sentido, se ha hablado del primer grupo como nativos digitales y del segundo, como inmigrantes digitales.
La curva demográfica realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018b), derivada de los censos poblacionales de 1985, 1993, 2005 y 2018, muestra cómo este grupo de inmigrantes digitales tiende a crecer cada vez más, tanto para hombres como para mujeres. De lo anterior se deriva la importancia de incluir en las políticas públicas a esta población, pues para ellos este entorno representa un ecosistema nuevo y complejo. Pese a que el uso de internet por parte de estas personas ha aumentado, su uso sigue siendo considerablemente bajo en comparación con las personas que tienen entre 15 y 59 años (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).
Debe destacarse que este más que un tema de acceso es de uso y apropiación de las TIC, pues de conformidad con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019), aunque muchas de estas personas mayores viven en hogares que tienen acceso a internet, un gran porcentaje de ellas no utilizan esta herramienta7.
En cuanto a las mujeres en Colombia, se ha visto la relación clara que demuestra la correspondencia directa entre edad y desconexión; así, a manera de ejemplo, se tiene que el 56% de las mujeres de más de 55 años no ha superado ni siquiera la barrera de acceso, ni el 35% de aquellas que están entre los 45 y 54 años.
Por todo esto, es de gran importancia tener en cuenta a esta población creciente al momento de buscar cerrar la brecha digital, pues representan un porcentaje importante de personas que están perdiéndose de los beneficios que podrían representar las TIC en sus vidas.
CONCLUSIÓN
Resulta evidente que la existencia de los factores mencionados contribuye a la creación y aumento de la denominada brecha digital, entendida como la desigualdad en términos de acceso, uso y apropiación8 de las TIC, que se da como consecuencia de su presencia.
Junto a esos factores, existen otras barreras, como el lenguaje (puesto que la mayoría de información disponible en internet se encuentra en inglés, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2001), las dificultades que puede implicar acceder a este tipo de tecnologías para la población que se encuentra en alguna situación de discapacidad, entre otras, que llevan a la ampliación del tamaño de la brecha.
Debe decirse que estos factores suelen ir de la mano, lo cual hace que el impacto en la generación de desigualdad sea mayor. A manera de ejemplo, las áreas rurales más apartadas suelen coincidir con los lugares del país donde se encuentran los índices más altos de pobreza multidimensional, los menores niveles de calidad en la educación y con las zonas donde existen las menores tasas de penetración de internet fijo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2015; Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018c; Portafolio, 2019; Semana, 2019; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2019).
Como respuesta a esta situación, es necesario pensar en una política de inclusión digital que tenga presentes los factores mencionados y, en ese sentido, se genere con un enfoque territorial y diferencial, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de las zonas y poblaciones que pretende incluir, para que cumpla con los objetivos que se propone. La política pública y las medidas que se tomen para lograrlo requerirán estudios periódicos de los proyectos que se llegue a implementar para determinar la eficiencia,