(…) hay en estos [fallos] problemas de carácter político, como todos lo sabemos muy bien, muchas aristas que considerar, e influye mucho la conciencia y la apreciación de los altos funcionarios del Poder Judicial en la calificación de estos asuntos. Por este motivo, nosotros no consideramos que la independencia del Poder Judicial va a quedar a salvo con este proyecto. Por el contrario, creemos que la forma discriminatoria como se hace el mejoramiento ahondará esta situación184.
Los sectores de izquierda apoyaron el reajuste de salarios y los procedimientos para llenar las vacantes en el sistema de justicia, pero como se ha evidenciado, había poca reverencia con el Poder Judicial. Incluso vendrían tiempos aún más conflictivos, que pondrían a prueba al Poder Judicial entre 1961 y 1964.
Durante los primeros meses de 1961 hubo, de nuevo, una intensa movilización sindical y una ola de huelgas en varios sectores (cobre, ferroviarios, salud, la empresa Compañía de Acero del Pacífico [CAP], magisterio, panificadores, carbón, salitre) tras la exigencia de aumentos salariales que compensaran el incremento de la inflación.En algunos casos fueron detenidos los dirigentes sindicales y gremiales por huelgas ilegales, como ocurrió con los maestros y por la huelga en Huachipato (14 de los 19 dirigentes sindicales estuvieron detenidos en la cárcel de Talcahuano y luego dejados en libertad por falta de méritos por orden del juez militar –los cinco restantes saldrían al día siguiente en libertad bajo fianza)185.
Para solucionar el conflicto después de 12 días de huelga, La Nación informaba que entre los acuerdos logrados estaba el desistimiento de las peticiones de desafuero de los dirigentes sindicales presentadas ante los tribunales del Trabajo. La empresa se comprometió a reincorporar a los obreros que habían sido expulsados en la huelga, no así a los obreros que fueron detenidos por los incidentes realizados durante la huelga. Sin embargo, los que hubiesen sido puestos en libertad podrían volver a su trabajo. En cambio, los obreros sometidos a proceso a causa de la huelga quedarían fuera de la empresa186.
A la vez, el gobierno seguía también la modalidad de querellarse contra periodistas que «injuriaran» o «calumniaran» a las autoridades187. En marzo, el intendente de Santiago, Ramón Álvarez Goldsack, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago dos denuncias, una por injurias contra el diario El Siglo y otra por calumnias contra el diario Las Noticias de Última Hora. El Siglo fue denunciado por un artículo que apareció el 7 de marzo de 1961, donde se comentó la forma de actuar de la autoridad en las elecciones parlamentarias. El intendente se querelló por injurias, porque consideró que ese comentario era lesivo contra su persona y el cargo que investía188. Se informó que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Israel Bórquez y Eduardo González comenzaron a instruir (simultáneamente y a la vez en forma separada) sumarios para investigar las querellas presentadas contra El Siglo y Las Noticias de Última Hora. En mayo, por orden del ministro sumariante Israel Bórquez fue detenido el director responsable de El Siglo Mario Cerda Gutiérrez. El ministro lo interrogó y lo notificó de la encargatoria de reo, siendo trasladado a la Cárcel Pública189. Sin embargo, las autoridades desistieron de la querella y el ministro Bórquez sobreseyó a Cerda190.
En otro caso, el periodista Hernán Millas (diario El Clarín) fue detenido e ingresó a la Cárcel Pública luego de haber sido notificado de su sentencia. El ministro de la Corte de Apelaciones Eduardo Ortiz lo condenó a la pena de 100 días de relegación en la localidad de Chanco, por el delito de injurias contra el ministro de Justicia Enrique Ortúzar191.
Las elecciones del Congreso en 1961
En las elecciones parlamentarias de marzo de 1961, los partidos Liberal y Conservador consiguieron menos del 31% de los votos; el Partido Radical 21,4%, los partidos de izquierda el 30% y la Democracia Cristiana un 16% de los votos. El FRAP eligió a 40 diputados y 9 senadores, de los cuales 16 diputados y 4 senadores eran comunistas. Por haber perdido el tercio necesario para sostener los vetos del Ejecutivo, Alessandri invitó a participar en el gobierno al Partido Radical, terminando con el gabinete técnico de «gerentes» y sometiendo sus iniciativas a los criterios necesarios para mantener el apoyo de la nueva mayoría Conservadora-Liberal-Radical. El ingreso de los radicales al gobierno, en agosto de 1961, «significó el retorno de las lógicas político-partidistas a las decisiones públicas y, por tanto, la inevitable salida de los empresarios, los que habían pretendido gobernar sin contar con los partidos políticos»192. Luis Escobar Cerda (PR) asumió como ministro de Economía.
Sin coartar las demandas del movimiento sindical y de los empleados públicos
–clientela importante para los radicales– además de reformar drásticamente el Código del Trabajo, no había manera de sostener el plan de estabilización. A ello se sumaba la expansión del electorado desde 1949 hasta 1958, las crecientes expectativas populares y la progresiva ideologización y polarización política después de la Revolución Cubana de 1959. Como escribiría Pablo Rodríguez Grez en 1972: «[Alessandri] pudo haber realizado una tarea mucho más positiva, pero el sistema, que siempre quiso transformar, le impidió poner en práctica todas sus ideas y concepciones. Los políticos “minaron” sus proyectos (…)»193.
Huelgas, denuncias y desistimientos
Después de las elecciones de 1961, el FRAP y la CUT criticaban duramente las tácticas gubernamentales para rechazar las demandas salariales y otros mejoramientos pedidos por los huelguistas. En su informe al pleno del Comité Central del Partido Comunista, Luis Corvalán insistió en la necesidad de una revolución en Chile, afirmando que el frente sindical era parte de la lucha de masas necesaria, entre otras «formas agudas de lucha, que se puede desarrollar a través de diversos canales»194.
En ese clima agitado, la CUT elaboró un pliego único que unificó las diversas demandas y constituyó un Comando de Defensa de los Reajustes, al que invitó a participar a la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), a la Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH), a la Federación de Empleados Bancarios y a los partidos políticos que concordaran con el pliego195. La CUT, además, convocó a un paro nacional para fines de agosto.
En el Senado se celebró una sesión especial solicitada por los senadores del FRAP para tratar los conflictos sociales en el país, con la participación del ministro del Trabajo196. El senador Salomón Corbalán (PS) denunció: «no hay respuesta para los problemas; sólo se está preparando –tenemos antecedentes para denunciarlo– una ofensiva de violencia y de fuerza por parte del gobierno para detener este proceso de agitación, originado en la insensibilidad del gobierno y en el fracaso de la política de estabilización que se está aplicando»197.
Para la izquierda, la ola de huelgas era una respuesta política contra el plan de estabilización, así como también parte de la «lucha de masas» destinada a reemplazar al régimen vigente. Comentaba el diputado Bernardo Larraín (PCU) que el FRAP intentaba transformar «las huelgas en un arma política, destinada a derrocar el sistema jurídico establecido o imponer artificialmente un clima de violencia e insurrección»198. El senador Corbalán respondió que «es natural que los trabajadores no tienen otro recurso que acudir a sus propias organizaciones y a sus propias fuerzas para poder romper la coraza con que se cubre este falso sistema democrático, que habla de defender sus instituciones y, más que ello, está defendiendo los privilegios de una clase, de una minoría»199. Denunció que «hace una semana, el Cuerpo de Carabineros ha recibido instrucciones de hacer el empadronamiento, manzana por manzana, casa por casa, de todos los militantes socialistas y comunistas del país. ¿Para qué se está haciendo esto? Porque se está preparando la violencia, para poder aplicar y continuar con la política de estabilización»200. El ministro del Trabajo Hugo Gálvez contestó:
Me ha causado profunda sorpresa escuchar al Honorable señor Corbalán que con estos movimientos de huelga se está minando la estructura