En general, se diagnosticaba una insuficiencia de infraestructura informativa sobre el estado de infraestructuras, dotaciones y actividades culturales. También se constataba la necesidad de definir y consolidar un espacio comunicativo valenciano, y si bien en el caso de las bibliotecas se valoraba su desarrollo como adecuado, no sucedía lo mismo con los archivos. En materia museística, en conjunto, la provincia de Valencia aparecía, en relación con su población, menos equipada, manteniendo un nivel medio la provincia de Alicante y un nivel alto la provincia de Castellón, si bien destacaba la alta concentración de museos en Valencia como capital de provincia, contrariamente a las provincias de Alicante y Castellón. En cuanto a los equipamientos, se hacía de nuevo patente la necesidad de una ordenación jurídica que regulara sus funciones, organización y depósito de fondos. Asimismo se proponía la creación de una Red Comarcal de Museos. En cuanto al patrimonio no declarado o incoado, ni todavía sujeto a protección normativa, se le veía como cuantitativamente muy importante pero mal conocido.
Las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado a los ayuntamientos y relacionadas en el Informe, ponían de manifiesto el gran nivel de disparidad existente a nivel municipal en cuanto a información, consideración legal y proyecto de conservación de los elementos de propio patrimonio cultural. Tampoco se había realizado ningún censo de salas y auditorios que pudiera servir de base para la valoración de la oferta. Por otra parte, se constataba que tanto las casas de cultura (de titularidad municipal) como las aulas de cultura (dependientes de la obra social de las cajas de ahorro), presentaban la dificultad del conocimiento exacto de la programación de actividades efectuadas. Se contaba con información respecto a la existencia o inexistencia de casas de cultura acerca de 163 municipios valencianos. En 1991 disponían de este equipamiento 113 municipios (69,3%): 27 en la provincia de Alicante (71,1% respecto al subtotal provincial), 17 en la de Castellón (47,2%) y 69 en la de Valencia (77,5%). Por otro lado, se constataba una falta de coordinación o de relativo aislamiento entre las casas de cultura, al margen de su proximidad geográfica. Esta falta de coordinación dificultaba, según los autores del informe, una optimización de los recursos la infrautilización de los servicios, a la vez que se producía una desconexión y empobrecimiento de la actividad cultural. En el tema de las competencias, la duplicidad de funciones de la Diputación Provincial y de la Conselleria de Cultura se convertía en un factor desfavorable para la racionalización del sistema de recursos de información y financiación. Debe enfatizarse que se trata de unas apreciaciones que hemos podido también constatar en nuestras entrevistas, como se verá en capítulos ulteriores.
Siguiendo con el repaso de las políticas culturales entre 1985 y 1994, y por lo que respecta a la composición del gasto público en cultura, se aprecia que en las comunidades autónomas con políticas culturales más estables y consolidadas, como es el caso del País Valenciano, existe una consolidación y profesionalización de los equipos humanos responsables de la gestión cultural, suponiendo un coste por unidad de gasto cada vez menor. En la evolución del gasto total en cultura, ordenado por funciones, se advierte al comienzo del período una elevada proporción de actuaciones sobre el patrimonio cultural; seguidamente se produce la eclosión de los programas de promoción cultural (básicamente programación propia, transferencias y subvenciones), pues a medida que se han consolidado los equipos humanos se diseñan los grandes proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos culturales, con una mayor cantidad de recursos destinados a museos, teatros o auditorios y equipamientos municipales, para acto seguido acentuar la provisión propia de bienes y servicios culturales. A partir de 1992, por la presión de la recesión se produce una reducción del nivel general de gastos en esas mismas partidas. Por su parte, tanto los servicios centrales como los museos, archivos, bibliotecas y patrimonio han generado ya unas infraestructuras estables que obligan a mantener los niveles de gasto, de forma que la reducción de los gastos en cultura provoca lógicamente el aumento de los costes en personal.4 Respecto al patrimonio cultural, habitualmente la gama posible de objetivos de la intervención pública se sitúa en torno a cuatro aspectos destacados: protección frente a la destrucción, impacto económico sobre el territorio, transformación del territorio (reordenación urbana, integración social, etc.) y generación o reforzamiento de valores simbólicos. Con todo, la realidad es más compleja y habitualmente las intervenciones efectivas se argumentan de manera que recogen más de un objetivo (Rausell y Martínez Tormo, 2005).
Según el estudio de Bonet et al. (1994) sobre el gasto en cultura en las administraciones territoriales, comunidades autónomas, para 1993 destaca que el gasto en pesetas por habitantes en el País Valenciano es sensiblemente inferior al resto de comunidades autónomas (1.814 frente a 2.555). En la composición por funciones la distribución porcentual, en el que destaca el mayor gasto en museos en el País Valenciano respecto al resto de comunidades autónomas (por efecto de la puesta en marcha delIVAM, Institut Valencià d’Art Modern), o en teatro y danza (las artes escénicas como prioridad relevante en la política cultural valenciana). Según los datos de Bonet et al. (1994) referidos a la estimación del gasto consolidado en cultura de las administraciones territoriales del País Valenciano (1993), su distribución aparece cercana a la media estatal: el gobierno autónomo colabora con un porcentaje del 27,3% de los gastos; las diputaciones provinciales con el 12,5%; los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes con un 24,6% y los ayuntamientos de menos de 50.000 con el 35,6% del total, con un total de gasto en cultura de 6.640 pesetas por habitante que están muy cerca de las 6.890 pesetas por habitante de la media estatal. De aquí se deduce el activo papel de los ayuntamientos en las intervenciones sobre cultura, especialmente de los más pequeños (destinaron en 1993 un 5,63% de sus presupuestos a cultura, frente a los 4,97% de los municipios grandes). Por lo tanto, si se toma en consideración sólo el gasto cultural del gobierno autónomo, se constata una limitada proporción del gasto público total en cultura. En el caso de las diputaciones provinciales, según los mismos datos de Bonet et al. (1994) para 1993, aquellas destinan una relativamente elevada proporción de sus gastos a cultura, pues la Diputación de Alicante destina el 7,07%; la de Valencia el 4,22% y la de Castellón el 4,27%.
Por lo que respecta a la intervención de la Generalitat Valenciana en los sectores culturales, teniendo en cuenta que una política propiamente cultural en el caso valenciano aparece en los años ochenta, Rausell (1999) aporta una serie de estimaciones para el período que llega hasta mediados de los años noventa. En el sector de las artes plásticas, y además de la intervención pública en las enseñanzas regladas y las centradas en el patrimonio cultural, las intervenciones de la Generalitat Valenciana se habrían centrado en la difusión y promoción de las artes plásticas, intervenciones centradas, además de en subvenciones menores a museos y colecciones museográficas de arte contemporáneo, en las actuaciones alrededor del IVAM, creado en 1986 e inaugurado en 1989. El IVAM incluía el Centro Julio González y fue obra de los arquitectos Emilio Jiménez y Carlos Salvadores. El nuevo museo pronto se convirtió en el emblema de la modernidad del País Valenciano, sin que ello haya implicado que haya funcionado como un instrumento integral de apoyo a las artes plásticas contemporáneas valencianas. Por lo que respecta a la intervención en el sector de la música la gama de intervenciones es más variada, dirigiéndose fundamentalmente hacia la música en vivo; por ello se creó en 1986 el Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinema i Música (IVAECM), que se centró casi exclusivamente en la producción, promoción, programación y difusión de la música seria. También habría destacado el impulso de una red de infraestructuras alrededor del programa «Música 92», perteneciente al área de música del IVAECM y a la Dirección General de Promoción Cultural. Tampoco debe olvidarse la organización, durante la década de los años 80, de la Trobada de Música del Mediterrani, que dentro del intento conducido por la administración socialista de convertir a Valencia en una de las capitales culturales del Mediterráneo. Por ello se vio acompañada por la Trobada d’Escriptors del Mediterrani o la Mostra de Cinema del Mediterrani, que también fueron puestas en marcha en los años ochenta.
En 1994 desapareció el IVAECM y las acciones de política musical las