Por lo que respecta al asociacionismo y a los movimientos sociales, se ha producido un importante desarrollo, en consonancia con lo que ocurrido en Occidente, aumentando especialmente las asociaciones relacionadas con cuestiones vinculadas con los retos de la sociedad global del riesgo, como por ejemplo las asociaciones medioambientalistas, culturales y de patrimonio cultural, por la igualdad sexual, pacifistas, altermundistas o de cooperación para el desarrollo del Tercer Mundo (Hernàndez y Albert, 2008). Se trata de movimientos muy críticos con las tensiones generadas por el productivismo y el consumismo propios del capitalismo globalizado, que buscan su reorientación desde los presupuestos de una democracia integral de carácter mundial que no excluya las problemáticas de lo local. Entre estas asociaciones destacan las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de conservación del territorio y del patrimonio cultural, las asociaciones de defensa de la identidad valenciana, en sus diversas versiones, o aquellas que, como ocurre, por ejemplo, con Escola Valenciana, poseen una gran capacidad de convocatoria y tienen en su punto de mira la extensión y normalización de la educación en valenciano.
En el último decenio la capital del País Valenciano, Valencia, se ha insertado estratégicamente en una red global de eventos culturales y turísticos, algo muy acorde con la intensificación a gran escala de los procesos de globalización y de conectividad cultural. Hasta el punto de que ciudades menores, como Alicante y Castellón, han intentado el mismo camino, aunque a menor escala. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha convertido en el principal elemento referencial, pues en muy poco tiempo se ha erigido en un marcador de la identidad valenciana al mismo nivel que la Valencia patrimonial y artística, mientras que la propia Ciudad ha devenido un referente iconográfico de la modernidad local. La organización de grandes eventos internacionales, junto a la proliferación de ciudades temáticas, ha supuesto para Valencia su reposicionamiento en el marco de las ciudades que compiten por asignarse la etiqueta de «ciudad global». De este modo, si bien de una manera no del todo planificada, Valencia ha estado experimentando un tránsito efectivo hacia el estatuto de «ciudad glocalizada» mediante un modelo de decidida espectacularización. Todo ello pese al disenso de les élites culturales, intelectuales y académicas o las iniciativas críticas de movimientos sociales ciudadanos (Cucó, 2013).
2.POLÍTICAS CULTURALES Y DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL
Una vez definido el marco social contemporáneo del País Valenciano llega el momento de adentrarse en el mundo de las políticas culturales, que constituyen un elemento esencial de las dinámicas culturales que caracterizan la sociedad valenciana. Pero el acercamiento al estudio de las políticas culturales en el País Valenciano requiere una previa contextualización, referida al papel de aquellas en relación a la evolución de la democratización cultural en España. Y es que, como ha señalado Ariño (2010), en las sociedades del bienestar surgidas tras la Segunda Guerra Mundial se tomó conciencia del carácter minoritario y elitista de la alta cultura con la intención de extender al conjunto de la población el derecho al disfrute de los bienes y servicios culturales. En este contexto, «y con el fin de cimentar la acción política, aparecen las instituciones, las políticas, las estadísticas y las encuestas sobre prácticas culturales» (Ariño, 2010: 123). La orientación de estas políticas es claramente distributiva y tiene como objetivo correlativo garantizar la accesibilidad de determinados bienes al mayor número posible de personas. De este modo, las administraciones públicas tratan de legitimar su acción mediante la ampliación progresiva de los públicos.
La democratización cultural ha inspirado en gran medida la institucionalización de una administración cultural en distintos niveles, como los que trataremos en este libro dedicado al caso valenciano, hasta el punto de que los agentes que se sitúan en el Tercer Sector o el sector privado no pueden dejarse de ver, al hablar de políticas culturales, más que en relación dialéctica con las diversas administraciones culturales (autonómica, provincial y local). En España la puesta en marcha de políticas culturales modernas es inseparable tanto de la creación del Ministerio de Cultura en 1977 como de la recuperación de un régimen de libertades democráticas y la construcción del Estado de las Autonomías, estrechamente ligado a la reivindicación y promoción de las culturas de las diversas comunidades autónomas. En ese sentido, las políticas culturales de la era democrática aparecen nítidamente definidas por el paradigma de las políticas de democratización cultural, que el ministro de Cultura francés André Malraux pusiera en marcha en 1959.
Sin embargo, como destaca Ariño, en España no se ha producido un periodo dilatado de implantación y desarrollo intenso de las políticas de democratización cultural (redistribución), con la consiguiente creación de infraestructuras, equipamientos, cuerpos de expertos, instrumentos de impulso a la participación y programas de dinamización (Ariño, 2010: 126-127). Más bien han predominado unas acciones fragmentarias, tímidas e inmaduras, sin demasiada articulación interna, que además se han visto desbordadas tanto por las específicas políticas de democracia cultural (reconocimiento) generadas en el marco de la consolidación del Estado autonómico como por el desplazamiento hacia la cultura orientada por el desarrollo económico y la espectacularización, como demuestra, en este último extremo, el caso valenciano (Cucó, 2013).
En España es cierto que, entre 1978 y 2009, ha habido un significativo crecimiento en la mayoría de los campos de actividad cultural, hasta el punto de que han llegado a generalizarse prácticas antaño minoritarias. No obstante, para que haya democratización cultural absoluta es imprescindible que exista tanto un incremento del volumen de los practicantes por aumento de la tasa de penetración (participación cultural) como una reducción de las diferencias existentes entre categorías. Así pues, si se entiende el concepto de democratización cultural en su sentido más básico y generalizado de ampliación del volumen de público, es cierto que en España se ha dado una auténtica revolución cultural en las últimas tres décadas, que ha afectado a todas las prácticas culturales, democratizándolas. Pero cuando se realiza un balance más ajustado de dicha democratización se obtiene que no se ha producido una significativa atenuación o desaparición de los sesgos participativos de signo sociodemográfico (de género, edad, nivel educativo u ocupación), e incluso es posible apreciar que en algunos casos dichos sesgos se mantienen o acentúan. Es más, no solo nos encontramos ante políticas de democratización cultural insuficientes,
sino que éstas han sido desbordadas por políticas dispersas de reconocimiento (democracia cultural) de las comunidades autónomas, y todas ellas por las ya referidas políticas de subordinación de la cultura a los enfoques económicos (desarrollo cultural, flujos turísticos, rentabilidad inmediata de los equipamientos culturales) y a los intereses políticos (singularización y espectacularización) (Ariño, 2010: 222).
Un diagnóstico a tener muy en cuenta a la hora de abordar el desarrollo de las políticas culturales valencianas, en la medida en que están muy influidas por el modelo español, hasta el punto de que algún rasgo destacado, como la tendencia a la espectacularización, aparece muy desarrollado en el caso valenciano, como tendremos oportunidad de ver a lo largo del trabajo.
3.DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA (1975-1995)
En el País Valenciano, como en el resto de España, no existía en los inicios del nuevo sistema democrático nada que se pudiera equiparar a una política cultural contemporánea. Como ha señalado Sirera (2008):
En 1975, la situación de la cultura valenciana desde el punto de vista de sus infraestructuras era poco menos que catastrófica: escasas y en precario, como fruto de una desidia sistemática por parte de las autoridades franquistas, tanto de las centrales como de las de ámbito local. Las carencias, pues, eran enormes: faltaban dotaciones tan básicas como bibliotecas o polideportivos. Y no eran menos acentuadas