en menos de treinta años el panorama cultural valenciano se ha visto profundamente alterado por las inversiones que en materia cultural se han venido haciendo (p. 13).
Para Sirera, la política cultural autonómica de los años ochenta (en lo que a dotaciones se refiere) se desarrolló en dos direcciones. La primera, la creación de centros que diesen apoyo, y coordinasen, infraestructuras ya existentes o en curso de realización. La segunda, la construcción de edificios emblemáticos. Posteriormente, el triunfo del PP en las elecciones autonómicas de 1995 (precedido por el obtenido en las municipales de la capital valenciana, 1991), tras algunos meses de indefinición, cuajó en el terreno cultural en una política basada prioritariamente en la potenciación de las grandes infraestructuras y los eventos igualmente grandiosos. Desde 1995, la política cultural conservadora continuó por la senda de las grandes inversiones en infraestructuras culturales, con la pretensión de lograr una gran visibilidad nacional e internacional para el País Valenciano. Según Sirera (2008: 8),
Si para los gobiernos socialistas los objetivos culturales prioritarios fueron la modernización de la Comunidad y la resolución de los principales conflictos que la atenazaban (singularmente, el lingüístico), los del Partido Popular que les han sucedido han desarrollado una política cultural en dos direcciones. Por una parte, tratando de dar satisfacción a las formas más tradicionales de entender y practicar la cultura. Por la otra, reforzando la modernidad antedicha y la proyección internacional de la Comunidad a través de grandes eventos culturales y deportivos, gestionados habitualmente por instituciones, sociedades y fundaciones creadas ad hoc.
Pero, para entender la puesta en marcha de la administración pública cultural valenciana hay que recordar el proceso de institucionalización del propio marco autonómico, que suponía la recuperación y actualización de la Generalitat Valenciana. El primer Consell Preautonòmic del País Valenciano se constituyó en abril de 1978, bajo la presidencia de Josep Lluís Albiñana, que no consiguió sus primeras transferencias hasta los decretos ley de enero y febrero de 1979. Los partidos políticos intentaron ponerse de acuerdo para definir el modelo de nuevo estatuto de autonomía. Tras las elecciones de 1979 el nuevo Consell se vio envuelto en una lucha de intereses entre la mayoría socialista y los consellers de la Unión de Centro Democrático (que provenían de las Diputaciones provinciales). Después de un tiempo de discrepancias se designó a Enrique Monsonís como presidente en funciones de la Generalitat y tras diversas discusiones se puso en marcha el Estatut d’Autonomia, que resultó aprobado en 1982 y oficializó la denominación de Comunitat Valenciana para el territorio valenciano. En 1983 obtuvo la victoria en las elecciones autonómicas el PSPV-PSOE (Partit Socialista del País Valencià), que gobernó entre 1983 y 1995, año en que el Partido Popular venció en las elecciones, cosa que también volvió a suceder en 1999, 2003, 2007 y 2011.
En consecuencia, a la hora de analizar las políticas culturales en el País Valenciano deberemos distinguir un primer período preautonómico entre 1978 y 1982, del que casi no se dispone de información, dada la precariedad institucional del propio ente autonómico; un segundo período, de gobierno socialista con mayoría absoluta, entre 1983 y 1995, y un tercer período correspondiente a una mayoría conservadora con dos subperíodos: entre 1995 y 1999, a raíz de un pacto en el gobierno de la Generalitat Valenciana entre el Partido Popular y Unió Valenciana (partido regionalista conservador); y a partir de 1999, con el gobierno en solitario del Partido Popular y con mayoría absoluta.
Antes de entrar a describir y analizar los datos disponibles respecto a la política cultural en el País Valenciano para los años referidos, justo será sintetizar, para contribuir a una adecuada contextualización, el panorama que sobre la política cultural de los años ochenta y noventa realiza la relevante monografía de Rausell (1999). Según su trabajo, en general el gasto público en cultura de las comunidades autónomas en relación al presupuesto total consolidado entre 1985 y 1994 fue de un 2,39%, siendo las magnitudes más elevadas las de aquellas comunidades autónomas con competencias transferidas de manera más pausada, y no con grandes competencias transferidas, que diluyen el peso de la cultura a favor de la sanidad o la educación, como es el caso del País Valenciano, cuyo promedio de gasto público en cultura para el período referido es del 1,31% del presupuesto.
Se pueden distinguir tres períodos: el primero entre 1985 y 1988, fase de normalización de la transferencia de competencias desde el gobierno central, que en el País Valenciano supone una reducción del peso específico de los gastos culturales por el crecimiento considerable de otras partidas; la segunda fase se da entre 1989 y 1992, y está marcadas por el «síndrome 92». En el País Valenciano tiene lugar el evento Música 92, lo que implica un crecimiento en las partidas destinadas a cultura; en la tercera fase, a partir de 1992, se produce una recesión, al tiempo que se agota el primer impulso para las grandes inversiones en equipamientos y empiezan los ajustes presupuestarios que afectan especialmente a las partidas culturales. Tomando todo el período 1985-1994 se aprecia como en el País Valenciano el gasto en cultura (situado entre los 5.000 y los 11.000 millones de pesetas constantes de 1994), se va elevando lentamente a partir de 1987, alcanzando una meseta entre 1991 y 1992, para descender también suavemente a partir de 1993. Como señala Rausell (1999), en este período es posible detectar dos cuestiones relevantes: por una parte la escasa importancia presupuestaria de los gastos en cultura, con unos políticos encargados de la gestión cultural que no son los más relevantes en sus respectivos partidos y que gozan de cierta autonomía en sus políticas, menos dependientes de las líneas programáticas de los partidos; por otra parte la importante función simbólica de la política cultural, especialmente en los «momentos conmemorativos», lo que implica que su importancia para la imagen colectiva del gobierno es mayor de lo que refleja su importancia presupuestaria:
Así tenemos unos políticos culturales que controlan poca cantidad del presupuesto y que proviene de los sectores menos relevantes de los aparatos de los partidos, pero que en momentos concretos son los «constructores» de la imagen colectiva del gobierno y por extensión del partido gobernante (p. 357).
Asimismo se evidencia la elevada dependencia entre el gasto en cultura y el ciclo económico, lo que demuestra la «excepcionalidad» de los gastos en cultura, que no generan corrientes de gastos (ni estructuras o instituciones) estables y permanentes: se trata de políticas puntuales, no normalizadas y muy prescindibles cuando existen restricciones presupuestarias. Es el caso de la situación producida por el impacto de la crisis económica desatada en 2008, que ha provocado sucesivos y drásticos recortes en todos los sectores de las administraciones públicas, siendo aquellos especialmente drásticos en los presupuestos de cultura, como se ha evidenciado especialmente a partir de 2010.
En 1990 el Consell Valencià de Cultura (CVC) encargó un estudio sociológico sobre el estado de los sistemas culturales básicos del País Valenciano, que se entregó en 1991. Se trata de un estudio muy valioso, pues nos proporciona una radiografía de las infraestructuras culturales valencianas de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.3 Del trabajo realizado se desprenden una serie de conclusiones de alcance general, referentes al ámbito de la infraestructura de información, a su relación con el entorno social y a las necesidades de planificación para la política cultural en las áreas consideradas. El estado de los equipamientos culturales del País Valenciano en 1991 se caracteriza, desde el ángulo de la oferta, por un proceso de cambio en el sentido de la democratización y modernización de la cultura, dentro del contexto de las transformaciones de distinto orden operadas en el último cuarto de siglo, y en el marco concreto de las nuevas instituciones políticas. No cabía duda, para los autores del informe, de que este proceso había partido de unos niveles de oferta altamente deficitarios o inadecuados a las necesidades y expectativas sociales vinculadas a dicho proceso de cambio.
El proceso de democratización cultural se manifestaba de manera muy profunda en los nuevos ámbitos de producción y de cobertura de los medios de comunicación (autonómica, comarcal, municipal), en el desarrollo cultural a través de la vertebración de la vida asociativa, en la nueva consideración de que han de ser objeto formas de expresión propias como las manifestaciones populares y el folklore, en la exigencia de replanteamientos en otras áreas de conservación