En este sentido, había un grupo de individuos que desde 1856 empezaron a denominarse a sí mismos como «partido liberal». Este grupo tenía como centro el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, y entre ellos destacaban algunos líderes como Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui, Javier Luna Pizarro y los hermanos José y Pedro Gálvez.22 Este partido liberal había sido el principal promotor de la redacción de la Constitución de 1856, tras el triunfo de la Revolución Liberal de 1854-1855.23 Esta era una Constitución bastante avanzada en la que se incluía por primera vez, entre otras cuestiones, un sistema de elecciones directas, la abolición de la esclavitud, o el derecho de asociación. Desde entonces, este texto constitucional sería considerado la bandera emblema de los liberales; por tanto, para ellos suponía un deber «sostener esa sagrada y gloriosa enseña; congregándose en su torno para salvarla de las asechanzas y manejos egoístas y villanos de la turba conservadora».24 Sin embargo, los partidarios de esta constitución se encontraron, desde julio de 1859, con un grupo político que ejercía una fuerte oposición, y que reclamaba la necesidad de reformar la Constitución. Estos eran los conservadores, que se aglutinaban en torno al Convictorio San Carlos y, especialmente, en torno a la figura de su principal ideólogo: Bartolomé Herrera. Tal como se vio en el capítulo 1, en la década de 1860 el presidente de la república Ramón Castilla, ante la amenaza liberal de menoscabar las atribuciones presidenciales, fue virando desde el liberalismo hacia el conservadurismo.
En diciembre de 1859 se celebraron elecciones para conformar un nuevo Congreso Constituyente encargado de reformar el texto constitucional. En este contexto, los liberales eran partidarios de mantener en esencia el texto de 1856, mientras que los conservadores opinaban que la Constitución de 1856 solo había conducido al desastre y, por tanto, era necesaria su modificación para darle una mayor moderación.
Los días previos a la conformación de dicho Congreso fueron una vorágine para la opinión pública, que se preguntaba qué individuos lo compondrían, quién sería su presidente y, sobre todo, qué decisión se tomaría con respecto a la Constitución de 1856: «de su solución dependen la vida o la muerte de la Constitución y con ella el porvenir político del Perú». Los liberales contaban con el apoyo intelectual de periodistas y escritores que, a través de la publicación de sus escritos, defendían el mantenimiento de la Constitución de 1856 y cuestionaban la legitimidad del Congreso Constituyente de 1860: «vamos a cerciorarnos si hay verdadera representación nacional, o un cónclave compuesto de obispos, generales, empleados del ejecutivo [...]». Además, denunciaban la forma en la que los representantes que habían resultado electos querían «trucidar la Constitución, con apariencias de legalidad, y sustituirla con otra, fabricada en algún taller teocrático, o en el pomposo gabinete de algún secretario del feudalismo».25 Así, este grupo aseguraba que su objetivo era «defender la Constitución de 1856 de las clandestinas y pérfidas maquinaciones de sus enemigos en la reunión que con el nombre de Congreso va a desempeñar de hecho funciones legislativas». Además, se preguntaban «¿con cuál título, con qué derecho osarán los legisladores de 1860 poner la mano sobre la Constitución de 1856?».26
Por su parte, los conservadores contestaban a esta pregunta tan solo un día después: «con el título que les ha conferido el pueblo, con los derechos que él les ha transmitido».27 Así, acusaban a los defensores de la Constitución de 1856 de no hacer otra cosa que insultar y calumniar a los representantes de 1860. Además, desde su posición aseguraban que la Constitución de 1856 era un texto «que limitado a consagrar utopías y a llenar miras esencialmente anárquicas, no tuvo en cuenta por nada la sociedad, entregándola por tanto al pernicioso absolutismo del ocaso». En este sentido, desde su punto de vista se abría un objetivo fundamental para el Congreso de 1860 con respecto a la sociedad peruana: «sustraerla de este yugo y encaminarla hacia el perfeccionamiento que la está reservando».28
Finalmente, el Congreso Constituyente, reunido en una sola cámara con el objetivo de reformar la Constitución de 1856 y darle un tono más conservador, comenzó sus sesiones el día 28 de julio de 1860 –fecha conmemorativa de la independencia peruana–. Este congreso estuvo presidido por el obispo de Arequipa, Bartolomé Herrera, a pesar de que durante los días previos se habían vertido en la prensa muchas opiniones contrarias a que un obispo participase en el Parlamento.29
Con respecto a las profesiones que ejercían estos representantes, al igual que sucedía con sus homólogas ecuatorianas, en la Asamblea Constituyente peruana también encontramos una mayoría de individuos dedicados a la jurisprudencia, como Antonio Arenas, Manuel Rafael Belaúnde, Pedro José Calderón, Evaristo Gómez Sánchez, Juan de los Heros, Mariano Loli, Juan Oviedo o José Joaquín Suero. Además, aparecían algunos escritores, periodistas y profesores de universidad –José Antonio de Lavalle, Pedro Alejandrino del Solar o José Silva Santisteban–, algunos pocos militares –Francisco Alvarado Ortiz o Nemesio Orbegoso–, e incluso el médico personal de Ramón Castilla, Julián Sandoval.
Por otro lado, en lo que respecta a la composición ideológica de esta asamblea, encontramos una mayor variedad que en las mencionadas Convenciones ecuatorianas. Evidentemente resultaba ser una asamblea de corte conservador, pues su objetivo fundamental era reformar la más avanzada Constitución de 1856. No en vano se hallaba presidida por Bartolomé Herrera, el principal ideólogo del conservadurismo peruano, y promotor por excelencia del proyecto constitucional que saldría de este Parlamento: la Constitución de 1860.
Sin embargo, junto a la mayoría parlamentaria de tendencia conservadora, aparecían algunos individuos liberales –los cuales representarían apenas un 10 % del Congreso–30 que frecuentemente alzaron la voz contra ciertos discursos esgrimidos en el Parlamento. En esta línea, debemos señalar muy especialmente el caso de José Silva Santisteban, uno de los representantes más polémicos de la década de 1860, así como uno de los que tomaron la palabra en la asamblea en más ocasiones. Junto a otros intelectuales de corte liberal defendió, por ejemplo, la instalación de un sistema de elecciones directas, tal y como se había legislado en 1856.
No obstante, habría que esperar a la asamblea constituyente que se instaló en 1867 para ver un mayor protagonismo de los políticos peruanos liberales. Así, esta asamblea era ideológicamente similar a la Convención Nacional de 1855, de la cual había surgido la Constitución de 1856. Por su parte, el objetivo de la Constituyente de 1867 era la elaboración de un nuevo texto constitucional, que terminaría siendo también muy parecido al de 1856. Ambas constituciones, por ejemplo, establecían un sistema de sufragio directo. Además, en este periodo se presentaron proyectos como la desamortización de los bienes eclesiásticos o la libertad de cultos –sostenida, entre otros, por el diputado Fernando Casós–, elementos que provocaron un gran rechazo en la mayoría de la población, profundamente católica.31
Tras las juntas preparatorias, la asamblea constituyente comenzó sus sesiones el día 15 de febrero de 1867, presidida en primer lugar por Antonio Salinas, y posteriormente por José María Químper, al que algunos acusaron